INECO: EMPRESA PÚBLICA DEL ESTADO: MEDIO PROPIO INSTRUMENTAL: EXPANSIÓN INTERNACIONAL COMO "CONTRATISTA": ILEGAL

Ineco gana un proyecto del metro de México
Las sociedades mercantiles estatales se crean, en función del “interés general(Art. 103.1 Constitución),  para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado, en su ámbito territorial, no para competir en el mercado con las empresas privadas como “contratista” (TRLCSP)

Jesús Silva, presidente de la multinacional INECO, empresa pública del Estado y medio propio instrumental (Art. 24.6 TRLCSP) del Ministerio de Fomento, ILEGAL en su expansión transfronteriza mundial.
Ineco, a través de su filial Inecomex, participada por Adif, llevará a cabo, junto a su socio en el país, Cal y Mayor y Asociados, la gerencia de los proyectos para la dirección, coordinación y control de la ampliación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en su tramo Mixcoac-Observatorio. Para ello, la ingeniería pública y su socio en el país destinarán un equipo de más de 80 profesionales que se encargará de garantizar una adecuada ejecución de las obras desde su inicio hasta la puesta en servicio de la ampliación.

La ampliación de los cuatro kilómetros de la línea 12 y la construcción de tres nuevas estaciones supondrá una significativa mejora para la movilidad entre la zona poniente y el Sur de la ciudad, solventando la saturación de las líneas existentes y reforzando el sistema de transporte en su conjunto.

Ineco, empresa pública, medio propio instrumental (Art. 24.6 TRLCSP) del Ministerio de Fomento, con filiales, socios o contratos, está en los cuatro continentessólo le falta Australia, lo que no se compadece, en absoluto, con los objetivos o fines para los que se crea una EMPRESA PÚBLICA. ¿Es LEGAL  esta expansión mundial de una EMPRESA PÚBLICA del Reino de España con filiales, socios o contratos, como CONTRATISTA? Claro que este no es el único caso: Adif, Renfe, Tragsa ...etc,, empresas públicas españolas, campean a sus anchas por el mundo, con fuertes endeudamientos, en casi todos los casos. Creo que este proceder del sector público empresarial del Estado es completamente ILEGAL
El Consejo de Estado, no obstante, debería pronunciarse sobre este asunto.


Ineco cuenta con una sólida experiencia en México gracias a proyectos de especial relevancia en su trayectoria como la asistencia técnica a la concesión de la línea Buenavista- Cuautitlán para Ferrocarriles Suburbanos; la elaboración de los planes maestros de desarrollo de 12 aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP); y los trabajos desarrollados para la red de carreteras del país, entre los que se incluyen las labores como Agente Administrador y Supervisor de la autopista Guadalajara- Colima o la mejora de la señalización de las autopistas: México – Veracruz, México – Irapuato y Ciudad de México – Acapulco.




































































Ineco, empresa pública, medio propio instrumental (Art. 24.6 TRLCSP) del Ministerio de Fomento, con filiales, socios o contratos, está en los cuatro continentes, sólo le falta Australia, lo que no se compadece, en absoluto, con los objetivos o fines para los que se crea una EMPRESA PÚBLICA




