Los Interventores de la Junta de
Andalucía, como los Interventores del Principado
de Asturias, no son funcionarios de carrera, sino
designados “a dedo”, y ni siquiera entre
funcionarios del GrupoA1, por los respectivos Gobiernos
autonómicos, por lo que la “función interventora” queda en entredicho (no
tienen formación interventora) y deja muchísimo que desear (no tienen independencia del
gestor en su función de control al no ser designados "por concurso", sino "por libre designación", como en la IGAE). De la sistemática eliminación del control interno por estos Gobiernos autonómicos trae causa la corrupción sistémica existente en estos Gobiernos.
Arranca el desfile de los aforados ante el Supremo
En plena negociación política para desbloquear la investidura de
la socialista Susana Díaz como
presidenta andaluza –con Podemos y Ciudadanos reclamando al PSOE, antes de cerrar cualquier
acuerdo, las dimisiones de Manuel Chaves
y José Antonio Griñán–, llega la
hora de la verdad para los ex presidentes y ex consejeros señalados en el caso
de los ERE fraudulentos.
Después de que el legislativo se demostrara incapaz de depurar
responsabilidades en la fallida comisión de investigación del Parlamento
andaluz, es el turno del Poder Judicial, con un carrusel de interrogatorios a
los ex miembros del Ejecutivo andaluz bien en el Tribunal Supremo (TS), bien en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), y a sólo diez días de que se constituya el nuevo Parlamento
resultante de las elecciones del pasado 22 de marzo.
Consecuentemente, varias de sus señorías citadas desde mañana en
sede judicial perderán a mediados de mes el escaño y, por extensión, el
aforamiento que les había librado de rendir cuentas directamente ante la juez
Mercedes Alaya, la que hace tres años demostró que no le temblaba el pulso
cuando mandó a prisión al ex consejero socialista de Empleo Antonio Fernández.
Mañana empieza a las 10.00 horas la ronda en el Alto Tribunal
con José Antonio Viera, diputado por el PSOE de Sevilla y antecesor de
Fernández en el Gobierno andaluz. Juntos firmaron el 17 de julio de 2001 el
famoso convenio marco que dio origen al irregular fondo de reptiles, que
manejaban arbitrariamente y sin ningún tipo de control el ex director general
de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y sus sucesores. Esto
explica, en último término, desde la inclusión de falsos prejubilados en los
ERE financiados por la Junta hasta las comisiones y sobrecomisiones para contentar
a aseguradoras, mediadoras y sindicatos, pasando por los abusos más
impresentables –narrados en primera persona por Juan Francisco Trujillo, el chófer de la coca–, y las
generosas ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, en una
de las cuales trabajó la propia hija de Viera.
El diputado sevillano del PSOE –que ha presumido de contar con
el respaldo personal del secretario general de su partido, Pedro Sánchez– es el
primero que tendrá que responder a las preguntas del magistrado Alberto Jorge
Barreiro en el TS, mientras que Antonio Ávila, ex consejero de Economía de la
Junta, inaugura también este martes la ronda de declaraciones de antiguos
miembros del Consejo de Gobierno andaluz ante Miguel Pasquau, el instructor del
TSJA.
Ávila es uno de los ex consejeros a los que el PSOE blindó in extremis en la Diputación Permanente del
Parlamento andaluz garantizando a Susana Díaz una campaña electoral sin
sobresaltos procedentes del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El ex
consejero declarará ante el TSJA sólo nueve días antes de perder el blindaje,
lo que viene a abonar las críticas de Barreiro desde el Supremo contra la
«notable capacidad para trastocar el ámbito competencial de las instituciones»
de que disfrutan los diputados acogiéndose o renunciando al aforamiento a pura
conveniencia. …
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Comienza el «calvario» de Chaves y Griñán
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| ¡Perfecta sintonía de ideas ...! ¡Pobre contribuyente ! |
Cuando se van a cumplir seis meses desde que el Tribunal Supremo
admitiese a trámite la exposición razonada remitida por la jueza de Sevilla
Mercedes Alaya para investigar a cinco aforados nacionales por el fraude de los
ERE, esta próxima semana comenzarán a declarar como imputados ante el
instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro. Los ex
presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex
consejero de Empleo José Antonio Viera y los ex consejeros de Presidencia
Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno podrán dar su versión sobre las presuntas
irregularidades en las concesiones de ayudas sociolaborales y si, como sostenía
Alaya, las conocieron e incluso, en función de sus cargos, también las tuvieron
que autorizar. Todos ellos, como señalaba el instructor en el auto donde
acordaba su citación, están citados en «realización con los actos realizados en
el desempeño de sus funciones» con motivo de la concesión de «ayudas
sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas» de
Andalucía, «así como las prestadas a personas físicas». La citada magistrada
cifraba en 855 millones el fraude, en un periodo comprendido entre 2002 y 2012.
