CONTRATACIÓN PÚBLICA: PROVEEDORES: INTERESES DE DEMORA: IRRENUNCIABLES?

Bruselas presiona para que España pague los intereses de demora a los proveedores

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

¿Qué fallará el TJUE?Aplicación del RD-ley 4/2012, por el que se aprobó el procedimiento de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y la renuncia a los intereses de demora



El 16 de febrero se conocerá la sentencia sobre los intereses de demora de los planes de pago a proveedores del Gobierno, según ha podido saber EXPANSIÓN. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará si, como opinó su abogado general, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no está obligado a pagar a los proveedores esos intereses, a los que tuvieron que renunciar para cobrar la deuda principal, o si, por el contrario, los proveedores y la Comisión Europea son quienes tienen razón. 

Las 230.000 pymes que no cobraron intereses de demora por las facturas abonadas en los planes de pago a proveedores de 2012, 2013 y 2014, reclaman casi 3.000 millones de euros por este concepto. Invocan el artículo 7.2 de la directiva europea contra la morosidad comercial, que reza, de forma muy clara: “Se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora”. Y priorizar el cobro a quienes renuncien a los intereses es “una práctica, claramente”, arguye Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad. 

Pues bien, la Comisión Europea piensa igual que las pymes españolas. Según los escritos de alegaciones que se han presentado ante el TJUE, a los que ha tenido acceso este diario, el Ejecutivo comunitario es muy claro: “La exclusión de principio del derecho a cobrar intereses debe considerarse siempre manifiestamente abusiva”. Después, duda si la práctica de España “es compatible con la norma europea”.

Sin embargo, la abogada general del TJUE señaló que las disposiciones del plan de proveedores no constituyeron una práctica, sino otra cosa. ¿Qué? No lo dijo. El Tribunal el que tiene la última palabra. 

Mientras tanto, desde la Comisión aseguran que el Gobierno español “está haciendo lobby para no recibir otro varapalo, tras el de las cláusulas suelo, con el objetivo de déficit en juego”.