CONTRATACION PUBLICA: ILEGALIDADES COTIDIANAS: LCSP2017: RESPONSABLE DEL CONTRATO


Las ilegalidades cotidianas de la contratación pública

El informe de fiscalización a la contratación del sector público estatal de 2012 realizado por el Tribunal de Cuentas y publicado en el BOE recoge -una vez mas- una larga lista de incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de todos los ministerios y otras entidades públicas. La mayoría tiene que ver con la falta de información y justificación de las decisiones tomadas, lo que frena la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas.

De los 40.730 contratos adjudicados por el Estado en 2012, el Tribunal de Cuentas recibió, para su fiscalización, 1.383 expedientes. Se trata de aquellos contratos que superen ciertos umbrales: más de 600.00 euros en obras y concesiones, más de 450.000 en suministros y más de 150.000 en servicios. Pese a que los contratos mas altos tienen unas obligaciones de transparencia, concurrencia e igualdad mayores, las irregularidades detectadas son masivas. Ni uno de los ministerios analizados sale limpio del análisis. Pero el Tribunal de Cuentas no ha analizado los 1.383 expedientes remitidos, solo 377 de ellos, un 27,3%, elegidos según diversos criterios, como la cuantía, el procedimiento y otros valores mucho menos definidos, como “el especial interés”.
Contratación Sector Público Estatal Año 2012
Estas son algunas de las ilegalidades detectadas por el Tribunal de Cuentas:
·                  Falta de justificación del uso del procedimiento negociado, ya que en muchos casos no queda claro por qué se opta por este sistema y no por el concurso abierto que, según la propia ley, debe ser el método ordinario de adjudicación. En la mayoría de casos, continúa el informe, no se “negocia” con los empresarios participantes, simplemente se evalúan sus ofertas, lo que hace que este procedimiento pierda su sentido. Además, en ocasiones se usa simplemente para darle una pátina legal a un acuerdo con un empresario: “En …

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.


El responsable de contrato