Las
irregularidades en las licitaciones cuestan 20.000 millones cada año ...al Tesoro Público
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He aquí a los máximos responsables de la regulación contractual pública en el Ministerio de Hacienda, dos empleados públicos (uno, Montoro el recaudador; el otro, el mantenedor de la contratación pública en el limbo)), que no hacen sus deberes en materia contractual, que no hacen NADA por la aplicación rigurosa de sus normas en las Administraciones Públicas y respectivos sectores públicos. Su desidia propaga el coste inducido en las licitaciones, mucho mayor de lo que calcula el Observatorio de Contratación Pública (OCP). El Observatorio, no obstante, olvida la gran corrupción existente, por su inadecuada tramitación, en los "contratos menores", cuyo coste se eleva, por supuesto, también a miles de millones, pero ministro y director general de patrimonio se ponen y miran de perfil. La propia IGAE santifica, vulnerando el TRLCSP, los "contratos menores" por Caja Fija, un auténtico disparate normativo y contable. |
El modelo de contratación
pública en España es opaco e ineficiente,
cualidades que le convierten, en la accualidad, en el principal foco de
corrupción de nuestro sistema y en el mayor lastre para las cuentas públicas.
Estas deficiencias tienen un coste de, al menos, 20.000 millones de euros
anuales para las arcas públicas, según un estudio elaborado por Transparencia
Inten1acional y el Observatorio de Contratación Pública (OCP) en base a las
licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
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El Observatorio, no obstante, olvida la gran corrupción existente, por su inadecuada tramitación, en los "contratos menores", cuyo coste se eleva, por supuesto, también a miles de millones, pero ministro y director general de patrimonio se ponen y miran de perfil. La propia IGAE santifica, vulnerando el TRLCSP, los "contratos menores" por Caja Fija, un auténtico disparate normativo y contable. ¡Hay que exigir responsabilidades a la IGAE! |
Los
20.000 millones, no obstante, son una "proyección generosa", según
señala José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo y presidente
del OCP. La cifra real, explica, "seguro que lo supera", puesto que,
a pesar de estar obligadas por ley a publicar todos los contratos y
licitaciones en la Plataforma, las Administraciones están remitiendo únicamente
alrededor del 30 por ciento de los procedimientos.
A ello
hay que sumar que los contratos menores y los negociados sin publicidad no
están sometidos a la exigencia publicación, lo que incrementa aún más las dudas
por la imposibilidad de ejercer sobre ellos una fiscalización real efectiva.
La
contratación pública supone el 20 por ciento del Producto Interior Bruto en
nuestro país. Los defectos del modelo han sido señalados …
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