CORRUPCIÓN EREs: CHAVES Y GRIÑÁN HAN DE RESPONDER: DESCONTROL GASTO PÚBLICO: JUNTA ANDALUCIA: CORRUPCIÓN EREs


Los Interventores de la Junta de Andalucía, como los Interventores del Principado de Asturias, no son funcionarios de carrera, sino designados “a dedo”, y ni siquiera entre funcionarios del GrupoA1, por los respectivos Gobiernos autonómicos, por lo que la “función interventora” queda en entredicho (no tienen formación interventora) y deja muchísimo que desear (no tienen independencia del gestor en su función de control al no ser designados "por concurso", sino "por libre designación", como en la IGAE). De la sistemática eliminación del control interno por estos Gobiernos autonómicos trae causa la corrupción sistémica  existente en estos Gobiernos.


Arranca el desfile de los aforados ante el Supremo 

En plena negociación política para desbloquear la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta andaluza –con Podemos y Ciudadanos reclamando al PSOE, antes de cerrar cualquier acuerdo, las dimisiones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán–, llega la hora de la verdad para los ex presidentes y ex consejeros señalados en el caso de los ERE fraudulentos. 

Después de que el legislativo se demostrara incapaz de depurar responsabilidades en la fallida comisión de investigación del Parlamento andaluz, es el turno del Poder Judicial, con un carrusel de interrogatorios a los ex miembros del Ejecutivo andaluz bien en el Tribunal Supremo (TS), bien en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y a sólo diez días de que se constituya el nuevo Parlamento resultante de las elecciones del pasado 22 de marzo. 

Consecuentemente, varias de sus señorías citadas desde mañana en sede judicial perderán a mediados de mes el escaño y, por extensión, el aforamiento que les había librado de rendir cuentas directamente ante la juez Mercedes Alaya, la que hace tres años demostró que no le temblaba el pulso cuando mandó a prisión al ex consejero socialista de Empleo Antonio Fernández. 

Mañana empieza a las 10.00 horas la ronda en el Alto Tribunal con José Antonio Viera, diputado por el PSOE de Sevilla y antecesor de Fernández en el Gobierno andaluz. Juntos firmaron el 17 de julio de 2001 el famoso convenio marco que dio origen al irregular fondo de reptiles, que manejaban arbitrariamente y sin ningún tipo de control el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y sus sucesores. Esto explica, en último término, desde la inclusión de falsos prejubilados en los ERE financiados por la Junta hasta las comisiones y sobrecomisiones para contentar a aseguradoras, mediadoras y sindicatos, pasando por los abusos más impresentables –narrados en primera persona por Juan Francisco Trujillo, el chófer de la coca–, y las generosas ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, en una de las cuales trabajó la propia hija de Viera. 

El diputado sevillano del PSOE –que ha presumido de contar con el respaldo personal del secretario general de su partido, Pedro Sánchez– es el primero que tendrá que responder a las preguntas del magistrado Alberto Jorge Barreiro en el TS, mientras que Antonio Ávila, ex consejero de Economía de la Junta, inaugura también este martes la ronda de declaraciones de antiguos miembros del Consejo de Gobierno andaluz ante Miguel Pasquau, el instructor del TSJA. 

Ávila es uno de los ex consejeros a los que el PSOE blindó in extremis en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz garantizando a Susana Díaz una campaña electoral sin sobresaltos procedentes del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El ex consejero declarará ante el TSJA sólo nueve días antes de perder el blindaje, lo que viene a abonar las críticas de Barreiro desde el Supremo contra la «notable capacidad para trastocar el ámbito competencial de las instituciones» de que disfrutan los diputados acogiéndose o renunciando al aforamiento a pura conveniencia. …

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Comienza el «calvario» de Chaves y Griñán


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Cuando se van a cumplir seis meses desde que el Tribunal Supremo admitiese a trámite la exposición razonada remitida por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya para investigar a cinco aforados nacionales por el fraude de los ERE, esta próxima semana comenzarán a declarar como imputados ante el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro. Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno podrán dar su versión sobre las presuntas irregularidades en las concesiones de ayudas sociolaborales y si, como sostenía Alaya, las conocieron e incluso, en función de sus cargos, también las tuvieron que autorizar. Todos ellos, como señalaba el instructor en el auto donde acordaba su citación, están citados en «realización con los actos realizados en el desempeño de sus funciones» con motivo de la concesión de «ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas» de Andalucía, «así como las prestadas a personas físicas». La citada magistrada cifraba en 855 millones el fraude, en un periodo comprendido entre 2002 y 2012.

