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| Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) |
El juez concluye la instrucción del caso Montecarlo e
impone una fianza de 1,9 millones al alcalde de Arrecife
El juez Ricardo Fiestras
ha culminado la instrucción de tres piezas del caso Montecarlo y ha declarado
la apertura del procedimiento abreviado para que la Fiscalía formule acusación
y se abra el juicio oral.
En dos de las piezas, relacionadas con facturas de las empresas
Inelcon, Señalcon y Tunera, se imponen fianzas al actual alcalde de Arrecife,
José Montelongo, que casi alcanzan los 1,9 millones de euros al ser uno de los
presuntos responsables de haber autorizado pagos supuestamente irregulares.
El juez, al igual que con el resto de investigados a los que se
les exige fianza, otorga a Montelongo un plazo de tres días hábiles para que la
preste. Si concluido ese plazo no se verifica la fianza, se llevará a cabo una
"investigación patrimonial" y embargo de bienes. El juez también
advierte que investigará las ventas de "bienes o derechos" de los
implicados desde que se inició el caso Montecarlo.
En la pieza de Montecarlo relacionada con las empresas Inelcon y
Señalcon, el juez señala que “se puede estimar que el Ayuntamiento de Arrecife
ha favorecido” a las citadas empresas “infringiendo toda la normativa de
contratación y pago de obligaciones entre los años 2008 y 2012” con 2,3
millones y 142.000 euros, respectivamente.
El juez Fiestras afea al Consistorio capitalino, personado como
acusación particular como perjudicado en el procedimiento, que no haya instado
el “reintegro” de las “cantidades indebidamente abonadas” ni “exigencia de
responsabilidad hacia sus presuntos responsables”. La “única actuación procesal”
del Ayuntamiento en la causa, añade el juez, consiste en “formular recurso”
contra el archivo libre del tesorero, Antonio García Panasco….
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El juez acusa al
interventor del Ayuntamiento de Arrecife de apropiarse de 311.000€
Carlos Sáenz Melero, el Interventor de marras, acusado de prevaricación, fraude, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Los INTERVENTORES de la Administración Local deben ser nombrados por el ESTADO, no por los propios Ayuntamientos o Diputaciones, con dependencia funcional de la Intervención General del Estado: la corrupción, prácticamente, desaparecería del mapa patrio.
En las Comunidades Autónomas, los Interventores deben ser PROFESIONALES, no funcionarios habilitados como "interventores", carentes de la formación necesaria para ejercer la "función interventora": eso, en último término, favorece la corrupción.
El interventor del Ayuntamiento
de Arrecife (Lanzarote), Carlos Francisco Sáenz Melero, ideó una trama de pagos por contratos ficticios en
los distintos municipios donde desempeñaba ese cargo, que presuntamente le
permitió apropiarse de más de 311.000 euros de fondos
públicos.
El juez número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, expone esa
conclusión en el auto en el que da por concluida la tercera de las tres piezas
que constituyen el llamado ‘caso Montecarlo’, un supuesto entramado de desvío de fondos de varios ayuntamientos de Lanzarote que implica a ediles, funcionarios y
empresarios.
En esta pieza concreta, el magistrado aprecia base suficiente
para procesar al funcionario que debería velar por la correcta fiscalización de
los gastos del Ayuntamiento de Arrecife por delitos de prevaricación, fraude, cohecho, malversación de caudales públicos,
falsedad documental y blanqueo de capitales.
De hecho, le da tres días para que deposite una fianza de
925.568 euros, adicional a las otras dos que hoy mismo le ha impuesto en las
dos piezas restantes del caso por un valor total 7,65 millones.
El juez considera que la instrucción realizada hasta la fecha
pone de manifiesto que el interventor del Ayuntamiento de Arrecife tenía “ánimo de sustraer y consentir la sustracción
ilícita de fondos públicos” del Consistorio con la colaboración
de tres empresas de un amigo suyo,José Vicente Montesinos Ramírez.
Este último, administrador de las sociedades Gestecal, Recingest
y Progestril, se enfrenta por estos hechos a posibles delitos de prevaricación,
fraude, cohecho, malversación, falsedad y blanqueo de capitales, por los que se
le exige una fianza de 925.468 euros. …
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