Adif
cesa fulminantemente a un alto directivo que se vio salpicado en el 'caso
Acuamed'... ¿POR QUÉ?
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| Javier Moya Lámberri, abogado del Estado, que no aparece en la foto, conoce bien las "puertas giratorias" de la Administración Pública, con varios Consejos de Administración ...¿cuántos? ... derivados de la "Convenios de Asistencia Jurídica"/Contratos de Servicios que tiene firmados la Abogacía del Estado, a dedo, ILEGALES, con Entidades públicas empresariales, Empresas públicas ...etc. ¿Puede ser la Abogacia del Estado "contratista? Por tanto, ... son legales los "Convenios de asistencia jurídica" de la Abogacia del Estado, verdaderos "contratos de servicios"? , está retribuido con fondos públicos ...¿en qué cantidad?, está, como funcionario público que ha de velar por la legalidad, para defender los "intereses generales" ... ¿lo ha hecho? ... ACUAMED ... ¿o debe ser expulsado del Cuerpo de Abogados del Estado? El Juez, en su caso, lo dirá. |
La sombra del 'caso Acuamed' es alargada. La sociedad
pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif),
dependiente del Ministerio de Fomento, ha cesado de manera fulminante a un alto
directivo que anteriormente había estado en la también estatal Agua de las Cuencas Mediterránea SA (Acuamed),
envuelta en un grave escándalo de corrupción que investiga la Audiencia
Nacional. Se trata, en concreto, de Javier Moya Lámbarri, abogado
del Estado que ocupaba el cargo de director de la Asesoría Jurídica de la
compañía ferroviaria. Éste era el cargo que también desempeñaba
anteriormente en la sociedad dependiente del departamento de Agricultura,
donde vivió en primera línea los primeros pasos del caso que finalmente
desembocó en la 'Operación Frontino'. De
hecho, él fue una de las personas que rechazó recoger la escrito notarial con
la denuncia del ingeniero Francisco Valiente que más tarde acabó en
manos de la Fiscalía Anticorrupción y permitió la apertura del sumario.
Javier Moya Lámbarri, abogado del Estado, fue
uno de los dos directivos de Acuamed que se negó a recoger el acta notarial en
el que un compañero denunciaba los pufos de la compañía
Fuentes oficiales de Adif han confirmado a Vozpópuli este
lunes la salida de la empresa de este alto cargo aunque han insistido en
desligarlo del 'caso Acuamed'. "Se trata de una reestructuración interna",
fue su escueta respuesta a las preguntas de este diario sobre las
causas del despido. Sin embargo, el nombre de Moya Lámbarri aparece en varias
documentos recogidos en el sumario de la 'mafia del agua',
entre ellos varios correos electrónicos y declaraciones de testigo claves,
aunque no ha sido imputado hasta ahora, según confirman fuentes cercanas a la
investigación. Su sucesor en el cargo en esta
compañía, Juan García Cuenca, sí tiene la condición de investigado.
Abogado del Estado, Moya Lámbarri desembarcó en
Adif hace poco más de dos años. Fue en julio de 2014 cuando
llegó a la compañía de infraestructuras ferroviarias procedente, precisamente,
de Acuamed. Fuentes de esta empresa pública ligan su paso por esta última
a su estrecha relación con el entonces secretario de Estado de
Medio Ambiente y presidente de la misma, Federico Ramos de Armas,
quien tuvo que dimitir como número tres de Soraya Sáenz de Santamaría cuando
saltó el escándalo y actualmente está imputado en la causa. De hecho,
la salida de esta compañía de Moya Lámbarri rumbo a la de Fomento
coincidió prácticamente con la marcha del político, también abogado de Estado de
formación, hacia el equipo de la vicepresidenta.
Este cambio no le impidió que como director de la
Asesoría Jurídica de Acuamed tuviera un papel destacado en varios de los
episodios que investiga ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6, Eloy Velasco. Uno de ellos, en relación con el escrito
notarial que remitió un alto cargo de la compañía para denunciar las
irregularidades y que fue ignorado. El otro, el supuesto acuerdo entre la
empresa estatal y FCC sobre la desaladora del Bajo Almanzora que
provocó un millonario perjuicio a las arcas públicas. En el primer
episodio, el fue uno de los cuatro directivos de Acuamed al que el entonces
director de Ingeniería de la empresa,Francisco Valiente, alertó sobre
las supuestas irregularidades que había detectado en la compañía. De
hecho, Moya Lámbarri fue, junto al director financieron, quien recibió en un
primer momento al fedatario público con la denuncia, aunque rehazó hacerse
cargo de la misma con el argumento de que no iba a su nombre, sino al de la
secretaria del Consejo de Administración de Isabel Bonelli.
El
ahora cesado, Javier Moya Lámberri - abogado del Estado, por Adif, participó en el Consejo de Administración de
Acuamed que despidió al ingeniero que denunció lo pufos para ratificar
la viabilidad legal de la medida disciplinaria
Días más tardes, este órgano de la empresa decidió
despedir a dicho ingeniero por iniciativa del entonces director general de la compañía, Arcario
Mateo, señalado ahora como el presunto cabecilla de la trama,
sin analizar siquiera la denuncia que había presentado. En dicha
reunión, Moya Lámbarri validó como máximo responsable jurídico la viabilidad
legal de dicho despido. En el siguiente encuentro del Consejo de
Administración, celebrado el 8 de mayo, Arcadio
Mateo informó a sus compañeros en el máximo órgano de dirección de la
compañía de que iba a encargar "una nota técnica" sobre
la documentación que acompañaba la denuncia de Valiente", algo que nunca
ocurrió.
En ese encuentro, en el que participaba como presidente de la compañía Federico
Ramos de Armas, tuvo una participación destacada Moya
Lámbarri. Éste tomó la palabra para echar un capote a Arcadio Mateo al
apresurarse a afirmar que "a priori y a expensas de lo que resulte del
informe que va a elaborar previa investigación de los hechos, no se han
apreciado consecuencias jurídicas de relevancia en la documentación
estudiada, al tratarse de afirmaciones de D. Francisco Valiente sin respaldo
documental alguno". Para entonces, sin embargo, la Fiscalía
Anticorrupciónya había recibido la denuncia y había empezado a investigar
el contenido de la misma.
El nombre del ahora despedido por Adif también aparece
relacionado con uno de los supuestos pufos investigados. En
concreto, con las irregularidades detectadas en las obras de la desaladora del
Bajo Almanzora que, entre otros, mantiene imputado a un alto
ejecutivo de FCC. Así, figura como destinatario o emisor de varios correos
electrónicos en los que se hablaba de lo que los investigadores
tildan en sus informes de "acuerdo privado y totalmente fuera de las
vías legales" que alcanzaron la empresa pública y la constructora
para repartirse los 20 millones de euros de coste que iba a
suponer reparar la instalación tras una inundación…
