COMPLIANCE PROGRAM: EMPRESAS PUBLICAS: RESPONSABILIDAD PENAL: CONTRATISTAS Y PROVEEDORES: MODELO DE PREVENCIÓN PENAL

 

La evolución del compliance y su llegada a España



Las empresas pueden pagar por los delitos de sus proveedores

La responsabilidad penal de las empresas, como personas jurídicas, afecta no sólo a los delitos que se cometan en el seno de su organización, sino también a los que puedan cometer terceros como proveedores, subcontratas o autónomos que presten sus servicios a la compañía.

Así lo prevé el Código Penal, que exige deberes de supervisión, vigilancia y control sobre todos aquellos que puedan estar sometidos a la autoridad de los responsables de la compañía, como puede suceder cuando se encarga un determinado servicio a otra firma. Eso sí, para que se considere que la empresa es responsable, ese delito tiene que haberle reportado algún beneficio, ya sea de forma directa o indirecta.


Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado
Sería el caso, por ejemplo, de un agente comercial autónomo que preste sus servicios a la compañía y que, para conseguir un contrato, soborne a funcionarios públicos (con conocimiento o no de la empresa), o una asesoría fiscal contratada por la compañía que cometa un delito en beneficio de esta última.

La reciente circular de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas incide en esta cuestión, advirtiendo que basta con que quienes cometan el delito estén bajo la dirección, supervisión, vigilancia o control de la compañía, sin que sea necesario que se establezca “una vinculación formal con la empresa a través de un contrato laboral o mercantil, quedando incluidos autónomos o trabajadores subcontratados”.

Con ello, se promueve que las empresas sean conscientes de que pueden ser responsables penalmente del trabajo que encarguen a un tercero y no busquen eludir responsabilidades.

Según la reforma penal que entró en vigor en julio, la empresa puede quedar exenta de responsabilidad si demuestra que ha tomado las medidas de prevención que establece la norma. En este caso, la exclusión de responsabilidad podría pasar por exigir a todos sus proveedores que cuenten con un modelo de prevención penal. Si no, se corre el riesgo de que se le impute el delito del tercero, ya que la persona jurídica no sólo responde por autoría sino también por participación en la medida en que no pone los medios necesarios para evitar un delito.…


DERECHO PENAL DE LA EMPRESA: LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Compliance Program
El 31 de marzo se ha publicado en el BOE la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2015 (en adelante, la “Reforma”). Esta Reforma introduce cambios de gran calado tanto en la parte especial como en la parte general del Código Penal. Así, por ejemplo, se eliminan las faltas, se introduce la tan controvertida prisión permanente revisable, se crean nuevos delitos y se modifican muchos de los ya existentes.
Una parte importante de la Reforma se refiere a cuestiones esenciales del llamado Derecho penal de la empresa. Se ofrece a continuación un resumen de las principales novedades incorporadas en la Reforma relacionadas con tales cuestiones.

1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La Ley Orgánica 5/2010, vigente a partir del 23 de diciembre de 2010, introdujo por primera vez un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas circunscrito a determinados delitos, superando así el consolidado principio societas delinquere non potest”.

Pues bien, la Reforma incorpora mejoras técnicas en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esencialmente mediante la reformulación de los supuestos que originan su responsabilidad penal, así como la inclusión expresa de los programas de cumplimiento para la prevención de delitos (los conocidos como “compliance programs”) como posible causa de exoneración de la responsabilidad penal de la entidad.

En cuanto a los supuestos que generan responsabilidad penal para la entidad, la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal dispone que las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo a) anterior, hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Así, se reemplaza el requisito de la actuación en provecho de la persona jurídica previsto en la regulación anterior por la expresión más amplia de actuación en beneficio directo o indirecto de la entidad. También se sustituye la referencia a los administradores de hecho o de derecho, términos relativamente consolidados en la jurisprudencia, por el concepto más ambiguo de aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma”. Asimismo, en caso de delitos cometidos por sus dependientes -apartado b) anterior-, se limita la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los incumplimientos graves del deber de control, persiguiendo así únicamente los casos de defectos de organización graves y dejando fuera los incumplimientos leves. …


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Avalan su aplicación en el sector público y pide modificar la legislación para aplicar este plan