CONTRATACIÓN PÚBLICA: DIRECTIVAS COMUNITARIAS SIN TRASPONER: RESPONSABLE MINISTERIO DE HACIENDA:D.G. DE PATRIMONIO DEL ESTADO

Las 20 directivas paralizadas por el bloqueo político 
Las Directivas de "CONTRATACIÓN PÚBLICA"  se publicaron en el DOUE en Febrero/2014 ... pero pasó el tiempo ... y el Ministerio de Hacienda, DG del Patrimonio del Estado, no las traspuso ... a eso se le llama desidia.
El efecto directo de las directivas europeas de contratación ante la falta de trasposición en plazo


Hace un año que en España apenas se regula nada. Concretamente, desde el 26 de octubre de 2015, fecha en que se disolvieron las Cortes por la convocatoria de elecciones generales. El Congreso y el Senado se encuentran inmersos en un parón legislativo sin precedentes. 

La situación de Gobierno en funciones tampoco permite que desde el Ejecutivo se impulsen nuevas iniciativas legislativas que, en muchos casos, son preceptivas, no sólo por las necesidades a cubrir a nivel doméstico, sino también por nuestras obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea (UE). 

Son un total de 20 las directivas europeas que, en el período que transcurre desde las elecciones de diciembre de 2015 y en lo que queda hasta el 31 de diciembre de 2016, han superado o van a superar el plazo máximo establecido por los reguladores europeos para ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. 

La lista, facilitada por fuentes diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y sobre la que ya advirtió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado junio, incluye normas que afectan o modifican aspectos importantes de ámbitos como el mercado de valores, las sanciones por abuso de mercado, la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, la gestión colectiva de derechos de autor o el desplazamiento de trabajadores. 

Alguna de estas directivas ha sido traspuesta parcialmente, aunque no por completo, pero no es el caso de la mayoría de ellas, que sigue a la espera de regulación. 

 A la lista habría que sumar toda aquella normativa europea que estaba ya pendiente de desarrollo antes del parón legislativo y que tampoco puede ver la luz ahora que el Gobierno está en funciones. 


DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
DIRECTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
DIRECTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE

¿Y qué pasa si no se cumplen los plazos de trasposición de las directivas? Los órganos de gobierno de la UE son conscientes de la particular situación de bloqueo político que atraviesa España y la imposibilidad de adoptar reformas ante este panorama. Según explica Ramón García-Gallardo, socio director de la oficina en Bruselas del despacho King & Wood Mallesons, “la Comisión Europea es sensible al hecho de que se produzcan demoras ante la falta de Gobierno en nuestro país, y puede ser flexible con los plazos, pero hasta cierto límite”. Este experto apunta que desde el despacho están “viendo algunos casos en los que la UE sí está siendo paciente, ralentizando algún procedimiento de infracción a la espera de que haya un nuevo Gobierno que pueda concretar los plazos para implementar alguna disposición comunitaria o modificar alguna normativa que la Comisión pretenda que puede ser contraria al Derecho comunitario”. 

Sin embargo, también señala que “hay determinados procedimientos con los que a la Comisión se le ha acabado la paciencia”, como es el caso de la normativa sobre cualificaciones profesionales, la directiva sobre retorno o las disposiciones del tercer paquete energético, habiéndose formulado recientemente los correspondientes dictámenes motivados al persistir el incumplimiento. 

Otra cuestión que cabe plantearse es si ciudadanos o empresas pueden exigir que estas directivas les sean de aplicación, a pesar de no haber sido incorporadas al ordenamiento jurídico español. García-Gallardo explica que “puede darse el caso de que, por retraso en la trasposición de la regulación europea, un ciudadano invoque ante un órgano judicial nacional la aplicación directa de algunas disposiciones de una directiva incumplida por España”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido en algunos casos un efecto directo de las mismas con el fin de proteger los derechos de los particulares. 

La jurisprudencia del tribunal establece que una directiva tendrá un efecto directo si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas, algo que sólo es válido si los Estados no han traspuesto la directiva en los plazos fijados.




LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATACION PÚBLICA ANTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE TRANSPOSICIÓN SIN NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.