El primero en acudir al Tribunal Supremo será el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía y actual diputado del PSOE José Antonio Viera. Lo hará el próximo martes, día 7; y, a buen seguro, tendrá que dar explicaciones sobre 317 millones de euros que, durante los años en que fue responsable de la citada consejería –entre los años 2000 y 2004, nombrado por Chaves– su departamento repartió entre ayudas sociolaborales, así como subvenciones a empresas y facturas de «hasta 40 despachos de abogados y mediadores» que intervenían en los expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis.

El jueves, día 9, y el martes 16, serán los días de «especial relevancia», pues le tocará el turno a José Antonio Griñán – quien dimitió de su cargo de presidente de la Junta de Andalucía y dejó en el mismo a Susana Díaz– y a Manuel Chaves, ex presidentes del Gobierno andaluz y bajo cuyos mandatos se cometieron, presuntamente, los mayores fraudes en las concesiones de esas ayudas. La jueza Alaya sostiene que tuvieron que conocer el desvío de fondos públicos que se estaba produciendo y de los que había advertido la Intervención: resulta imposible que «el consejero de Hacienda Sr. Griñán y el presidente de la Junta Sr. Chaves no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención, cuando estos datos eran objetivos y reales y figuraban en la Memoria de las Cuentas Anuales de IFA/IDEA –Instituto de Fomento Andaluz/Instituto de Desarrollo Empresarial de Andalucía– y en sus informes de auditoría».

Además, según se recoge en la exposición razonada de Alaya, si las órdenes de abril de 201, y marzo de 2012, reguladoras de las Ayudas Sociolaborales dictadas por la Consejería de Empleo
Orden de 1 de abril de 2011 y Orden de 16 de marzo de 2012, sobre los procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, en las que se vulneraba indiciariamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía –al asumir como propia una competencia que era del Estado–, fue porque se trataba «de una decisión política, cuyas directrices se marcaron por el presidente de la Junta de Andalucía», José Antonio Griñán. …

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El Supremo analiza la responsabilidad de Chaves y Griñán en el ‘caso ERE’
  
¡La que a malárbol se arrima ... mala sombra la cobija  ... !!! Zapatero, el peor expresidente de España.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro inicia este martes en el Tribunal Supremo los interrogatorios a cinco exdirigentes del Gobierno andaluz —los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves; los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, y el de Empleo, José Antonio Viera— para decidir si, como sostiene la juez Mercedes Alaya, tienen responsabilidad penal por el fraude masivo de los ERE.

La instrucción del Supremo afecta al futuro político de la Junta de Andalucía, pendiente de la investidura de la socialista Susana Díaz, vencedora de las pasadas elecciones pero sin mayoría absoluta. Dos de los partidos minoritarios (Podemos, 15 parlamentarios; y Ciudadanos, con nueve) han condicionado su voto a la dimisión de Chaves y Griñán, aun sin conocer cuál será la decisión del juez Barreiro sobre los dos expresidentes andaluces y su implicación en los hechos.

Díaz ha insistido en que pedirá el escaño a sus antecesores en cuanto el alto tribunal concrete el delito del que se acusa a los aforados. En el mismo sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado que en el momento en que se fije ese delito, si se produce la imputación, cumplirá su palabra y pedirá a Chaves y Griñán sus actas parlamentarias.

Los dirigentes admiten el fraude, pero lo achacan a sus gestores directos. El caso de los ERE destapó el descontrol en el gasto público por parte de la administración andaluza. Durante 10 años, la Junta adjudicó ayudas públicas por más de 850 millones de euros para financiar las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, de los que 126, conocidos como intrusos, nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. La Dirección General de Trabajo, que gestionaba estas ayudas, abonó unas comisiones a las aseguradoras que organizaron el pago a los prejubilados muy superiores a los precios de mercado. Este uso indebido de dinero público favoreció también a otros intermediarios que participaron en el proceso.

