CANAL ISABEL II: ORGANIZACIÓN CRIMINAL: INTERNALIZACIÓN ILEGAL: … IGNACIO GONZÁLEZ Y RUIZ GALLARDÓN




¡Vaya par de pájaros!



Los investigadores del caso Lezo sostienen que la trama del Canal cumple todos los requisitos para ser considerada una sofisticada organización criminal dirigida por el expresidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio González, y sus dos colaboradores principales: el hermano del anterior. Pablo González, y la persona que situó al frente del holding iberoamericano de la empresa pública, Edmundo Rodríguez Sobrino

Las sociedades mercantiles estatales, autonómicas y locales, se crean, en función del “interés general(Art. 103.1 Constitución),  para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado, en su ámbito territorial, no para competir en el mercado con las empresas privadas como “contratistas” (TRLCSP)ni para internacionalizar su objeto social.

Todos ellos están en prisión. Tanto la UCO de la Guardia Civil como la Fiscalía Anti corrupción. que investigan la trama, sostienen que la red ha actuado al menos desde 2002 -por lo tanto, se trata de una estructura estable- y se valió de una compleja maraña de sociedades para canalizar los beneficios procedentes de operaciones realizadas por el Canal de Isabel II y blanquearlos posteriormente.

Alberto Ruiz Gallardón ... ¿No sabía que era ILEGAL la INTERNALIZACIÓN del Canal Isabel II? ...vaya genio! ...vaya inteligencia! ... vaya fiscal del tres al cuarto!
¡Vaya pájaro!¡Qué inteligencia!


 Para ello disponían de una treintena de personas que ejercían diferentes roles pero que obedecían las instrucciones de sus jefes, y por si fuera poco tenían una evidente capacidad de influencia sobre la administración pública madrileña para conseguir sus propósitos. Todos ellos, requisitos de una organización criminal.

Ignacio González-Esperanza Aguirre-Alberto Ruiz Gallardón-Edmundo Rodriguez -...etc ... ¡Vaya colección de MANGANTES!
¡Vaya pájaros! ... y, que nos gobernaran!

Una de las incógnitas es el papel real jugado por el también investigado Alberto Ruiz Gallardón. expresidente de la Comunidad de Madrid que fue el máximo responsable de la operación irregular de compra de lnassa en 2001 por parte de la empresa pública Canal de Isabel II. 

SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS (OBJETO SOCIAL)
Y
 EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles PÚBLICAS se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado (OBJETO SOCIAL) sirviendo con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso sería una dura y pura prevaricación administrativa.
“Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
“Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)


La hipótesis es que entre él y González hay un nexo desconocido de momento para los investigadores …


RENFE: INTERNALIZACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS: ILEGAL: VULNERA PRINCIPIO CONSTITUCIONAL "INTERÉS GENERAL"