El primero en acudir al Tribunal Supremo será el ex consejero de
Empleo de la Junta de Andalucía y actual diputado del PSOE José Antonio Viera.
Lo hará el próximo martes, día 7; y, a buen seguro, tendrá que dar
explicaciones sobre 317 millones de euros que, durante los años en que fue
responsable de la citada consejería –entre los años 2000 y 2004, nombrado por
Chaves– su departamento repartió entre ayudas sociolaborales, así como
subvenciones a empresas y facturas de «hasta 40 despachos de abogados y
mediadores» que intervenían en los expedientes de regulación de empleo de empresas
en crisis.
El jueves, día 9, y el martes 16, serán los días de «especial
relevancia», pues le tocará el turno a José Antonio Griñán – quien dimitió de
su cargo de presidente de la Junta de Andalucía y dejó en el mismo a Susana
Díaz– y a Manuel Chaves, ex presidentes del Gobierno andaluz y bajo cuyos
mandatos se cometieron, presuntamente, los mayores fraudes en las concesiones
de esas ayudas. La jueza Alaya sostiene que tuvieron que conocer el desvío de
fondos públicos que se estaba produciendo y de los que había advertido la
Intervención: resulta imposible que «el consejero de Hacienda Sr. Griñán y el
presidente de la Junta Sr. Chaves no trataran el importante menoscabo de fondos
públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención,
cuando estos datos eran objetivos y reales y figuraban en la Memoria de las
Cuentas Anuales de IFA/IDEA –Instituto de Fomento Andaluz/Instituto de
Desarrollo Empresarial de Andalucía– y en sus informes de auditoría».
Además, según se recoge en la exposición razonada de Alaya, si las
órdenes de abril de 201, y marzo de 2012, reguladoras de las Ayudas
Sociolaborales dictadas por la Consejería de Empleo
Orden de 1 de abril de 2011 y Orden de 16 de marzo de 2012, sobre
los procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la
Junta de Andalucía, en las que se vulneraba indiciariamente la Constitución y
el Estatuto de Autonomía –al asumir como propia una competencia que era del
Estado–, fue porque se trataba «de una decisión política, cuyas directrices se
marcaron por el presidente de la Junta de Andalucía», José Antonio Griñán. …
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El Supremo analiza la responsabilidad de Chaves y
Griñán en el ‘caso ERE’
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| ¡La que a malárbol se arrima ... mala sombra la cobija ... !!! Zapatero, el peor expresidente de España. |
El magistrado Alberto Jorge Barreiro inicia este
martes en el Tribunal Supremo los
interrogatorios a cinco exdirigentes del Gobierno andaluz —los expresidentes José
Antonio Griñán y Manuel Chaves; los exconsejeros de Presidencia Gaspar
Zarrías y Mar Moreno, y el de Empleo, José Antonio Viera— para decidir si, como
sostiene la juez Mercedes Alaya, tienen responsabilidad penal por el fraude
masivo de los ERE.
La
instrucción del Supremo afecta al futuro político de la Junta de Andalucía,
pendiente de la investidura de la socialista Susana Díaz, vencedora de las pasadas elecciones
pero sin mayoría absoluta. Dos de los partidos minoritarios (Podemos,
15 parlamentarios; y Ciudadanos, con nueve) han condicionado su voto a la
dimisión de Chaves y Griñán, aun sin conocer cuál será la decisión del juez
Barreiro sobre los dos expresidentes andaluces y su implicación en los hechos.
