ADIF: DESASTRE DESCOMUNAL EJECUCIÓN OBRAS: CULPA AL TRLCASP: PÉRDIDAS MILLONARIAS: OBRAS ILEGALES EN ARABIA SAUDÍ.

SOS contra el freno al AVE
CONTENCIÓN AL AVE DE BAJO COSTE ... Gonzalo Ferre quiere MODIFICAR  el TRLCSP ... No le gustan las Directivas comunitarias.
Efectos de la resolución del contrato
“1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.
3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable.
5. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 223, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista.
6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por la causa establecida en la letra g) del artículo 223, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles”. (Art. 223 TRLCSP)

Resolución del contrato, cuando las obras hayan de ser continuadas.
“1. Iniciado el expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser continuadas por otro contratista o por la propia Administración, se preparará seguidamente la propuesta de liquidación de las mismas.
2. La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra del contratista.
3. La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución” (Art. 172 RLCAP)

¿Cuál es el problema?: proyectos mal elaborados o defectuosamente elaborados, pliegos de condiciones mal redactados, directores de obra que desconocen la Ley de Contratos del Sector Público, directores de obra que no controlan, con rigurosidad y mano dura, la ejecución de la obra, ... etc. El mal, señor presidente, es sistémico, está en la mala estructuración y en la incorrecta cobertura de los puestos de responsabilidad del ADIF. A eso es a lo que hay que poner remedio, señor presidente, no a la Ley de Contratos del Sector Público. 

¿Cómo se ejecutan, y en base a qué normativa, las obras en los demás Estados miembros de la UE? Pues con las mismas Directivas que el Reino de España, señor presidentePor tanto, el problema no es la normativa reguladora de la contratación pública, que proviene de las Directivas comunitarias. El problema está en el Ministerio de Fomento, en el ADIF, en la incompetencia de sus gestores.










La guerra entre el Ministerio de Fomento y sus proveedores por los precios de construcción del AVE de bajo coste se extiende ya al resto de la Administración, donde Adif, el gestor de la infraestructura, promueve cambios legales para agilizar rescisiones (resoluciones) de contratos incautándose las fianzas. 

En 2014, Fomento puso en marcha un plan de construcción y puesta en funcionamiento de 1.000 kilómetros de AVE con costes mínimos. La idea de la ex ministra Ana Pastor era llegar a las elecciones de diciembre de 2015 con todo un calendario de inauguraciones completado. No obstante, ante la política aplicada por Adif, los constructores paralizaron numerosas obras que aún hoy siguen bloqueadas.

El conflicto se debe a las restricciones presupuestarias y a la aplicación estricta de la Ley de Contratos del Sector Público. Con la norma en la mano, Fomento rechaza cualquier modificado de obra que supere el 10% del presupuesto. La respuesta de las constructoras ha sido parar obras, lo que ha supuesto un duro golpe para Adif. La empresa ha incumplido la agenda de inauguraciones prevista por Pastor para el año electoral, cobrándose además la cabeza del número dos de Adif, Javier Gallego.


La marcha de Pastor a la presidencia del Congreso no ha supuesto una tregua. Antes de marcharse, la ministra avaló una iniciativa dirigida por Gonzalo Ferre, presidente de Adif, para forzar el desbloqueo de las obras, que ya acumulan grandes retrasos en ciudades como Granada o en el calendario para la llegada del AVE a Galicia en 2018, otro compromiso de la ex ministra de Fomento. …

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Las sociedades mercantiles estatales se crean, en función del “interés general(Art. 103.1 Constitución),  para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado, en su ámbito territorial, no para competir en el mercado con las empresas privadas como “contratistas” (TRLCSP)

La crisis de liquidez de Adif alimenta su pulso a las constructoras: 320 M. de flujo de caja negativo

¿Qué pasa con las finanzas del ADIF? ¡Vaya desastre de gestión! ¿Tendrán la culpa las ILEGALES obras que está ejecutando ILEGALMENTE el ADIF, empresa pública, en Arabia Saudí? ¿A cuánto ascenderán las pérdidas , probablemente millonarias de estas obras del AVE del Desierto? Pronostique, señor Miaja.


