REGLAMENTOS

RLCAP Real Decreto 1098/2001, de 12 deoctubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

RLCSP Real Decreto 817/2009, de 8 demayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

PROYECTOS NORMATIVOS 
INFORMACIÓN PÚBLICA


1.-Modificación deRLCAP Real Decreto 1098/2001, de 12 deoctubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Se ha sometido a trámite de audiencia pública el Proyecto de Real Decreto por el que se modificarán diversos artículos del RLCAP, concretamente introduce modificaciones en la regulación de la clasificación de las empresas, así como en la acreditación tanto de la solvencia económica y financiera como de la solvencia técnica o profesional exigible para contratar con las Administraciones Públicas.

Debería acometerse una actualización completa de éste REGLAMENTO, incorporando al mismo la reglamentación contenida en el Real Decreto 817/2009, de 8 demayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  y aprovechar ya para cambiar su denominación  por la de REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, pero la tradicional desidia de la DG de Patrimonio del Estado no está por la labor. Ello demuestra la escasa importancia que el Ministerio de Hacienda otorga a la normativa contractual, ámbito en el que, en los últimos treinta años, se ha desatado la mayor ola de corrupción, corrupción que no cesa a lo largo y ancho del territorio nacional, alentada sobremanera por la supresión de controles, v.g, contratos menores, en el ámbito contractual al reducir el control a una mera "fiscalización limitada previa". 


2.-Reglamentación de los procedimIentos de revisión en materia contractual.

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL.

La Ley34/2010, de 5 de agosto, como consecuencia de la necesidad de incorporar a nuestra legislación el contenido de las Directivas de recursos en la redacción dada por la Directiva 2007/66/CE delConsejo y el Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2007, introdujo modificaciones en la Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en la 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de adjudicación en los sectores del agua, la energía, los trasportes, y los servicios postales. Entre ellas tiene especial relevancia la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales así como la posibilidad reconocida a las comunidades autónomas de crear órganos análogos, a todos los cuales se atribuye la competencia para conocer y resolver en su ámbito respectivo los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad que ambas Leyes regulan.