CONTRATOS PÚBLICOS: VETO A LICITADORES POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ILEGAL: VULNERA LA NORMATIVA COMUNITARIA:OTRO FRACASO DE CARMENA

En el ámbito de la contratación pública, el único veto posible a los licitadores sólo puede derivar del incumplimiento de los pliegos del contrato que se licita: incumplimiento del "PLiego de cláusulas administraivas particulares" o incumplimiento del "Pliego de prescripciones técnicas", Sra. Alcaldesa de Madrid. De no ser así, está vulnerando la normativa contractual del Reino de España, derivada de la normativa comunitaria, e incurriendo en un clarísimo caso de prevaricación, Sra. Carmena.
El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha decidido dar un giro radical en los mecanismos de fiscalización de la administración y sus empresas públicas. Y lo hace con una agresiva señal a los mercados financieros. El consistorio planea vetar a las grandes consultoras en todos los trabajos de auditoría de aquí en adelante, entre las que se encuentran las llamadas big four: Deloitte, PwC, Kpmg y Ernst &Young.

Así lo ha expresado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en una comisión municipal con concejales de la oposición. “Me opondré frontalmente a la contratación de empresas externas para realizar un trabajo de fiscalización de lo público”, señala el concejal.

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Para estos trabajos de auditoría y consultoría municipal, Sánchez Mato veta literalmente a empresas como “Deloitte”, “KPMG y “Ernst & Young... no lo veo”. La intención del nuevo consistorio es ahora que todo el “asesoramiento externo” del consistorio recaiga en centros académicos “de reconocido prestigio”, como la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma, cita explícitamente.

Aunque el equipo de Ahora Madrid se encuentra en minoría y necesitaría el apoyo de otro grupo para sacar adelante este giro en la política de consultoría y auditoría pública, estas declaraciones revisten un cambio de modelo que ha empezado con la supresión de calificación de ráting externo por parte de agencias internacionales.

Este mercado, el de la auditoría externa, es sin embargo más voluminoso. No solo las cuentas del Ayuntamiento deben ser fiscalizadas (lo hace la Intervención) sino también todas las sociedades anónimas que pertenecen al perímetro público municipal. Son empresas notables, y son básicamente las big four las entidades que las han estado auditando en los últimos años.

Y los contratos son más notables que los que tuvieran las agencias de ráting. Algunos ejemplos. La Empresa Municipal del Transporte (EMT) adjudicó en 2012 la auditoría para los tres años siguientes a Deloitte, por un importe de 105.000 euros. Esta firma también obtuvo el encargo de fiscalización para Madrid Calle 30, por 54.000 euros, para los ejercicios entre 2012 y 2014.

Ernst & Young (EY) se hizo en marzo pasado con la licitación de los trabajos de auditoría de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), para el período 2014-2016 por 163.350 con impuestos incluidos. Esta empresa también ha auditado otros entes públicos como Mercamadrid y Club de Campo. Igualmente a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF), cuya renacionalización fue anunciada esta semana por el consistorio tras la intención de extinguir la sociedad con Funespaña. KPMG obtuvo los trabajos para auditar a Madrid Destino (que gestiona, entre otras instalaciones, la Caja Mágica), por 123.000 euros.

Así, estas contrataciones se suprimirán, al igual que la evaluación de la solvencia financiera por parte de las agencias, para dar paso a un nuevo modelo, todavía sin explicar, y que se fundamenta en un plan de auditoría general de la deuda. Sin embargo, se desconoce aún quién y cómo se va a llevar a cabo. Y, sobre todo, si puede conllevar impago. Por ello S&P puso en perspectiva negativa el ráting madrileño, pocos días antes de que el consistorio decidiera no renovarle el contrato. …

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