La tensión entre Adif y las empresas constructoras a cuenta de las obras del AVE está bloqueando el desarrollo de la red de alta velocidad y provocando retrasos en el calendario de las obras. El gestor de las infraestructuras ferroviarias se ha puesto firme frente a las contratistas en el capítulo de sobrecostes y modificados, empujado por una situación financiera que ha encendido todas las alarmas. Los balances de Adif Alta Velocidad dejan al descubierto una crisis de liquidez que se refleja en un flujo de caja negativo que se va por encima de los 320 millones de euros.

Entre otras, esta circunstancia ha llevado a Adif a estrechar el cerco sobre los modificados de los contratos de obras de la red de alta velocidad, una práctica habitual y que ha terminado por elevar la factura del AVE hasta límites insospechados. La empresa pública lleva tiempo advirtiendo sobre esta situación y su repercusión económica, hasta el punto de que mantiene una batalla con los grupos constructores, a los que niega el pago de sobrecostes y modificados que, en algunos casos, llegaron a ser firmados y aceptados por el Ministerio de Fomento.
No es la primera vez que los problemas de liquidez afectan a Adif. En plena crisis, llegó a acumular una deuda superior a 700 millones de euros con los contratistas que también llevó a éstos a plantarse por los impagos de la compañía que preside Gonzalo Ferre. Precisamente, el elevado flujo de caja negativo se traduce en problemas a la hora de hacer frente a los pagos, un escenario cuya solución requeriría buscar ingresos extra a través de la deuda.

Sin embargo, en este capítulo Adif se encuentra también en una situación complicada. Su endeudamiento supera los 14.000 millones de euros. Hasta en dos ocasiones ha acudido a los mercados de renta fija con sendas emisiones realizadas en Irlanda que se han colocado sin problemas entre los inversores y que han permitido reducir el peso de las entidades financieras en el conjunto de la deuda total de la compañía.

No obstante, los responsables de Adif consideran que no es recomendable seguir incrementando el endeudamiento, toda vez que, además, aún resta una parte importante de la red por completar. De este modo, la otra medida para tratar de solventar los problemas de liquidez pasa por una inyección que vendría del Ministerio de Fomento. Una posibilidad que ni se contempla, entre otras cuestiones porque el Gobierno lleva en funciones desde finales del pasado año. …


Las sociedades mercantiles estatales se crean, en función del “interés general(Art. 103.1 Constitución),  para realizar una función instrumental al servicio de la Administración General del Estado, en su ámbito territorial, no para competir en el mercado con las empresas privadas como “contratistas” (TRLCSP)

Adif Alta Velocidad acumula 578 millones de pérdidas en sus dos primeros años

ADIF, empresa pública, ... pérdidas y más pérdidas multimillonarias ... ADIF se creó para otra cosa, para satisfacer  fines de "interés general", no para ir a Arabia Saudí a construir, como CONTRATISTA, el AVE Medina-La Meca.¿...?


Los dos primeros años de existencia de Adif Alta Velocidad (AV) se han saldado con cuantiosos números rojos para la empresa pública. Sus cuentas arrojan pérdidas agregadas de 578 millones de euros desde 2014, ejercicio en el que se inició la trayectoria de la filial de Adif. Su deuda también se ha elevado hasta rozar los 14.000 millones de euros.

Los resultados de 2015, que se hicieron públicos a comienzos de este mes, han registrado mayores pérdidas de las contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio. En concreto, las cuentas de Adif AV arrojaron un resultado negativo de 361 millones de euros, un 28% más de lo estipulado en los Presupuestos.

En esta circunstancia ha tenido mucho que ver las provisiones que ha tenido que hacer la sociedad por los diferentes litigios planteados por las empresas constructoras en relación con las obras de la red de alta velocidad en todo el país. Esta partida se ha elevado hasta los 188 millones de euros.

En los últimos meses, las constructoras han presentado numerosas reclamaciones por sobrecostes en relación con obras de tramos de AVE que podrían dar lugar a procesos judiciales, lo que ha justificado la provisión….

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