Bruselas presiona para que España pague los intereses
de demora a los proveedores
El 16 de febrero se conocerá la sentencia
sobre los intereses de demora de los planes de pago a proveedores del Gobierno,
según ha podido saber EXPANSIÓN. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará si, como opinó
su abogado general, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no está obligado a pagar a
los proveedores esos intereses, a los que tuvieron que renunciar para cobrar la
deuda principal, o si, por el contrario, los proveedores y la Comisión Europea
son quienes tienen razón.
Las 230.000 pymes que
no cobraron intereses de demora por las facturas abonadas en los planes de pago
a proveedores de 2012, 2013 y 2014, reclaman casi 3.000 millones de euros por
este concepto. Invocan el artículo 7.2 de la directiva europea contra la
morosidad comercial, que reza, de forma muy clara: “Se considerará
manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el
interés de demora”. Y priorizar el cobro a quienes renuncien a los intereses es
“una práctica, claramente”, arguye Antoni Cañete, presidente de la Plataforma
contra la Morosidad.
Pues bien, la Comisión Europea piensa igual que las pymes
españolas. Según los escritos de alegaciones que se han presentado ante el
TJUE, a los que ha tenido acceso este diario, el Ejecutivo comunitario es muy
claro: “La exclusión de principio del derecho a cobrar intereses debe
considerarse siempre manifiestamente abusiva”. Después, duda si la práctica de
España “es compatible con la norma europea”.
Sin embargo, la abogada general del TJUE señaló que las disposiciones
del plan de proveedores no constituyeron una práctica, sino otra cosa. ¿Qué? No
lo dijo. El Tribunal el que tiene la última palabra.
Mientras tanto, desde la
Comisión aseguran que el Gobierno español “está haciendo lobby para no recibir
otro varapalo, tras el de las cláusulas suelo, con el objetivo de déficit en
juego”.
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