INECO: "MEDIO PROPIO INSTRUMENTAL" vs "CONTRATISTA PÚBLICO": INTERNALIZACIÓN : ILEGAL: CONSEJO DE ESTADO




Las ingenierías españolas se lanzan  a por el AVE entre Singapur y Malasia

INECO, empresa pública, se convirtió, en 2008,  según sus propios Estatutos, en “medio propio instrumental y servicio técnico” del Ministerio de Fomento. Su actividad internacional es ILEGAL, pero, no obstante, presume  de que en el año 2012 consolidó, aunque ilegalmente, su desarrollo internacional. ¿Por qué no publica los sueldos, bonus …etc, sueldos millonarios, que paga a sus directivos, red clientelar,  y empleados? Las “empresas públicas” se crean por ley con un objeto determinado consistente, siempre, y en todo caso, en satisfacer los “intereses generales”, según nuestra Constitución de 1978 (Art. 103.1). Lo que no se puede admitir es hacer NEGOCIOS PRIVADOS con EMPRESAS PÚBLICAS, pagando sueldos millonarios a sus directivos. Esos directivos, si quieren hacer negocios, que se hagan empresarios y financien su empresa con sus fondos patrimoniales propios, no con fondos públicos. El Consejo de Estado se debe pronunciar sobre este asunto que vulnera el principio constitucional del “interés general”.

Las ingenierías españolas se han lanzado a la carrera por una de las principales infraestructuras que se construirán en Asia en los próximos años: la línea de alta velocidad que unirá Singapur con Kuala Lumpur (Malasia). Ineco, Typsa, Sener, Idom y Ayesa figuran en distintos consorcios que han presentado ofertas para desarrollar los trabajos de ingeniería y diseño del proyecto y que ya se encuentran en la fase final de la licitación. 

INECO, empresa pública estatal, no puede formar parte consorciada con las empresas privadas: Es ILEGAL.

Se trata de las actuaciones previas a la construcción de la infraestructura, cuyo presupuesto se es-tima en una horquilla de entre 16.800 y 20.200 millones de dólares singapurenses (entre 11.000 y 13.200 millones de euros al cambio actual). Los contratos de diseño se dividen en siete lotes (uno en Singapur y seis en Malasia), que en conjunto suman cerca de 80 millones de euros. El éxito por parte de las ingenierías españolas puede ayudar en el futuro a forjar alianzas con constructoras y fabricantes de material rodante nacionales. 


No en vano, son varias las firmas que desde hace varios años trasladaron equipos al país para analizar las oportunidades que ofrecen los cuantiosos planes de inversión en infraestructuras de la región. Sobresalen los nombres de Ferrovial, ACS, OHL, Talgo, CAF o Acciona. Ahora bien, el plazo para presentar ofertas para la construcción está establecido para finales de este año y el calendario fija las adjudicaciones para la última parte de 2018. Firmas chinas, japonesas, coreanas, italianas, francesas y alemanas también están interesadas en el megaproyecto.


SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES Y EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado,  para servir con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso es dura y pura prevaricación administrativa.
Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)

De los siete contratos de la línea de alta velocidad en Singapur y Malasia se ha abierto el correspondiente a la ciudad estado, por el que han pujado Typsa, en alianza con la firma local Meindhart –originariamente australiana– y la holandesa UN Studio, e Idom, junto con la también singapurense Surbana Juron, sin que ninguno de los dos consorcios con acento español haya resultado adjudicatario. En la parte correspondiente a Singapur, Typsa también aspira a dos contratos de instalaciones.

En cuanto a los lotes de Malasia, tanto Typsa como Idom se hallan igualmente en la recta final por varios de ellos. La compañía que preside Pablo Bueno ha unido fuerzas  …