CONTRATACIÓN PÚBLICA: CLOACAS ... Y DEBILIDADES ESTRUCTURALES: "RESPONSABLE DEL CONTRATO"

Los delitos por "malversación de fondos públicos" deben ser "imprescriptibles". La figura del "Responsable del contrato", que debe ser personal del Órgano de contratación, nunca externalizado, debe ser incuestionable y obligatoria para TODOS los contratos, incluso para el "contrato de obras".

Este documento pretende reflejar en detalle algunos de los principales mecanismos mediante los cuales se burla la legislación en materia de contratación pública en los organismos públicos de España. Estos mecanismos utilizan grietas legales y debilidades estructurales ampliamente conocidas entre el personal que trabaja al servicio de las administraciones públicas desde siempre, y ha sido y son utilizadas por personas sin escrúpulos para adjudicar contratos a las empresas que les conviene, burlando la normativa de contratación y, con ello, perjudicando el interés público. Ni que decir tiene que esas personas pueden actuar individualmente, pero lo más normal es que actúen en grupo, de manera más o menos organizada, siendo dirigidos por responsables de alto rango nombrados mediante libre designación por cargos políticos -de mayor o menor rango- con alto poder de decisión.


Aunque la legislación ha ido evolucionando para intentar cerrar estas grietas, no lo ha conseguido, principalmente porque no ha podido solucionar la principal debilidad del sistema: la carencia de controles eficaces que garanticen la imparcialidad del organismo público adjudicador.

Por descontado, estas debilidades del sistema no sólo son utilizadas por corruptos y corruptores en el ámbito de la contratación administrativa sino en muchos otros ámbitos donde se expolia el patrimonio público: las subvenciones, las desgravaciones fiscales, las donaciones, etc.



En todos estos casos el mecanismo es el mismo: el mismo organismo que otorga el dinero público debe teóricamente controlar que se cumple la legislación tanto para optar al fondo público como para justificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes; pero cuando “desde arriba” se le ordena beneficiar a una empresa en cuestión, sólo tiene que considerar la petición y su justificación como válida, y punto. Sea lo que fuere lo que la empresa le presente lo considerará suficiente. Incluso se ayudará “desde dentro” a que la documentación tenga “apariencia” de legalidad. Es solo cuestión de “vestir” un poco la documentación. 

Para ello, siguiendo órdenes superiores, el personal cómplice de la trama dotará de apariencia de legalidad los trámites principales, mientras que el resto del personal no cómplice únicamente podrá aceptar como correctos los trámites secundarios gracias a la apariencia general de legalidad. Este personal no cómplice –la mayoría- normalmente nunca tiene una visión de conjunto y, por tanto, como mucho puede sospechar la existencia de corruptelas, pero no probarlas. Únicamente el personal cómplice de la trama es consciente del engaño –al participar en el mismo-, e igualmente será el único que tendrá pruebas documentales del engaño –si existen, dado que, naturalmente, en los expedientes se intentará no dejar constancia escrita del engaño-.



No obstante, basta con revisar el volumen económico que tiene la contratación pública en España para darse una idea de lo atractiva que resulta esta vía para los corruptos. Adjudicar ilegalmente contratos a empresas “amigas” no sólo permite a los miembros de las tramas acceder a comisiones económicas y prebendas en especie, también les permite acceder en el futuro a estupendos puestos de trabajo en las empresas privadas corruptoras cuando dejen lo público, las bien llamadas puertas giratorias”. Un claro indicio de dónde se producen prácticas corruptas en la contratación es allí donde se produce fuga de personal público a empresas privadas beneficiadas por sus contratos. El problema es que cuando se detectan estas prácticas, suelen haber transcurrido varios años, con el peligro de prescripción legal que ello implica. ...

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