CONTRATACIÓN PÚBLICA: PARTIDOS POLÍTICOS Y MESAS DE CONTRATACIÓN: INHABILITACIÓN VITALICIA A FUNCIONARIOS Y LABORALES.


Metástasis de la financiación irregular: Contratación pública: Mesas de Contratación
Elisa se equivoca en el caso de la Cafeteria de la Asamblea de Madrid: para seleccionar al ADJUDICATARIO por la "Mesa de Contratación"  no se precisaba, en absoluto, del "Informe de un Comité de Expertos". Debe repasar la Ley de Contratos (TRLCSP) , el "Pliego de cláusulas administrativas particulares y las actas de la de "Mesa de Contratación""que propuso al adjudicatario del contrato . Otra cosa es, y en eso coincido con ella, es que los POLÍTICOS,   jamás, jamás, jamás, deben formar parte de una "Mesa de Contratación" (Art. 320 TRLCSP): sólo funcionarios  o laborales que estén prestando sus servicios en el ámbito del correspondiente Órgano de Contratación". Y, otra cosa, de ser inhabilitados, la inhabilitación, además de ser VITALICIA, lo tiene que ser en todos los ámbitos del sector público, tanto estatal, como autonómico o local (Administración pública, empresas públicas, Fundaciones, Universidades ...etc)




Se acumula en las últimas semanas una abrumadora evidencia sobre la financiación irregular de varias campañas electorales del Partido Popular en Madrid. Más allá de lo que decidan los tribunales sobre la posible existencia de delitos asociados a estos hechos (recordemos que la propia financiación ilegal de los partidos sólo ha sido tipificada como delito en el artículo 304 bis de nuestro Código Penal desde la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo) y sobre sus posibles autores, nos interesa aquí analizar brevemente por qué la finan-ciación irregular de una formación es tan grave y en qué medida ataca el corazón de nuestra democracia y corrompe profundamente nuestras instituciones.
De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.
1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando:a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de importe superior a 500.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido.   b) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.Dos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que superen el importe de 100.000 euros. 3. Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números anteriores. 5. Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33” (Art. 304 bis Código Penal)


La primera reflexión es obvia: un partido que se fi-nancia irregularmente obtiene una ventaja competitiva enorme sobre otros competidores que no lo hacen. De entrada, por tanto, la financiación irregular de uno o va-rios partidos afecta directamente a la limpieza de los procesos electorales, lo que es un problema de primera magnitud en una democracia representativa.
 
La segunda reflexión es que la financiación irregular de los partidos políticos corrompe las instituciones. En primer lugar, porque exige poner en marcha una serie de mecanismos fraudulentos para evitar que el dinero sea detectado por los organismos de fiscalización y control como el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo obviar estos controles cuando los partidos españoles se financian de forma abrumadora con cargo a los presupuestos públicos? Pues, por lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid –o en otras Comunidades Autónomas como Cataluña–, el mecanismo favorito es la recepción por parte de la fundación correspondiente del partido (por ejemplo, Fundescam en Madrid o Catdem en Cataluña) de importantes aportaciones de dinero de empresarios que contratan con las Administraciones Públicas. También se acude a la desviación de las importantes subvenciones públicas que reciben estas fundaciones con carácter finalista …