CONTRATOS PÚBLICOS: MOROSIDAD INACEPTABLE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CAUSA QUIEBRA EMPRESAS: MONTORO NO SANCIONA A SUS GESTORES: CULPABLE

Las CCAA pagan a los autónomos, de media, en 85 días, el triple del plazo legal... se roba a los Contratistas ... 

He aquí, los dos presidentes autonómícos, Francisco Javier Lambán Montañés  ... y ... Guillermo Fernández Vara, muy charlatanes, ignorantes e insustanciales, pero los más MOROSOS, que incumplen descaradamente  la normativa comunitaria y arrastran a los CONTRATISTAS a la QUIEBRA  ... roban a los proveedores. Son unos inconscientes al destruir así el tejido empresarial de sus regiones¡Vaya ejemplo que dan estos incompetentes gestores públicos, incumpliendo la Ley de Morosidad, robando a los empresarios, pero que, luego,sin despeinarse, exigen el cumplimiento de las leyes, las que a ellos les interesan, incluso por vía de apremio, a los ciudadanos que ya no soportan más impuestos. A semejantes gestores … 
 ¡Hay que INHABILITARLOS  para desempeñar cargo público alguno, vitaliciamente ! 

Las comunidades autónomas siguen siendo las peores pagadoras del sector público español, con un plazo medio de 85 días. 


Del descomunal incumplimiento que esto supone da buena cuenta la Ley de lucha contra la morosidad comercial, que establece una fecha tope de 30 días. Ninguno de los tres grandes niveles del sector público se ajusta a esa norma. Los entes locales se demoran 64 días, de media, en el abono de sus facturas a los autónomos, y la Administración central, 44. Esto deja el cómputo global de la morosidad pública en 75 días, según el último informe de la patronal ATA, con datos al cierre del primer semestre. 


Les siguen Islas Baleares y Comunidad Valenciana (114 días, ambas) y Murcia (107), según ATA. Son las Administraciones de comunidades autónomas que más infringen la Ley de Morosidad y tardan entre cuatro y cinco meses en hacer frente a las deudas que mantienen con sus proveedores.

ZANCADILLA A LOS PROVEEDORES
La morosidad de las Comunidades Autónomas en el primer semestre fue de 85 días, muy por encima del tope de 30 días que establece la ley: Extremadura (155 días) y Aragón (137), las peores. La morosidad de las Administraciones Publicas es, muchísimas veces, la causa de la quiebra de muchísimas empresas: Deben ser SANCIONADAS: La reserva de crédito es FALSA. Esos gestores públicos deben ser inhabilitados, de por vida, vitaliciamente, para ejercer cargo público alguno.

En el lado opuesto destacan Navarra (41 días) y País Vasco (42), Canarias (53) y Asturias (54). Con un periodo medio de pago a proveedores por debajo de la media nacional (85 días) se encuentran también Andalucía (83 días), Cataluña (79), Castilla-La Mancha (69), Galicia (66) y La Rioja (60), aunque todas ellas duplican, como mínimo, el plazo de pago legal. 


Cabe recordar que la Comisión Europea ha redoblado su vigilancia sobre la morosidad pública de España, que incumple la Directiva Europea con holgura. La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, está “investigando” a España por posibles prácticas irregulares con respecto al cómputo del plazo de pago de las facturas a los proveedores, y ha iniciado otra investigación para comprobar que las Administraciones españolas incumplen los plazos de pago máximos que marca la ley, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 8 de agosto. 


DIRECTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 16 de febrero de 2011por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales


La abultada morosidad pública está remitiendo, pero no lo suficiente: “Aún es dolorosamente tarde”, asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. En el primer semestre de 2016, el periodo medio de pago del conjunto de las Administraciones Públicas descendió en 12 días con respecto a diciembre de 2015, pero los autónomos siguen esperando “75 días para cobrar un trabajo realizado y en el que se ha invertido tiempo, material y esfuerzo”, añade Amor. “Pero es aún peor si nos centramos en los plazos de pago que mantienen las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales incumplen la Ley sistemáticamente”, agrega. La ley de lucha contra la morosidad pública “es la que más insumisos tiene, y la que menos se castiga, porque nadie se castiga a sí mismo. Sin embargo exceder en dos meses los plazos estipulados por Ley no tiene ningún tipo de sanción y debería tenerlo por ser recurrente e injustificado”, asegura el presidente de la Federación. 

Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, colaborador necesario con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos del ahogo sistemático  de los emprendedores: ...esa tolerancia , no es prevaricación? 
¿Por qué no se sanciona a los gestores incumplidores de la Ley de Morosidad Comercial? 




El plan de pago a proveedores sí conlleva intereses de demora que hay que pagar "de oficio".

A esos gestores públicos,incumplidores de la Ley de Morosidad,hay que recordarles que la Ley exige, al Órgano de contratación,  el pago de los intereses de demora ... por  "via de OFICIO", es decir, hay que pagarlos, al igual que lo hace la Agencia Tributaria con las devoluciones tributarias, cuando se pague el principal/la factura.


















