DEFEX: EMPRESA PÚBLICA : CLOACA DEL ESTADO: ACTÚA COMO UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: ILEGAL: VULNERA EL INTERÉS PÚBLICO


La información de Defex contenida en su página web es prácticamente NULA ...¿Quienes integran su Consejo de Administración?
Gobiernos de medio mundo pagan comisiones inexplicables en pedidos de 339 millones con intermediación de esta empresa pública


¿Cuál es el OBJETO SOCIAL de DEFEX? En la página web, barra de marcadores, no figura la normativa, incluidos estatutos, por la que se rige esta “empresa pública”, cloaca de la SEPI. Bueno, no figura NADA....¡NADA!
La falta de TRANSPARENCIA es TOTAL. ¿Qué Abogado del Estado gestiona el ILEGAL “Convenio de Asistencia Jurídica? ¿Qué OCULTAN  los gestores de la SEPI y su gestor máximo, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de quien depende directamente la SEPI?

Pelotazos' del 50% en los contratos de Defex, una cloaca del Estado


Esta semana ha continuado discretamente la depuración y los despidos en la empresa pública Defex tras los escalofriantes informes forensic de PriceWaterhouseCoopers y Deloitte. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y los correos internos y documentos analizados por las auditoras muestran que Defex es una cloaca del Estado en la que han operado durante años una serie de desaprensivos que montan pelotazos con la venta de armas en el exterior en nombre de España.

Las comisiones medias en los contratos que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 -en que entró en sus instalaciones la Guardia Civil por orden judicial- son del 8% para los agentes contratados y del 9% para la empresa pública. Es decir, pellizcazos del 17% que suponen 57 millones sobre un total de 340, según documentos internos a los que ha tenido acceso EL MUNDO. Eso de media, pero en varios pedidos (ver cuadro adjunto) las comisiones para agentes y el beneficio de Defex -que lo reparte a su vez entre empresarios y consultores afines- llegan a pelotazos en los que el proveedor real se queda con menos del 50% del dinero del contrato. Ésta es la vomitiva situación, según la investigación judicial, de la empresa fundada en 1972 para facilitar las exportaciones de la industria española de armamento. 


Pilar Platero, presidenta de la SEPI, es Interventora-Auditora del Estado










Los accionistas de este engendro son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 51% del capital, seguida principalmente de las privadas Maxam Expal, con un 20%, e Instalaza, con un 10%. En los órganos de gobierno de ambas participan o han participado importantes personalidades de la vida española y de confianza del Rey Emérito como Jaime Carvajal en Maxam o del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Instalaza.


El representante de Maxam Expal en el consejo de Defex es nada menos que el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Francisco Torrente, también muy próximo al padre del actual Monarca. También figura el presidente de Maxam, José Fernando Sánchez Junco, ex director general del Ministerio de Industria con el PSOE. Además, hay en el consejo representantes de Exteriores, Defensa y Economía.

Tal trastienda debería ser garantía de una conducta ejemplar de Defex, pero, según el fiscal Anticorrupción, Conrado Saiz, es incuestionable la participación de empresa estatal "en delitos de corrupción" y de "blanqueo de capitales". Ve "incomprensible su intervención en los hechos" y también "la falta de control y supervisión de las autoridades españolas".


Es desolador. El presidente más longevo de Defex durante décadas, José Ignacio Encinas, fue detenido en una primera fase de la investigación iniciada en 2014, aunque ya había sido relevado dos años antes al llegar al poder el PP. La Sepi nombró presidente de Defex en 2012 a Fernando Aguilar con el respaldo de su cuñada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aguilar, que había sido antes delegado en la oscura delegación de Singapur, terminó siendo también relevado en 2015 y se encuentra imputado desde este verano en la segunda fase de la investigación. En el entorno de la dirigente del PP aseguran que la relación con su cuñado es inexistente desde hace algún tiempo.




La operativa en la empresa dependiente de la Sepi consiste en que empresas españolas privadas quieren vender armamento a Gobiernos extranjeros y éstos prefieren, sobre todo en el Tercer Mundo, que intermedie el Estado español como garantía del material y de financiación. Ahí aparece Defex con el presunto fin de ayudar a exportar, pero con el resultado de entregar sobornos a funcionarios extranjeros, favorecer pelotazos de intermediarios turbios e incluso quedarse con parte del dinero los propios directivos y hasta empleados tras repartir subcontratando a empresarios y consultores con altos contactos. El fiscal sitúa como gran ejemplo el contrato en Angola el 12 de junio de 2008 y que es objeto de investigación desde 2014 bajo secreto de sumario. Se trata del suministro de material a la Policía Nacional de la República de Angola por importe de 152,9 millones, de los que sólo la tercera parte fue al proveedor. Los otros 100 millones se los repartieron altos funcionarios angoleños corruptos, directivos y socios de Defex de la época e intermediarios como Beatriz García Paesa, sobrina del emblemático personaje de las cloacas del Estado, Francisco Paesa. Angola pudo pagar sólo 52,9 millones y se gastó 152,9….





“Defex actúa como una organización criminal”
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad de Derecho Público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con dependencia directa del ministro. ... Pero qué control económico-financiero ejercieron sobre Defex la IGAE y el Tribunal de Cuentas que no detectaron, además de la ilegalidad de esta empresa pública, que comercia con medio mundo, cloaca del Estado, los pelotazos del 50%?
... Y qué supervisión ejercieron, en cumplimiento de sus obligaciones, el Ministro de Hacienda y el Director General de Patrimonio del Estado?
...Esta empresa pública tiene que desaparecer, por corrupta, a marchas forzadas, del Sector Público Estatal !!!





