Bruselas vuelve a presionar: Pide medidas fiscales,
cambios en la Ley de Estabilidad y más control sobre los contratos públicos
España se ha librado de la congelación de los fondos
europeos tras el desvío del déficit en el año 2015, pero Bruselas va a seguir
apretando las tuercas al Gobierno. En una opinión publicada este miércoles pide medidas
fiscales para reducir el déficit al 3,1% el año que viene, cambios en
la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar el control las cuentas y más
control sobre la contratación pública. No es la primera vez que Bruselas hace
estas peticiones, ya presentó las mismas el pasado verano, pero ahora considera
que las medidas incluidas en el plan presupuestario enviado el pasado 15
de octubre no son suficientes.
Una de las primeras conclusiones a las que llega la Comisión
Europea es que las medidas tomadas por el Gobierno cuando aún estaba
en funciones (el cierre del ciclo presupuestario o el cambio en Sociedades) han
aumentado de forma significativa la probabilidad de cumplir el déficit este
año. Sin embargo, las iniciativas para 2017 (el mantenimiento del cambio en
Sociedades, la prórroga del Impuesto de Patrimonio y otros cambios) no serán
suficientes. Así que habrá que seguir ajustando las cuentas por vía del gasto,
la del ingreso o ambas.
En esta ocasión, Bruselas no se moja pidiendo medidas
concretas y se limita a avisar de que sus últimas previsiones apuntan a un
saldo del 3,8% el año que viene si no se hace nada para evitarlo. El objetivo
fijado es siete décimas inferior (3,1%). En sus últimas recomendaciones la
Comisión fue más explícita y pedía avanzar en la reforma de pensiones y de la administración
pública.
Además, sugería una vez más la posibilidad de hacer cambios en el IVApara
aumentar la recaudación. Bruselas no cesa en su intención de que España recaude
más por la vía del consumo, a pesar de que los dos últimos gobiernos que han
pasado por La Moncloa han elevado los tipos de este impuesto. El Gobierno ya ha
dicho que no va a subirlos de nuevo, pero no descarta tan rápido una posible de
reclasificación de productos para que algunos bienes que tributan ahora al tipo
superreducido pasen al reducido o al general.
El pasado verano, también reclamó al Gobierno un fortalecimiento de su
marco fiscal para asegurar el cumplimiento del déficit por parte de todas las
administraciones y un mayor control sobre la contratación pública. Ahora,
tras conocer el Plan Presupuestario, la Comisión concluye que el Gobierno
no ha avanzado tanto como sería deseable la aplicación de los mecanismos
preventivos y correctivos de la Ley de Estabilidad y vuelve a
pedir funcionen de una forma más automática y que se aclare la regla de gasto
para que no induzca a errores.
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Proyecto LCSP 2016 Dictamen del Consejo de Estado
Nota.- El Consejo de Estado pasa por alto el art. 118 del anteproyecto (Ver pág. 140 y sgtes del Dictamen), dedicado a los "contratos menores", cuando estos contratos han sido, y siguen siendo, una de las fuentes de mayor corrupción en la contratación pública.
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En los "contratos menores" la D.G. de Patrimonio/IGAE siguen obstinados en simultanear la fase de "aprobación del gasto" (AD) con la fase del "reconocimiento de la obligación" (OK), momento en el que el Contratista, una vez ejecutada la prestación, ha de aportar la factura.
Ese artículo, así redactado, no sólo vulnera la Ley General Presupuestaria y la Contabilidad Pública (IOC), sino que propicia la corrupción en la contratación pública.
Pues, ¿Cómo se puede llevar a cabo el "reconocimiento de la obligación"(OK) si, previamente, no está registrado lo que se pactó con la "aprobación del gasto"(AD)?
La redacción del artículo 118 debería ser la siguiente:
... En
los contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación
del gasto (AD) y, una vez ejecutada la
prestación, la
incorporación al mismo de la factura correspondiente (OK), que deberá reunir los requisitos que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, lo que comprobará el "Responsable del contrato"
Lo contrario es poner el carro delante de los
bueyes. Y, ese proceder, genera corrupción y más corrupción. Parece mentira que el Director General de Patrimonio, Juan Antonio Martínez Menéndez, y el Interventor General del Estado, José Carlos Alcalde, persistan en el error. Flaco favor hacen a los ciudadanos que, con sus impuestos, han de pagar enorme coste de la gran corrupción existente en la contratación pública.
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En cuanto a las medidas presentadas para mejorar la contratación pública, como la de acabar con los contratos públicos sin publicidad para que no sean adjudicados de manera directa, Bruselas considera que el Gobierno no ha acabado de generar un "marco coherente" de contratación que asegure una "transparencia suficiente" y la coordinación entre todas las autoridades y entidades contratantes. Así que quiere más avances. …
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