CASO PALAU: 3% VS 4%: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRUPTO: MESA DE CONTRATACIÓN CORRUPTA:POLÍTICOS CORRUPTOS: PRESIDIO


Los CORRUPTOS, que roban el dinero del contribuyente, deben ir a presidio y, aún cumplida la pena, no salir de la cárcel hasta que no hayan DEVUELTO, con intereses de demora contractuales, hasta el último centavo robado.

El "Caso Palau", como todos los casos de corrupción en la "contratación pública", nos tiene que llevar a la siguiente reflexión: es cierto que los políticos CORRUPTOS forzaron la normativa contractual adjudicando a "contratistas" CORRUPTOS obras públicas, servicios o suministros, torciendo la transparencia/la ley en las licitaciones públicas, pero no es menos cierto que, en toda adjudicación de un contrato público LICITADO, tratándose de adjudicaciones corruptas, intermediaba unórgano de asistencia llamado "MESA DE CONTRATACIÓN" - corrupta -, que era la que proponía al adjudicatario del contrato al Órgano de contratación - corrupto - que, finalmente, era el que formalizaba el contrato con el "contratista" - corrupto -. Corrupción SISTÉMICA. La Administración está CORROMPIDA porque se suprimieron los controles de los Interventores, y fue Felipe González el que suprimió la "intervención previa" por las "auditorias a posteriori", y puso a politicos al mando de las "Mesas de contratación". Ahí es donde está la causa/etiologia, incluidos los "contratos menores", de la gran corrupción en las Administraciones Públicas. Por eso no hay quien pare tanta corrupción en la contratación pública.

Por tanto, tanta CULPA como los políticos corruptos y los Órganos de contratación corruptos, la tiene la "MESA DE CONTRATACION" corrupta (presidente, vocales, interventor, abogado del Estado, asesor juridico ...etc) que se avenía a las órdenes recibidas de los CORRUPTOS para torcer y manipular las proposiciones recibidas de los licitadores.

Pues bien, yo pido al Juez el mismo trato para los políticos corruptos, el Órgano de contratación y la "Mesa de contratación": encarcelarlos, exigirles indemnicen a la Administración Pública correspondiente en la misma cuantía de los fondos corruptos recibidos, encarcelarlos hasta que no devuelvan hasta el último centavo, y, finalmente, que queden INHABILITADOS, vitaliciamente, hasta que se mueran, para trabajar en cualquier Administración Pública, así como para poder presentarse a las elecciones, privándoles de las prebendas que hayan conseguido por haber ejercido cargos públicos, políticos, administrativos o laborales en cualquier ámbito de cualquier sector público, como es el caso de Mas, en caso de que se condenado..

Lo demás, entendedlo bien conciudadanos, es BURLARSE  de los contribuyentes, a los que el fisco, no nos perdona ni in centavo y, de no pagar los impuestos, además de multas millonarias, nos embarga nuestros bienes y nos envía a dormir bajo un puente. El trato legal dado a los gestores públicos debe ser contundente, no laxo como podemos comprobar en numerosas sentencias judiciales.

El círculo se cierra sobre los principales dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al ex consejero de Justicia y actual diputado de Junts pel Sí, Germà Gordó, de ser «el conseguidor o recaudador» del partido de Artur Mas y presuntamente conocer y participar de la actividad delictiva para su supuesta financiación irregular. 

En su exposición motivada al Juzgado de El Vendrell que investiga el caso 3% para pedir que eleve al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la imputación de Gordó por ser aforado, los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda consideran que cometió 6 presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capi-tales y malversación de caudales públicos, junto con otros investigados.

Los fiscales creen que en toda la documentación intervenida en los registros de constructoras o del partido y sus fundaciones existe «un nexo común, que es la necesaria existencia tras estos investigados de alguna persona que tuviera un poder político y social en CDC y en la Administración Pública de Cataluña para poder llevar a cabo tales actividades» presuntamente delictivas. 

Por eso, señalan directamente a Gordó, ya que ocupó cargos en Convergència, donde era gerente y miembro de la dirección; controlaba la gestión de las fundaciones vinculadas que «sustentan económicamente y son el principal recurso económico de dicho partido», y ocupó cargos públicos como consejero de Justicia …