Luz verde a la
creación de un ‘sheriff’ de los contratos públicos
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Necesaria actualización en los contratos públicos
La
primera ley de Contratos Públicos de
la legislación española se publicó en 1852 en el Gobierno de Juan
Bravo Murillo. Ya en aquel texto se apuntaba la necesidad de evitar “abusos fáciles de cometer en una
materia de peligrosos estímulos”. Tras 165 años, seguimos en las mismas.
Hoy se presenta la ponencia y mañana se votará en Comisión del Congreso –se da
por hecho que el Gobierno tiene apoyos suficientes– la nueva Ley de Contratos
Públicos. Pero hay algo diferente en esta ocasión. Por primera vez se va a
crear un organismo independiente
para la supervisión y regulación de la contratación pública, lo que puede
suponer un giro radical a la forma de proceder hasta la fecha en unos procesos
que suponen casi 200.000 millones al año (el 20% del PIB).
Proyecto
de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Presentado el 25/11/2016, calificado el 29/11/2016
Proyecto
de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales por la que se
transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
Presentado el 25/11/2016, calificado el
29/11/2016
En un
momento en el que los casos de corrupción tienen copada la actualidad política
–en todos los niveles de la Administración– va a ver la luz verde una ley que
transpone dos directivas europeas y va a implicar un cambio de las reglas del
juego que, de haber estado aprobadas en su momento, hubieran evitado muchos de
los sinsabores de hoy.
La
creación de esta oficina independiente
ha sido defendida especialmente por Ciudadanos. El nuevo organismo tendrá un
corte parecido a la Autoridad Fiscal
Independiente (Airef) y
supervisará que los contratos se realicen conforme a unos mínimos de
rentabilidad y transparencia, amén de regular y lanzar avisos sobre cómo se
debe proceder en las administraciones. …
SIGUE LEYENDO... verás más en www.contratossectorpublico.es
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Es muy interesante, por su precisión, la tesis doctoral de José Miguel Carbonero Gallardo "La adjudicación de los contratos administrativos: origen, evolución y sistema actual", donde estudia la normativa contractual articulada por Juan Bravo Murillo (Ver págs 56 y sgtes)
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Sólo la desidia del Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro de ministro de Hacienda y Juan Antonio Martínez Menéndez de Director General del Patrimonio del Estado, han hecho posible que se hayan necesitado TRES AÑOS para poder llevar a cabo la trasposición de las Directivas Comunitarias en materia contractual pública. Por otra parte, es lamentable el abandono del Ministerio de Hacienda, un dolce far niente, para que se conozca la LCSP: es lagran ignorada de las Instituciones Públicas: la LCSP no la conocen ni los propios gestores de su cumplimiento: Interventores y Secretarios de Administración Local, Interventores del Estado, Interventores de la Seguridad Social, Interventores del Ministerio de Defensa ...etc. Esta normativa, por la que se regula el 20% de nuestro PIB, a NADIE le interesa, ni siquiera al propio Montoro, a cuyo cargo está toda la Función Pública: MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
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NOTA.-El Congreso aprobará mañana (27.07.2017) la Ley de Contratación Pública que creará una figura inédita: una oficina independiente que supervisará y regulará estos procesos, como ocurre en otros países de la UE.