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| Los delitos por "malversación de fondos públicos" deben ser "imprescriptibles". La figura del "Responsable del contrato", que debe ser personal del Órgano de contratación, nunca externalizado, debe ser incuestionable y obligatoria para TODOS los contratos, incluso para el "contrato de obras". |
Este documento pretende reflejar en detalle
algunos de los principales mecanismos mediante los cuales se burla la
legislación en materia de contratación pública en los organismos públicos de
España. Estos mecanismos utilizan grietas legales y debilidades estructurales
ampliamente conocidas entre el personal que trabaja al servicio de las
administraciones públicas desde siempre, y ha sido y son utilizadas por
personas sin escrúpulos para adjudicar contratos a las empresas que les
conviene, burlando la normativa de contratación y, con ello, perjudicando el
interés público. Ni que decir tiene que esas personas pueden actuar
individualmente, pero lo más normal es que actúen en grupo, de manera más o
menos organizada, siendo dirigidos por responsables de alto rango nombrados
mediante libre designación por cargos políticos -de mayor o menor rango- con
alto poder de decisión.
Aunque la legislación ha ido evolucionando
para intentar cerrar estas grietas, no lo ha conseguido, principalmente porque
no ha podido solucionar la principal debilidad del sistema: la carencia de
controles eficaces que garanticen la imparcialidad del organismo público
adjudicador.
Por descontado, estas debilidades del sistema
no sólo son utilizadas por corruptos y corruptores en el ámbito de la
contratación administrativa sino en muchos otros ámbitos donde se expolia el
patrimonio público: las subvenciones, las desgravaciones fiscales, las
donaciones, etc.
En todos estos casos el mecanismo es el
mismo: el mismo organismo que otorga el dinero público debe teóricamente
controlar que se cumple la legislación tanto para optar al fondo público como
para justificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes; pero cuando
“desde arriba” se le ordena beneficiar a una empresa en cuestión, sólo tiene
que considerar la petición y su justificación como válida, y punto. Sea lo que
fuere lo que la empresa le presente lo considerará suficiente. Incluso se
ayudará “desde dentro” a que la documentación tenga “apariencia” de legalidad.
Es solo cuestión de “vestir” un poco la documentación.
Para ello, siguiendo órdenes superiores, el personal cómplice de la trama dotará de apariencia de legalidad los trámites principales, mientras que el resto del personal no cómplice únicamente podrá aceptar como correctos los trámites secundarios gracias a la apariencia general de legalidad. Este personal no cómplice –la mayoría- normalmente nunca tiene una visión de conjunto y, por tanto, como mucho puede sospechar la existencia de corruptelas, pero no probarlas. Únicamente el personal cómplice de la trama es consciente del engaño –al participar en el mismo-, e igualmente será el único que tendrá pruebas documentales del engaño –si existen, dado que, naturalmente, en los expedientes se intentará no dejar constancia escrita del engaño-.
Para ello, siguiendo órdenes superiores, el personal cómplice de la trama dotará de apariencia de legalidad los trámites principales, mientras que el resto del personal no cómplice únicamente podrá aceptar como correctos los trámites secundarios gracias a la apariencia general de legalidad. Este personal no cómplice –la mayoría- normalmente nunca tiene una visión de conjunto y, por tanto, como mucho puede sospechar la existencia de corruptelas, pero no probarlas. Únicamente el personal cómplice de la trama es consciente del engaño –al participar en el mismo-, e igualmente será el único que tendrá pruebas documentales del engaño –si existen, dado que, naturalmente, en los expedientes se intentará no dejar constancia escrita del engaño-.
No obstante, basta con revisar el volumen
económico que tiene la contratación pública en España para darse una idea de lo
atractiva que resulta esta vía para los corruptos. Adjudicar ilegalmente
contratos a empresas “amigas” no sólo permite a los miembros de las tramas
acceder a comisiones económicas y prebendas en especie, también les permite
acceder en el futuro a estupendos puestos de trabajo en las empresas privadas
corruptoras cuando dejen lo público, las bien llamadas “puertas giratorias”. Un
claro indicio de dónde se producen prácticas corruptas en la contratación es
allí donde se produce fuga de personal público a empresas privadas beneficiadas
por sus contratos. El problema es que cuando se detectan estas prácticas,
suelen haber transcurrido varios años, con el peligro de prescripción legal que
ello implica. ...
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