FOMENTO: ADIF: EMISIÓN BONOS VERDES: CORRUPCIÓN: CRECE DEUDA MILLONARIA: ARABIA SAUDI: ILEGAL


.... ADIF ... www.mariskito.com ... marisco de Vigo ... solomillo de Asturias ... la estación ya estaba HECHA ... ¡CORRUPTOS!







La nueva emisión de bonos puede darse, aunque se oculte, para financiar las obras que ADIF, RENFE e INECO están ejecutando en Arabia Saudí. ...lo está ocultando el ministro De la Serna? Eso no sería, ni más ni menos, una presunta MALVERSACIÓN de FONDOS PÚBLICOS  que habrá que denunciar ante la FISCALIA ANTICORRUPCIÓN? ... Estará prevaricando el ministro De la Serna? ...Por qué no se pronuncia el Tribunal de cuentas?  ...Por qué no se pronuncia el Consejo de Estado? Ministro, haga una consulta.
Adif Alta Velocidad trabaja en una nueva emisión de bonos para financiar su plan de inversiones y las necesidades de la empresa para asuntos como, por ejemplo, el riesgo de pago de reclamaciones por la paralización de obras y rescisión de contratos, que se ha disparado en los dos últimos años. La compañía pública presidida por Juan Bravo se plantea colocar 600 millones de euros a través de bonos verdes, un instrumento que cada vez más demandado por el mercado al estar asociado a la defensa del medioambiente y a empresas socialmente responsables. En el sector creen que el nuevo bono podría salir a un interés del 1,8%


Hay que preguntar al ministro De La Serna, ministro de Fomento del Gobierno de España, en qué artículo y de qué LEY se autoriza al ADIF, a RENFE y a INECO, empresas públicas del Estado, a licitar contratos en el extranjero, como es el caso, entre otros, de la construcción del "AVE Medina-La Meca" en Arabia Saudí. Tampoco su ESTATUTO  se lo autoriza... por tanto, es ILEGAL.


A diferencia del periodo político anterior, Adif ya no dispone de activos no estratégicos para generar extraordinarios. Adif es la compañía del Estado más endeudada seguida de cerca por el Frob, que en los Presupuestos de 2017 refleja un endeudamiento a largo plazo de más de 18.400 millones, 5.000 millones más que los previstos un año antes. Desde el Gobierno indican que el incremento es, en realidad, un techo que se detalla en el anteproyecto de los Presupuesto pero que, probablemente, no se va a disponer de toda esa capacidad de financiación ajena. 



Este año, las inversiones en alta velocidad ascienden a 2.300 millones de euros, y una parte saldrá del endeudamiento de la compañía. En la anterior legislatura, Adif se estrenó en el mercado de capitales con emisiones de bonos por valor de 2.600 millones. “Estas emisiones son una de las herramientas que puede utilizar la entidad pública, junto con otras medidas, para hacer frente a la financiación”, dicen desde la compañía pública. 


Nota.-Denominación sociedades públicas
Es una vergüenza, casi delictivo, que la página web oficial de INECO, no especifique que es “medio propio instrumental” del Mª de Fomento y, además, que es una “sociedad mercantil estatal”, algo que OCULTAdeliberadamente, vulnerando, frontalmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia.
“Información institucional, organizativa y de planificación.-1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional” (Art. 6 LTIPyBG)
La Ley 40/2015. de 1 de octubre (LRJSP), OBLIGA a especificar, en la denominación de la sociedad pública dos cosas: a)Que es una “sociedad mercantil estatal” (Art. 111.2 LRJSP), y b)Que es, además, en su caso, “medio propio instrumental” (Art. 88.2 LRJSP)
Pues bien, ni transparencia ni cumplimiento de la obligación de ajustar su denominación a la legalidad vigente, por lo que habrá que exigir responsabilidades, en este caso, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
¿Cómo es posible que en el Estado haya gestores públicos con esa obstinada RESISTENCIA   al cumplimiento de la LEY?
Éste anómalo comportamiento de los poderes públicos   … acaso no es delictivo?
Cobran de los dineros públicos, pero no cumplen la normativa pública.

¿Por qué ADIF no pone, en su página web oficial, que es una "sociedad mercantil estatal", como exige la Ley 40/2015. de 1 de octubre (LRJSP) ...? El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no cumple los deberes.



Ahora ex, al haber sido cesado por la nueva Dirección corporativa ... controlaba las "certificaciones de obra" o no sabia para qué servían?
Además de completar los corredores pendientes de alta velocidad, la compañía tiene que atender pagos derivados de la acumulación de reclamaciones…


El endeudamiento de ADIF va creciendo día trás día, al tiempo que su directiva muestra una gran INCOMPETENCIA en la  administración y gestión de las millonarias obras que, año tras año, ha ido acometiendo, hasta el extremo de tener que dotar unas provisiones de mas de  300 millones de euros para afrontar los innumerables litigios que su incompetencia administradora ha provocado y sigue provocando. ... ¿Qué Directores de obra nombra? ¿Conocen la normativa contractual? SEGURO QUE NO. Por eso hay tantas reclamaciones y tantos litigios y, parece ser, tanta corrupción. Y, luego se dedican a actuar como "CONTRATISTAS"en Arabia Saudí, cuyas PÉRDIDAS oculta con esmero el ministro de Fomento De La Serna.

SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS (OBJETO SOCIAL)
Y
 EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles PÚBLICAS se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado (OBJETO SOCIAL) sirviendo con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso sería una dura y pura prevaricación administrativa.
“Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
“Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)



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La gran incompetencia gestora de los equipos directivos del AVE ya es proverbial: la corrupción en el AVE no cesa, los Directores de obra no se les selecciona con conocimientos de la normativa contractual, la supervisión de las certificaciones de obra no existe (...expiden las certificaciones de obra, corruptamente, los "contratistas"?), las facturas de los CONTRATISTAS no se presentan adjuntando la correspondiente "certificación de obra", los directores financieros del AdiF son, aún, más incompetentes a pesar de ser Interventores del Estado, Interventores que tampoco conocen la normativa contractual: nunca han salido de los despachos de la nomenklatura, eso sí, cobrando sueldos millonarios haciendo una clara injusticia a su incompetencia ... etc.