La reforma del control del gasto público, ¿para cuándo?
Que el control
es incómodo sea cual sea el objeto de control no hay duda alguna. Ni siquiera
soportamos que el inspector de turno nos pida el billete en el autobús o en el
tren en que nos movemos con asiduidad. Pero si la empresa de transportes
utiliza ese control como una forma de detener en última instancia, la pérdida
de sus beneficios por la vía exigir al fraudulento el pago del billete, que
podríamos decir cuando el fraude nos lo hacen a todos los que sostenemos la
administración de un país. Así los políticos en la oposición son las personas que
con más crudeza señalan al partido gobernante si este comete alguna infracción
que haya escapado o burlado el control establecido. Como al cabo de unos años
el partido antes en la oposición alcanza el gobierno y el que antes estaba en
el gobierno alcanza la oposición, se invierten los papeles en todos los
sentidos, por lo que el “y tú más” es la consabida frase que se lanzan los unos
a los otros. Ahora el PP está acusado de haber aceptado que la mayoría de sus
dirigentes hayan cobrado sobresueldos, cuando sabido es que cualquier
remuneración de esta índole debe ser objeto de comunicación a la Agencia
Tributaria por el órgano pagador con la debida retención fiscal y el
beneficiario debe incluir la citada remuneración en la declaración anual del
IRPF. Si no hubiese sido así, tanto el órgano pagador del sobresueldo como el
contribuyente afectado deben ser objeto de la sanción administrativa
correspondiente y en relación con la cuantía defraudada.
Pero ni el Tribunal de Cuentas ni la Intervención General de la
Administración General del Estado (IGAE), dentro de sus labores de control externo
e interno respectivamente han sido capaces de descubrir la menor sospecha de
ilícito punible. Tampoco la Agencia Tributaria ha sido capaz de evitar este
fraude. Por ahora, no se sabe el cuanto de la cantidad supuestamente
defraudada, los incumplidores o defraudadores, el periodo en que han estado
defraudando y si todavía lo siguen haciendo.
Sí ha salido en los medios y
gracias a las investigaciones policíacas que uno de los tesoreros del partido,
al parecer tiene una cantidad cercana a los 40 millones de euros en un país
extranjero debido a los fielatos que debían pagar las empresas para obtener
contratos en el sector público.
El “y tú más” aparece cuando al PSOE se le
acusa de un fraude en la administración de fondos públicos en Andalucía, que
podría suponer una malversación cuantificada en los 741 millones de euros, en
base al auto que la Delegación de
Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada ha
remitido al Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla y en el que acusa a 26
personas entre los que se encuentran además de los que fueron Presidente de la
Junta de Andalucía y Consejero de Economía , el Interventor General de la Junta. Me apresuraré a señalar que de la
misma manera que la pena de inhabilitación…
El Tribunal
de Cuentas, “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión
económica del Estado, así como de las cuentas del sector público” (Art. 136 de
la CE) debe despolitizarse, nunca deben ser nombrados sus Consejeros por
los partidos políticos.
... El Control Interno debe ser un control único y ejercido en su integridad por la
IGAE, sin perjuicio de la ayuda de las CC.AA que debe ser subordinada a la
IGAE.
 |
| La supresión del "control previo" del gasto ha sido, es y seguirá siendo la causa de la corrupción generalizada, que no cesa, en el Reino de España: Acuamed, 3% CDC, Tarjetas black, EREs, Cursos de formación ...etc. Hay que suprimir la "libre designación" de los Interventores - Delegados, que deben ser nombrados "por concurso". La retribución por "productividad" debe ser transparente, para conocer su reparto entre la nomenklatura, no opaca como lo es ahora. |
El Interventor General debe responder exclusivamente ante el Presidente del Gobierno y debe mantenerse una independencia entre los Interventores Delegados similar a la de la Fiscalía General del Estado, pudiendo incluso relacionarse los Interventores Delegados, en los casos y condiciones que se determinen, directamente con la Fiscalía Anticorrupción.
El Control Interno debe ser objeto de una reforma profunda,
fundamentalmente en la fase del control previo del gasto para paralizar el pago.
El hecho de que haya sido la propia administración aunque sea de una Comunidad Autónoma, la que burle el sistema de control es un hecho grave que debe desembocar en una profunda reforma fundamentalmente del control interno del gasto público. En caso contrario, deberemos esperar otra vez, unos cuantos años a que la Policía y la Justicia actúen.
El hecho de que haya sido la propia administración aunque sea de una Comunidad Autónoma, la que burle el sistema de control es un hecho grave que debe desembocar en una profunda reforma fundamentalmente del control interno del gasto público. En caso contrario, deberemos esperar otra vez, unos cuantos años a que la Policía y la Justicia actúen.