Este "Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas", último disponible sobre INECO, describe el "objeto social" de INECO acudiendo, ÚNICAMENTE, a lo que establecen sus ESTATUTOS, sin referencia alguna a ninguna LEY, a su Ley de creación. Pero, claro, lo que hay que preguntarse es si esos ESTATUTOS  son LEGALES al rebasar el objeto social contenido en su Ley de creación. Evidentemente son ILEGALES, como ILEGAL  es su expansión internacional como "CONTRATISTA". ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no fiscaliza a INECO como "CONTRATISTA"? No importa que dé beneficios, lo que no se puede hacer es crear una "empresa pública" para hacer NEGOCIOS en el mundo como "CONTRATISTA": para esa finalidad no se creó INECO.
El objeto social de INECO recogido en sus Estatutos le permite realizar todo tipo de estudios, proyectos y trabajos de consultoría e ingeniería para toda clase de entidades, empresas o personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con posibilidad de actuar en los campos de los estudios económicos y empresariales, consultoría e ingeniería civil, aeronáutica, industrial, de telecomunicaciones, medioambiental, de sistemas, de edificación, de urbanismo y de ordenación del territorio, así como la gestión integrada de proyectos, la dirección de obras e instalaciones, la realización de obras, el mantenimiento, la conservación, tanto de infraestructura como de edificación, y la prestación de servicios de la sociedad de la información. Asimismo, sus Estatutos la reconocen como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de cualquier otro poder adjudicador dentro del ámbito de esta Administración”. (Informe nº 1.116 del Tribunal de Cuentas)
El "objeto social de INECO", al que hace referencia el Tribunal de Cuentas, está soportado en sus ESTATUTOS ... pero ¿ Está, previamente, soportado en las Leyes que regulan esta empresa pública del Estado?


Estatutos de INECO

SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES Y EL “INTERÉS GENERAL” CONSTITUCIONAL
Las sociedades mercantiles se crean para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado,  para servir con objetividad los “intereses generales”,  NO para realizar actividades privadas y competir en el mercado como si de una empresa privada se tratara (Hunosa), NO para hacer negocios privados con los dineros públicos, NO para acudir a las licitaciones nacionales o extranjeras y convertirse en “contratista” como si de una empresa privada se tratara (INECO, RENFE, ADIF), y, además, ser aseguradas en los riesgos, que la adjudicación contractual conlleva, con los impuestos de los contribuyentes españoles. Eso es dura y pura prevaricación administrativa.
Intereses generales.-La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. (Art. 103.1 CE)
Iniciativa pública.-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general(Art. 128.2 CE)
Creación de empresas públicas: mediante ley.-El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131.1 CE)
 “Sociedades mercantiles públicas/Competencias del Consejo de Ministros.-Sin perjuicio de las autorizaciones del Consejo de Ministros a que esta ley y otras específicas someten determinadas actuaciones de gestión del sector público empresarial del Estado, compete al Consejo de Ministros: a) Determinar las directrices y estrategias de gestión del sector público empresarial del Estado, en coherencia con la política económica y la estabilidad presupuestaria. b) Aprobar planes de reestructuración del sector público empresarial del Estado y ordenar la ejecución de los mismos. c) Autorizar reasignaciones del patrimonio inmobiliario susceptible de uso administrativo dentro del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando se realice como contrapartida a reducciones o incrementos de los fondos propios de los organismos públicos. d) Atribuir la tutela de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley a un determinado departamento, o modificar el ministerio de tutela. e) Autorizar el objeto social de las sociedades previstas en el artículo 166.2 de esta ley y sus modificaciones. f) Autorizar la creación, transformación, fusión, escisión y extinción de sociedades mercantiles estatales, así como los actos y negocios que impliquen la pérdida o adquisición de esta condición por sociedades existentes. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.(Véase Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial («B.O.E.» 9 octubre). g) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones que supongan la adquisición por una sociedad de las condiciones previstas en el artículo 166.2 de esta ley o la pérdida de las mismas. h) Autorizar los actos de adquisición o enajenación de acciones de las sociedades a que se refiere el párrafo d) del artículo 166.1 de esta ley cuando impliquen la asunción de posiciones de control, tal y como quedan definidas en el citado artículo, o la pérdida de las mismas.i) Autorizar a las entidades a que se refiere el artículo 166 de esta ley y al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acuerdos, tales como pactos de sindicación de acciones, que obliguen ejercer los derechos inherentes a los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo con otros accionistas.j) Autorizar los actos de adquisición por compra o enajenación de acciones por la Administración General del Estado o sus organismos públicos cuando el importe de la transacción supere los 10 millones de euros.k) Autorizar las operaciones de adquisición o enajenación de acciones que conlleven operaciones de saneamiento con un coste estimado superior a 10 millones de euros.(Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas).
“Sociedades mercantiles locales.-1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo.2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad.3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.” (Art. 85ter Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)