RENFE: CONTRATISTA EN CALIFORNIA: ILEGAL: VULNERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL "INTERÉS GENERAL": ...PREVARICACIÓN? ... MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS?: AENA

Renfe maniobra para arrebatar a DB el AVE de California

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, un ministro tóxico en materia contractual de las empresas públicas, quiere internacionalizarlas a toda costa (Ineco, Adif, Renfe, Aena) aunque sus leyes de creación no lo contemplen al establecer su “objeto social”: el "ministro CONTRATISTA" arroja a la ILEGALIDAD a los “consejos de administración” de estas “empresas públicas”. La "internalización de las empresas públicas" es ILEGAL porque vulnera el principio constitucional del "Interés General(Art. 103. 1 Constitución Española) ¿En qué artículo y de qué LEY, NO de sus Estatutos,  se confiere a las “empresas públicas” el carácter de "CONTRATISTAS PÚBLICOS"? ... Es ILEGAL que pujen por obras internacionales al vulnerar con ello el fin público para el que fueron creadas. ¡Están malversando fondos públicos! ¿Qué dice de éste asunto el Consejo de Estado? Señor Ministro, pregúnteselo y, por favor, trasládenos su respuesta.
Deutsche Bahn (DB), el gigante público alemán del ferrocarril, superó a Renfe en el concurso para ser el socio estratégico de California para la alta velocidad. Es lo que se desprende de los documentos publicados por la autoridad local estadounidense. Renfe no está de acuerdo con ese resultado y, por eso, ha presentado un escrito que ha paralizado la adjudicación hasta dentro de un mes. “Se han pedido aclaraciones”, reconocen fuentes próximas al proceso. A pesar de que el consorcio de Renfe se impuso a sus cuatro rivales en la suma de la parte técnica y económica del concurso, el contrato, provisionalmente, acabó en manos de DB. “Al final se llevaron el contrato por 35 puntos de ventaja sobre los 1.000 posibles”, se lamentan en el operador público español. 


¿Qué LEY autoriza a Renfe y Adif a presentarse como licitadores para ser contratistas de obras? 

La razón de esta inesperada derrota está en la baja puntuación de la presentación de la oferta, lo más subjetivo del concurso. “Es posible que hayamos fallado en la puesta en escena”, reconocen desde el consorcio español en el que Renfe y Adif suman el 85% y el resto lo tiene Globalvía

Fuentes próximas a la oferta española aseguran que aún no se ha dado la batalla por perdida. El resultado cayó como un jarro de agua fría en la sede de Renfe, que reaccionó con un escrito de queja a las autoridades de California. El consejo de administración de la High-Speed Rail Authority tenía previsto anunciar la adjudicación a DB el pasado 19 de octubre, pero el máximo órgano de gestión ha suspendido la decisión un mes hasta aclarar las alegaciones de la española. 

Según los documentos oficiales, de una puntuación máxima de 1.000 puntos Renfe consiguió 775 frente a los 815 de los alemanes. Por detrás se situó la alianza italobritánica de First Group y Trenitalia, con 545 puntos, mientras que la alianza china se situó en último lugar, con 471 puntos. 


No se pueden hacer "negocios privados" utilizando las "empresas públicas": las "empresas públicas" no se crean para que los gestores públicos las utilicen como una herramienta para hacer "negocios privados", colocando en ellos a toda su parentela, genética y política,-red clientelar endogámica-, puro nepotismo: ... Si quieren hacer "negocios privados" que creen sus propias "empresas privadas" y arriesguen sus patrimonios, no los "impuestos" de los contribuyentes, una estafa a todos los ciudadanos. Día llegará en que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tenga que responder ante la Justicia por los daños causados a los contribuyentes españoles a causa de la ILEGAL internacionalización de las "empresas públicas".
Sin tener en cuenta la presentación (incluía un apartado de preguntas y respuestas), la oferta de Renfe fue la mejor. En concreto, la agrupación española obtuvo 478 puntos en su propuesta técnica y otros 82 en la económica. En total, consiguió 561,3 puntos. Deutsche Bahn obtuvo en estos dos apartados 510,7 puntos, 50 puntos menos que la española.


¿En qué artículo de estas leyes se les confiere el carácter de "CONTRATISTAS PÚBLICOS"? ... eILEGAL que pujen por obras internacionales vulnerando el fin público para el que fueron creadas. ¡Están malversando fondos públicos ! ... que se lo pregunten al Consejo de Estado.

En la compañía pública española perviven las secuelas de la derrota. “Es simplista vincular la mala puntuación en la fase de presentación a un problema con el idioma”, indican. La defensa del proyecto español estuvo a cargo de Rodrigo Hilario e Ignacio Barrón, dos directivos vinculados al área de Planificación y Estrategia de Renfe. Contaron con asesoramiento de ATKearney. Su presentación fue valorada con 90 puntos sobre 175 posibles. DB se distanció lo suficiente en este apartado al conseguir 150, lo que decantó el concurso a su favor. 


¿Cuántos millones de euros ha costado la presentación por Renfe y Adif del proyecto del AVE de California al poder adjudicador CHSRA? Al ser ILEGAL la presentación como licitadores de Renfe y Adif, ese importe es una MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS, malversación que la Fiscalía debeía investigar...Y, encima, para rematar la ILEGALIDAD, se presentan alegaciones a la CHSRA ....
¿Qué LEY autoriza a Renfe y Adif a presentarse como licitadores para ser contratistas de obras?
“A diferencia de España, es verdad que en los concursos en EEUU tienen un peso relevante las capacidades personales  ...

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SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS (OBJETO SOCIAL)
Y
 EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles PÚBLICAS se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado (OBJETO SOCIAL) sirviendo con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso sería una dura y pura prevaricación administrativa.
“Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
“Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)