INECO: ENCOMIENDAS DE GESTIÓN: INTERNALIZACIÓN: ILEGAL: VULNERA PRINCIPIO CONSTITUCIONAL "INTERÉS GENERAL"

Las ingenierías territoriales piden limitar por ley la contratación pública a Ineco

INECO, empresa pública, se convirtió, en 2008,  según sus propios Estatutos, en “medio propio instrumental y servicio técnico” del Ministerio de Fomento. Su actividad internacional es ILEGAL, pero, no obstante, presume de que en el año 2012 consolidó, aunque ilegalmente, su desarrollo internacional. ¿Por qué no publica los sueldos, bonus …etc, sueldos millonarios, que paga a sus directivos, red clientelar y empleados?
Las “empresas públicas” se crean por ley con un objeto determinado consistente, siempre, y en todo caso, en satisfacer los “intereses generales”, según nuestra Constitución de 1978 (Art. 103.1). Lo que no se puede admitir es hacer NEGOCIOS PRIVADOS con EMPRESAS PÚBLICAS, pagando sueldos millonarios a sus directivos, es decir, creando una red clientelar a costa de los contribuyentes.. Esos directivos, si quieren hacer negocios, que se hagan empresarios y financien su empresa con sus fondos patrimoniales propios, no con fondos públicos. El Consejo de Estado se debe pronunciar sobre este asunto que vulnera el principio constitucional del “interés general”.

Las ingenierías territoriales se han alineado para exigir al Gobierno un cambio en la legislación para limitar la contratación pública en España a Ineco y Tragsa, entre otras. En concreto, un grupo de patronales autonómicas han planteado una enmienda al Proyecto de Ley de Contratos Públicos que se halla ahora en el Congreso. Reclaman que la facturación internacional de las empresas públicas no compute a la hora de realizar los cálculos para considerarlas medio propio del Ministerio de Fomento, una condición que le permite beneficiarse de las encomiendas de gestión –adjudicaciones sin concurso público–.

La internacionalización de INECO, como de cualquier "empresa pública", es ILEGAL. Vulnera el principio constitucional del "INTERÉS GENERAL".


La norma vigente establece que para que una empresa pública sea considerada medio propio de la Administración debe facturar el 80 por ciento para el poder adjudicador que la controla – en el caso de Ineco, el Ministerio de Fomento, y en el de Tragsa, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente–.


Las “empresas PÚBLICAS” se tienen que dedicar, al 100%, a gestionar el objeto social PÚBLICO para el que fueron creadas. Competir en el mercado con las “empresas PRIVADAS” es un FRAUDE al contribuyente.

Desde el sector privado se cuestionó ya hace tiempo el cumplimiento de esta norma por parte de Ineco debido a la progresiva internacionalización de la ingeniería pública, que participa, entre otros proyectos, en la emblemática línea de alta velocidad entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí. La firma que desde hace escasos días preside Isaac Martín Barbero siempre ha garantizado el cumplimiento de la llamada regla del 80 por ciento. 

Esta INTERNACIONALIZACIÓN ... no es de recibo: es un fraude a los ciudadanos... ¿Qué dice la ley de creación de INECO, RENFE, ADIF, TRAGSA, AENA ... etc? El que quiera hacer NEGOCIOS PRIVADOS  que monte su propia empresa con su propio capital.


En segmentos de las ingenierías privadas se ha pedido la privatización de la entidad, toda vez que consideran que su existencia –y la de las encomiendas de gestión– limita enormemente el negocio para el resto del sector. 


Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que setransponen al ordenamiento jurídico español las Directivas delParlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26de febrero de 2014.
Los redacción del proyecto de LCSP, hecha por la DG Patrimonio del Estado,  juega a generar una gran confusión, entre otros la redacción dada a los  artículos  6º, 30º, 31º, 32º y 33º. Los convenios excluidos del proyecto LCSP (Art. 6º) son, únicamente, los "convenios interadministrativos", porque los "convenios contractuales"  están totalmente prohibidos por la propia normativa comunitaria. Por lo que respecta a los artículos 30º, 31º, 32º y 33º  del proyecto, son de tal confusión, que deben ser eliminados del proyecto. Las Administraciones Públicas tienen autonomía para autoorganizarse en orden a asegurar, en sus actuaciones (obras, servicios, suministros), el cumplimiento del "interés general" (Art. 103.1 Constitución Española). Es decir, pueden crear "empresas públicas", con capital 100% público, a las que mediante "encomiendas de gestión" ,se las puede encargar, sin vulnerar la normativa contractual, la realización de obras, servicios y suministros. Lo que no es admisible es que esas "empresas públicas", medios propios instrumentales de esos poderes adjudicadores, a través de sus ESTATUTOS, compitan en el mercado, tanto nacional como internacional, creándose chiringuitos, financiados por los contribuyentes españoles, en los que esos políticos transversales gozan de sueldos millonarios y crean una red clientelar donde la endogamia y el nepotismo no tiene límites. Por ejemplo, ... cómo puede ser que RENFE, empresa pública,  tenga en Arabia Saudí, como CONTRATISTA, a mas de mil (1.000) empleados, con sueldos millonarios, cuando RENFE se creó con la única finalidad de satisfacer las necesidades de transporte público de mercancias y de personas, aunque en los próximos años se acabará liberalizando el servicio.¿Qué es eso de que, las "empresas públicas", en sus "ESTATUTOS" , pueden alterar lo establecido en su ley de creación? ... para INTERNACIONALIZARSE ? Eso es un fraude y una burla a los contribuyentes que no estamos para dar cobertura a sus afanes empresariales privados.  Si esos políticos quieren competir en "mercados nacionales/internacionales" que monten sus empresas con sus propios patrimonios, no con el patrimonio público: eso es ESTAFARNOS a los ciudadanos,  que, irremediablemente, somos contribuyentes coactivos. A los políticos, al legislador, le tiene que quedar claro lo que dice la Constitución: que las "empresas públicas" se crean, con la única finalidad, de satisfacer el "INTERÉS GENERAL" de los ciudadanos (Art. 103.1 Constitución Española), por lo que, la vulneración del principio constitucional del "INTERÉS GENERAL", sólo puede conducir a que se incurra en un ilícito penal. No se puede utilizar el proyecto LCSP para dar una patente de corso a las "empresas públicas" para que se INTERNACIONALICEN. Es un fraude a los ciudadanos. A la postre, es un SAQUEO a las arcas públicas.



Fracasada esta solicitud por negativa del Gobierno, también reclamaron sin éxito que Ineco cesara en su internacionalización. 


SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES Y EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado,  para servir con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso es dura y pura prevaricación administrativa.
Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)

Y, ahora, buscan una solución alternativa que encuentre cobijo en la nueva legislación sobre contratación pública que se tramita con carácter de urgencia en el Parlamento –acumula un retraso de 10 meses respecto a la obligación …

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Desde Afganistán… hasta… Vietnam, TRAGSA, con grandes pérdidasen su actividad,  está presente, ILEGALMENTE, en, aproximadamente, cuarenta países del mundo…, actividad, fuera del Reino de España, completamente ILEGAL. ¿Qué trabajos realizan en esos países



ADIF: CONSORCIO AL SHOULA: EMPRESAS PÚBLICAS: JORGE SEGRELLES: MANUEL CASTRO: ILEGAL (II) 


RENFE: INTERNALIZACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS: ILEGAL: VULNERA PRINCIPIO CONSTITUCIONAL "INTERÉS GENERAL"