Un informe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil concluye que la empresa pública Defex, dedicada a la exportación de material de defensa, actuó como una organización criminal a la hora de establecer contratos con terceros países. 

Dicho informe fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio.


La Fiscalía Anticorrupción investiga actualmente a Defex por una operación de venta de armamento a Angola realizada entre los años 2008 y 2009 por cuantía de 152,9 millones de euros, cuando el valor material no superaba los 50 millones. El sobrecoste se repartió supuestamente en comisiones entre los funcionarios angoleños y los responsables de la empresa española, participada en un 51% por el Estado y el 49% restante por compañías privadas fabricantes de armas. El sumario del caso cuenta con una parte secreta: se investigan otras operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y otros países del lejano Oriente.



El informe de la UCO describe un escalón principal, donde sitúa a Manuel Iglesias Sarria, vicepresidente de la compañía estatal, por encima incluso del presidente, José Ignacio Encinas Charro. Si bien el presidente no tiene una participación tan activa en la ejecución del contrato con Angola, “si habría sido otro de los principales beneficiarios a título lucrativo del sistema de cobro de comisiones”. “Cabe recordar”, dice el informe, “los 326.610 euros intervenidos en dos cajas fuertes de su titularidad”.

Debajo de la cúpula están los colaboradores necesarios, donde sitúa a tres empleados de Defex, Ángel María Larrumbe, jefe de operaciones, y los administrativos Ana Cerrolaza y Enrique Gómez Cuesta. Luego están los blanqueadores, donde el papel fundamental lo desempeña Beatriz García Paesa, y los facilitadores, que son funcionarios de nacionalidad angoleña, contratados para abrir puertas. “La organización criminal”, afirman los agentes, creó también una “estructura” para desviar y blanquear los fondos irregulares.

Las "empresas públicas" que vulneran el principio constitucional del "interés general" tienen que desaparecer del Sector Público porque vulneran la Constitución. La SEPI depende directamente del Ministro Montoro. ¿Dónde está la "gestión responsable" de la SEPI? Asimismo hay que exigir "responsabilidades" a los gestores públicos que fomentan o permiten estas situaciones, de ilegalidad y anticonstitucionalidad, en el sector público empresarial.
¿Qué control ejerce el Estado, vía ministros respectivos, sobre los gestores públicos de nuestras empresas, gestores públicos que perciben sueldos millonarios con cargo a los contribuyentes?
Hay que LIQUIDAR todas las empresas públicas, la mayoría innecesarias, salvo aquellas que sean ESTRICTAMENTE NECESARIAS, y que sirvan al "interés general",  previamente AVALADAS por el Consejo de Estado.
¿Qué pintan "empresas públicas" en Rumania, Venezuela, Asunción-Paraguay, Tánger, Méjico, Colombia, Lisboa, Perú,  ... etc? ¿A qué "interés particular" están sirviendo?

Los mercaderes de armas actúan discretamente, amasan fortunas de la muerte, las ocultan en paraísos fiscales y mienten siempre y de tal manera que, al decir de Graham Greene, resulta difícil distinguir sus mentiras de las verdades del Evangelio. Greene era católico

En el caso DEFEX, la empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que preside el exdiputado del PP, Ramón Aguirre, cuentan además con el mutismo y la opacidad del Gobierno de Mariano Rajoy, quien se ha negado a informar al Parlamento sobre una operación de venta de armas a la policía de Angola con un desvío de 41,4 millones de euros a distintos paraísos fiscales para su reparto entre tres directivos: el antiguo presidente, José Ignacio Encinas Charro; el director comercial Manuel Iglesias-Sarria y su antecesor, Angel María Larumbe, con el asesoramiento de la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa, que ocultó la fortuna amasada por Luis Roldán como director general de la Guardia Civil.

Los tres directivos fueron imputados en julio de 2014 por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –ya relevado como instructor– por corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capital y organización criminal. Las pruebas aportadas por funcionarios de Angola y por la Guardia Civil indican que participaron, junto con un general angoleño, en una operación fraudulenta de venta de material policial a este país por valor de 151 millones de euros. Con el fin de repartirse 41,4 millones de euros en comisiones ilegales formaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre DEFEX y Comercial Cueto 92, y para blanquear el dinero crearon una red de cuentas en paraísos fiscales, debidamente asesorados por la mencionada García Paesa, que desembocaban en bancos en Luxemburgo. El juez los interrogó y los envió a prisión. Y lo propio hizo con el representante de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto Martín, y con la sobrina del espía Paesa.

Conviene recordar que DEFEX, con una plantilla de apenas 20 personas, actúa como intermediaria de la exportación de armas entre el fabricante y el comprador, y que la UTE con Cueto respondía a un acuerdo entre intermediarios. El juez Ruz relata que desde cuentas corrientes de la UTE se transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna; los imputados, al parecer, confeccionaron de forma aparentemente veraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos. El juez …



SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES Y EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado,  para servir con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos en el exterior, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” en el exterior como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), NO para el tráfico de armas sobornando (DEFEX) y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso es dura y pura prevaricación administrativa.
Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)