'CASO NÓOS’. Matas procesado; Camps, exculpado. La adjudicación de contratos a dedo para la organización de eventos por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) al Instituto Nóos, propiedad de Iñaki Urdangarin, provocó la imputación y procesamiento de Jaume Matas, presidente balear cuando ocurrieron los hechos, por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. En la Comunidad Valenciana, Nóos logró contratos idénticos a los de Baleares, pero los jueces exculparon a Francisco Camps, presidente autonómico cuando ocurrieron los hechos, y tan solo han procesado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

CASO GÜRTEL’. Un consejero procesado; el Gobierno absuelto. El juez Pablo Ruz ha procesado a quien fue consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, por el amaño de contratos a favor de la red Gürtel y por cobrar comisiones ilegales de la trama corrupta. Los 400 contratos analizados correspondían a todas las consejerías de la Comunidad de Madrid, que aceptaron las condiciones de López Viejo para la celebración de actos en los que siempre participaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La responsabilidad por ese fraude masivo solo corresponde, según el juez, a López Viejo.

‘CASO BÁRCENAS’. El extesorero acusado; la cúpula, al margen. Durante 18 años, el PP se financió ilegalmente, según el juez Pablo Ruz, instructor del denominado caso Bárcenas. El extesorero controló una caja b en la que ingresaban donativos ilegales que se usaban para pagar sobresueldos y otros servicios al partido. Por estos hechos, el juez solo considera responsable de un delito fiscal —no abonar el Impuesto de Sociedades por los donativos ilegales recibidos— a Bárcenas. El extesorero tenía poderes sobre las finanzas del partido porque se los había delegado la secretaria general, Dolores de Cospedal.

‘CASO PALAU’. El extesorero imputado; Gobierno absuelto. Convergencia Democrática de Cataluña, uno de los dos partidos que integran el Ejecutivo catalán, cobró supuestamente comisiones ilegales por adjudicación de obras públicas a la constructora Ferrovial, que pagaba estas mordidas a través del Palau. Las comisiones ilegales suponían el 4% de la obra adjudicada (línea 9 del metro, la construcción de la Ciudad de la Justicia o un pabellón en Sant Cugat del Vallés). Por estos hechos, el juez ha imputado al extesorero de Convergencia, a directivos de Ferrovial y a los exresponsables del Palau de la Música.
Los dirigentes socialistas andaluces citados admiten que el fraude se produjo, pero culpan de ese hecho a quienes gestionaron los fondos asignados al plan de ayuda a empresas en dificultades, desvinculándolo de la aprobación del gasto o de su configuración presupuestaria. El magistrado instructor ha ordenado a la Guardia Civil un informe donde detalle qué decisiones tomaron los dos exconsejeros de Presidencia imputados, Zarrías y Moreno, que tengan alguna relación con los ERE tramitados en la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Empleo.

Los expresidentes y exconsejeros andaluces que declararán ante Barreiro recuerdan que el Tribunal de Cuentas, que fiscalizó el gasto de los ERE y el fraude cometido, solo vio responsabilidad contable en los tres ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, que gestionaron el reparto de los fondos. De los tres implicados, Guerrero asumió la dirección general durante el periodo más prolongado en el que se cometió el fraude: desde 1999 a 2008.

La juez Alaya considera que la responsabilidad penal por el fraude destapado no corresponde únicamente al departamento encargado de gestionar esas ayudas de dinero público —la Dirección general de Trabajo—, sino a buena parte del Gobierno andaluz. Alaya sostiene que cuando se ideó el plan para adjudicar las ayudas a empresas en dificultades, el Ejecutivo socialista decidió utilizar un sistema para transferir el dinero que impedía el control previo del gasto y favorecía el fraude.

La juez responsabiliza de estos hechos a los presidentes de la Junta en ese periodo (Chaves y Griñán), así como a los consejeros de Economía, de Hacienda, de Empleo y de Presidencia.

Durante la instrucción del caso, la juez no ha podido acreditar que estos ex altos cargos de la Junta de Andalucía se enriquecieran ilícitamente con las ayudas de los ERE, ni que conocieran el fraude que se estaba produciendo mediante el pago de comisiones por encima de los precios de mercado o la inclusión en las prejubilaciones de personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiadas. …

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