CONTRATACIÓN PÚBLICA: ANTEPROYECTO: FIN DE LOS CONTRATOS "A DEDO" ...?

Fin de los contratos ‘a dedo’ en el sector público, partidos y sindicatos ... ¿Será verdad?  


El 42% de los contratos del Estado se realizaban hasta ahora sin publicidad, un porcentaje que es aún mayor en las comunidades y los ayuntamientos.

Puente atirantado sobre el embalse de Barrios de Luna (León), llamado Ingeniero Carlos Fernández Casado, que es actualmente el de mayor luz de España.

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público


El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha en la recta final de la legislatura un anteproyecto de ley que revolucionará la contratación de las administraciones públicas y de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones vinculadas a los mismos, siempre que estas instituciones estén mayoritariamente financiadas con dinero público. 



La gran novedad del proyecto que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es que se fulminarán de raíz los contratos “sin publicidad”, que llegaban a favorecer las concesiones a dedo por parte de algunos dirigentes públicos, un auténtico foco de corrupción. Hasta ahora las administraciones podían saltarse la obligatoriedad de concurso o de un procedimiento público si adquirían servicios o suministros por un importe inferior a 60.000 euros o si contrataban obras por una cuantía inferior a 200.000 euros. A menudo, se troceaban los contratos para evitar sobrepasar esas cuantías y eludir así la obligación de transparencia.

A partir de ahora, se impulsará un “procedimiento abierto simplificado” que obligará a que las administraciones publiquen en plataformas de contratación en internet –ya sea en la del Estado o la de las comunidades– las condiciones de los contratos que ofertan. Se evitará así la adjudicación a dedo y –para que este nuevo sistema no genere un retraso burocrático en los servicios que reciben los ciudadanos o ralentice el funcionamiento de la administración– el contrato tendrá que adjudicarse, desde que se publique, en un mes.

El Gobierno garantizará la “necesaria publicidad” y “la licitación se publicará en internet y cualquier empresario interesado (menos de 18.000 euros) podrá presentarse”. 

Los únicos contratos que quedarán fuera de este nuevo sistema de publicidad serán los de menos de 18.000 euros, que son denominados “contratos menores” y que son pequeños convenios con empresas privadas para garantizar el funcionamiento del día a día de los ministerios, los consistorios y las consejerías de las comunidades. 
La “publicidad” de los contratos de servicios, suministro y obras de más de 18.000 euros también será obligatoria para patronales, sindicatos y partidos políticos, que hasta ahora funcionaban como compañías privadas a pesar de que su financiación procede prioritariamente de los impuestos que pagan los contribuyentes. Aunque estas instituciones no tendrán que publicar sus ofertas en las plataformas públicas de contratación ni del Estado ni de las comunidades –que están destinadas sólo al sector público– sí que tendrán que hacerlo en sus propias páginas web. 

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Hacia una nueva cultura de contratación pública 


¡tOLERANCIA 0 CON LA CORRUPCIÓN ...!!! los gestores que hayan accedido a la función pública "por elección" (Alcaldes, concejales, presidentes diputación,diputados ...etc)... no deberán/no podrán formar parte de las "mesas de contratación"
El intento del Gobierno de implantar una nueva cultura de contratación en las Administraciones Públicas es merecedor de un voto de confianza. Las malas prácticas en el sector público están en el origen de numerosos casos de corrupción desvelados en los últimos años, además de haber tenido un elevado coste para el bolsillo de los contribuyentes. De ahí la necesidad de establecer cortafuegos que, cuando menos, dificulten al máximo la malversación de fondos y las adjudicaciones irregulares tanto en los diferentes estratos de la Administración (a nivel estatal, autonómico y municipal) como en las organizaciones que se financian mayoritariamente con dinero público (partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones, etc.). 

En esta línea, resultaba imprescindible cortar de raíz y de una vez por todas la posibilidad de que se adjudiquen contratos sin publicidad, puesto que la práctica ha demostrado que esta alternativa ideada para agilizar la burocracia en las compras de servicios o suministros inferiores a 60.000 euros y en las obras con un presupuesto menor a los 200.000 euros se ha convertido en un coladero para las concesiones “a dedo”: el 42% de los contratos se han otorgado en el último año por esta vía.

Aprovechando las potencialidades de difusión de Internet, el Gobierno hará que se publiquen todos los contratos de las Administraciones y organismos que usen dinero público. Un avance notable en transparencia y digitalización del sector público, que no empece para que se refuercen los mecanismos de control a posteriori de las adjudicaciones y del uso de los fondos. El actual sistema de contratación, reformado por el anterior Ejecutivo en 2007, mereció una durísima reprobación del Tribunal de Cuentas por la falta de mecanismos para garantizar que se cumpliesen los criterios de publicidad, concurrencia y transparencia, dando lugar a graves anomalías como operaciones no justificadas o sin estudio de su coste, deficiencias para fijar los precios de los contratos o la existencia de pagos superiores a lo facturado. 


El ADIF vulnera la obligación que tiene de dar acceso libre al "Perfil de contratante", al exigir a los ciudadanos que quieran conocer los pliegos de los contratos licitados el previo "REGISTRO" en el ADIF: VULNERA LA LEY (Art. 53 TRLCSP) DE CONTRATOS Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
¿Por qué quiere controlar, ilegalmente,  a los ciudadanos que accedan al "Perfil de Contratante?
¿Qué oculta con esa ILEGAL exigencia?
Por ello, junto al incremento de los controles legales, es condición sine qua non para combatir eficazmente la corrupción que todos los gestores públicos pongan en práctica principios rectores esenciales como la eficiencia, la asignación adecuada de recursos y la rendición constante de cuentas a la ciudadanía….

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