Dos sentencias, una de un juzgado de Primera Instancia de Sevilla -19 de noviembre de 2015- y otra uno Contencioso Administrativo de Valencia -24 de noviembre de 2014-, han fallado a favor de la obligación que tienen las Administraciones locales de pagar intereses de demora, al tipo legal establecido para cada año, por las deudas abonadas mediante el Plan de Pago a Proveedores, avalado por Hacienda.

Los jueces basan sus fallos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 4 de diciembre de 1974 -Caso Van Duyn-, en la que en aplicación de legislación comunitaria se determina que la renuncia, voluntaria o no, al cobro de intereses es contraria al Derecho Comunitario.



Ley3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
El pago de la "indemnización"  lo es "DE OFICIO". 
Así, la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia 21 de Sevilla, señala, en sentencia 19 de noviembre de 2015, que el artículo 9 del Real Decreto Legislativo (RDL) 4/2012, sobre procedimientos de pago a proveedores, se establece que los contratistas acogidos al Plan y que tengan derecho podrán voluntariamente hacer efectivo el cobro en las entidades de crédito. Este proceso conlleva la extinción de la deuda de la entidad local con el contratista por el principal, intereses, costas judiciales y demás gastos accesorios.

De esta forma, las entidades de crédito facilitaran a las entidades locales y al contratista documento justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado en el artículo 22.1 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Es decir, las personas que voluntariamente han accedido al abono del principal, aceptan también- voluntariamente- que ello conlleva la extinción de la deuda.


Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife (España) el 8 de junio de 2016 – Dragados S.A. / Cabildo Insular de Tenerife
(Asunto C-324/16)
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 – Santa Cruz de Tenerife
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Dragados S.A.
Demandada: Cabildo Insular de Tenerife
Cuestiones prejudiciales
Teniendo en cuenta lo que disponen los arts. 4.1, 6 y 7.2 y 3 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales1 :
¿Debe interpretarse el art. 7.2. de la Directiva en el sentido de que un Estado miembro no puede condicionar el cobro de la deuda por principal a la renuncia de los intereses de demora?
¿Debe interpretarse el art. 7.3 de la Directiva en el sentido de que un Estado miembro no puede condicionar el cobro de la deuda por principal a la renuncia de los costes de cobro?
En caso afirmativo de la dos preguntas
¿Puede el deudor, cuando éste es un poder adjudicador invocar la autonomía de la voluntad de las partes para eludir su obligación de pago de intereses de demora y costes de cobro?

También el  Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de Murcia ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre la materia. 

Respecto a dicha cuestión prejudicial, no obstante, la Abogada General se ha pronunciado en los siguientes términos, aunque para nosotros sean cuestionables: 


68.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6, de Murcia del siguiente modo:
–        La Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular, su artículo 3, apartado 3, y la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una norma nacional que:
a)      otorga al acreedor el derecho a adherirse a un mecanismo que prevé el pago «acelerado» del principal adeudado con arreglo a un contrato cuando el acreedor ha cumplido sus obligaciones establecidas en el contrato, siempre que renuncie a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro, al tiempo que
b)      permite al acreedor negarse a adherirse a este mecanismo con el resultado de que conserva su derecho a los intereses y a la compensación, aunque es probable que tenga que esperar bastante más para cobrar.
–        No es necesario responder la tercera cuestión prejudicial formulada por el juzgado remitente.


José María Flores Alés, director de la Asesoría Jurídica malagueña Grupo Sando, explica que "con las debidas reservas hasta su firmeza, permite a las empresas proceder a la reclamación de los intereses a los que tuvieron que renunciar ante la necesidad de acogerse al Plan de Pago a Proveedores".

La sentencia concluye que lo que hace la Administración es eximirse de cualquier responsabilidad de pago de los intereses de demora "que le son reclamables por el retraso en cumplir su obligación".

La Ley17/2014 de 30 de septiembre contempla medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, modifica el párrafo final del artículo 9 de la Ley 3/2004 sobre morosidad, en la que se declara como nulas las cláusulas y prácticas que excluyen el cobro de intereses y costes de cobro. La nueva redacción establece que son nulas las cláusulas pactadas entre la partes o las prácticas contrarias a los requisitos para exigir intereses de demora.

Dice esta norma que la modificación del interés de demora no es aplicable a las operaciones comerciales realizadas con la Administración. Sin embargo, dice la magistrada, que pese a esta redacción, se mantiene el texto originario del artículo 9 del RDL 4/2012, "lo que nos lleva directamente a considerar que la renuncia -ya sea voluntaria o no- al cobro de los intereses de demora es totalmente contraria a Derecho, y concretamente a la Directiva 2011/7/CEE".

El pago de intereses, en el caso en litigio es de 27.939,30 euros por dos facturas de 2013 y 2014 por una deuda de la Junta de Andalucía de 131.229,61 euros.