CONTRATACIÓN PÚBLICA: MINISTERIOS: ESCASO CONTROL DEL GASTO PÚBLICO: HAY QUE VOLVER A LA FISCALIZACIÓN PREVIA

El 60% de los contratos de los ministerios en 2014 se adjudicaron sin concurso 

 
... qué controlan, qué fiscalizan de la contratación pública, estos Interventores Generales?Parece que poco o nada.

En concreto, en el último año, de los 7.237 contratos adjudicados, sólo 2.889 lo fueron vía concurso abierto y 4.301 se concedieron por negociado, 4.093 de ellos sin publicidad. El resto, un porcentaje mínimo (0,65%), se dirimió vía procedimiento restringido o normas internas.

Uno de los ministerios que cuenta con un porcentaje mayor de negociados es Defensa, con casi un 71%. También es el departamento que más contratos adjudicó en 2014, un total de 2.389, frente a los 57 de Justicia o los 88 de Asuntos Exteriores y Cooperación. Este último es el que se lleva la palma en cuanto al uso del negociado, un 82% frente a un 18% de concursos. También superan la media el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (70%) y el de Presidencia (73%).

Al otro lado, los ministerios en los que el número de adjudicaciones por concurso es mayor son Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (64,05% por concurso); Empleo y Seguridad Social (57,10%); y el Ministerio de Justicia (68,42%).
El ministerio español de defensa paga 10.000 millones más por armas que apenas puede usar.
Esto es sólo un avance. El próximo otoño verá la luz ¿Quién cobra la obra?, el próximo proyecto de Civio, en el que vamos a analizar el uso del negociado en las administraciones públicas. Los datos de este artículo, extraídos de Contratación del Estado, son todos los contratos –a excepción de los menores- adjudicados en 2013 y 2014 por todos los ministerios. Para realizar un análisis más profundo del uso de este procedimiento, deberíamos –y lo haremos- añadir la cuantía de esas adjudicaciones y analizar, caso por caso, si se ajustan a la ley. Por desgracia, las razones que se argumentan para que un contrato específico se adjudique por negociado no son públicas, así que sólo podremos escudriñar a fondo los más cuantiosos, aquellos que solo por precio no pueden entrar dentro de esta categoría.

En ¿Quién cobra la obra? Vamos a sumar al análisis a las comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos públicos, utilizando varias fuentes públicas. Además vamos a ampliar la investigación a otros años, para estudiar la diferencia entre gobiernos y, lo más importante, vamos a poner luz sobre qué empresas se han llevado los contratos de obra pública en nuestro país. Son los primeros pasos de una nueva aventura. En Civio vamos a sumergirnos, de lleno, en la contratación pública, protagonista de muchos de los casos de corrupción de los últimos años.

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