CANAL ISÁBEL II: ROBO 25 MILLONES EUROS: FISCAL: RUIZ-GALLARDÓN: SERÁ IMPUTADO POR FRAUDE

Anticorrupción pedirá imputar a Gallardón por el fraude del Canal




La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón los delitos de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, prevaricación y falsedad documental. El Ministerio Público enmarca la conducta supuestamente delictiva del también ex ministro en la adquisición por 83 millones de euros públicos de la sociedad Inassa en el año 2001. Una operación mediante la que Gallardón puso en marcha la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica y en la que Anticorrupción advierte que medió un sobreprecio superior a 25 millones de euros. La Fiscalía considera en estos momentos responsables desde el punto de vista penal junto a Ruiz-Gallardón al ex consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo y al ex director financiero de la empresa de aguas madrileña, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos.

sociedades mercantiles estatales se crean, en función del “interés general(Art. 103.1 Constitución),  para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado, en su ámbito territorial, no para competir en el mercado con las empresas privadas como “contratista” (TRLCSP)ni para internacionalizar su objeto social.

La Fiscalía tiene previsto solicitar en un mes la citación de todos ellos en calidad de investigados para que expliquen la controvertida adquisición ante el juez Manuel García Castellón, que instruye el bautizado como caso Lezo, que mantiene en prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. 

La Fiscalía ha encargado durante los últimos meses a la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado que cuantifique al céntimo el sobrecoste abonado por la Comunidad de Madrid a cambio de Inassa, que era propiedad originariamente de Aguas de Barcelona. En este sentido, su intención pasa por pedir las citaciones de Ruiz-Gallardón y su equipo cuando concluyan los cálculos de los interventores. 
Hasta el momento ni Ruiz-Gallardón ni ningún miembro de su equipo se han puesto en contacto con el Ministerio Público ni con la Audiencia Nacional para explicar esta adquisición. No obstante, en Anticorrupción se ha adoptado ya la decisión de que en el caso de que se produjera dicho contacto antes de que finalicen las pesquisas de los interventores, que se encuentran ya muy avanzadas, se cursarían de inmediato las citaciones a los implicados en calidad de investigados. 



SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS (OBJETO SOCIAL)
Y
 EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles PÚBLICAS se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado (OBJETO SOCIAL) sirviendo con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso sería una dura y pura prevaricación administrativa.
“Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
“Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)


«Se robaron 25 millones del Canal en la época de Gallardón»

El ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica incriminó a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad entre 1995 y 2003, en el «robo o pelotazo» de «más de 25 millones de euros» públicos en la expansión internacional de la empresa.

El ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica confesó al juez que instruye la denominada Operación Lezo «un robo de más de 25 millones de euros siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón». Edmundo Rodríguez Sobrino relató al magistrado en su declaración del pasado mes de abril, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, que dicho «robo o pelotazo como se decía antes» se enmarcó en la adquisición por parte de la Comunidad de Madrid de la empresa Inassa por 83 millones de euros para iniciar la expansión de la empresa de aguas madrileña en América. 

Una operación que tuvo lugar en 2001, que fue analizada por él mismo por orden del gobierno madrileño y en la que asegura que descubrió el desfalco. «Lo que sé es que ocurrió el hecho», enfatizó durante su comparecencia al tiempo que señaló directamente al ex ministro de Justicia popular, cuya citación como imputado en la causa está siendo valorada en estos momentos por Anticorrupción. 

Según Rodríguez Sobrino, que ha decidido colaborar con la Justicia, dicha entidad no valía «más de diez millones de euros» y a su juicio se distrajo una importante cantidad al abonarse un considerable sobreprecio por ella. «Si no me estuviera grabando, mi opinión sobre este asunto sería mucho más personal todavía», indicó al juez. 

«¿Me está diciendo que se repartieron el dinero en el Canal de Isabel II ilícitamente?», le requirió abiertamente el instructor, que le recordó una conversación intervenida en la que abordaba esta operación, en la que el gobierno madrileño compró la entidad Inassa a Aguas de Barcelona. 

El antiguo subordinado del ex presidente madrileño Ignacio González señaló a continuación los «actores» que sospecha que se pudieron lucrar con la operación. «No le puedo decir quién cobró pero sí que ocurrió el hecho y quiénes eran los actores. En el año 2001 estaba de presidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón, el consejero que estuviera, que es muy fácil averiguarlo –en referencia al ex responsable de Hacienda, Juan Bravo–, y el director financiero, Gaspar Cienfuegos, que estuvo casi un año», agregó. 

A raíz de este relato, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al también ex ministro de Justicia «el control de la adquisición fraudulenta de Inassa». Al tiempo que sostiene que, en relación con esta operación, «estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González». El Ministerio Público subraya asimismo que para articular la adquisición de Inassa y comenzar la implantación del Canal de Isabel II en Latinoamérica se emplearon sociedades instrumentales.

«En el sector privado este tipo de sociedades suelen cumplir la función de alejar las responsabilidades derivadas de la adopción de acuerdos respecto de las personas físicas que realmente los adoptan, sirven a modo de pantalla de protección de las personas que dominan realmente la toma de decisiones y protegen a la sociedad matriz frente a eventuales responsabilidades», ha explicado Anticorrupción en sus informes…