Díaz ha
insistido en que pedirá el escaño a sus antecesores en cuanto el alto tribunal
concrete el delito del que se acusa a los aforados. En el mismo sentido, el
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado que en el momento en
que se fije ese delito, si se produce la imputación, cumplirá su palabra y pedirá
a Chaves y Griñán sus actas parlamentarias.
Los
dirigentes admiten el fraude, pero lo achacan a sus gestores directos. El
caso de los ERE destapó
el descontrol en el gasto público por
parte de la administración andaluza. Durante 10 años, la Junta adjudicó ayudas públicas por más de 850
millones de euros para financiar las prejubilaciones y despidos de 6.096
trabajadores, de los que 126, conocidos como intrusos, nunca trabajaron en las
empresas beneficiadas. La Dirección General de Trabajo, que gestionaba estas
ayudas, abonó unas comisiones a las aseguradoras que organizaron el pago a los
prejubilados muy superiores a los precios de mercado. Este uso indebido de
dinero público favoreció también a otros intermediarios que participaron en el
proceso.
'CASO NÓOS’. Matas procesado; Camps,
exculpado. La adjudicación de contratos a dedo para la organización de
eventos por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) al Instituto Nóos,
propiedad de Iñaki Urdangarin, provocó la imputación y procesamiento de Jaume
Matas, presidente balear cuando ocurrieron los hechos, por prevaricación,
malversación, fraude y tráfico de influencias. En la Comunidad Valenciana, Nóos
logró contratos idénticos a los de Baleares, pero los jueces exculparon a
Francisco Camps, presidente autonómico cuando ocurrieron los hechos, y tan solo
han procesado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
‘CASO GÜRTEL’. Un consejero procesado;
el Gobierno absuelto. El juez Pablo Ruz ha procesado a quien
fue consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, por
el amaño de contratos a favor de la red Gürtel y por cobrar comisiones ilegales
de la trama corrupta. Los 400 contratos analizados correspondían a todas las
consejerías de la Comunidad de Madrid, que aceptaron las condiciones de López
Viejo para la celebración de actos en los que siempre participaba la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La responsabilidad por ese fraude
masivo solo corresponde, según el juez, a López Viejo.
‘CASO BÁRCENAS’. El extesorero
acusado; la cúpula, al margen. Durante 18 años, el PP se
financió ilegalmente, según el juez Pablo Ruz, instructor del denominado caso
Bárcenas. El extesorero controló una caja b en la que ingresaban donativos
ilegales que se usaban para pagar sobresueldos y otros servicios al partido.
Por estos hechos, el juez solo considera responsable de un delito fiscal —no
abonar el Impuesto de Sociedades por los donativos ilegales recibidos— a
Bárcenas. El extesorero tenía poderes sobre las finanzas del partido porque se
los había delegado la secretaria general, Dolores de Cospedal.
‘CASO PALAU’. El extesorero
imputado; Gobierno absuelto. Convergencia
Democrática de Cataluña, uno de los dos partidos que integran el Ejecutivo
catalán, cobró supuestamente comisiones ilegales por adjudicación de obras
públicas a la constructora Ferrovial, que pagaba estas mordidas a través del
Palau. Las comisiones ilegales suponían el 4% de la obra adjudicada (línea 9
del metro, la construcción de la Ciudad de la Justicia o un pabellón en Sant
Cugat del Vallés). Por estos hechos, el juez ha imputado al extesorero de
Convergencia, a directivos de Ferrovial y a los exresponsables del Palau de la
Música.
Los
dirigentes socialistas andaluces citados admiten que el fraude se produjo, pero
culpan de ese hecho a quienes gestionaron los fondos asignados al plan de ayuda
a empresas en dificultades, desvinculándolo de la aprobación del gasto o de su
configuración presupuestaria. El magistrado instructor ha ordenado a la Guardia
Civil un informe donde detalle qué decisiones tomaron los dos exconsejeros de
Presidencia imputados, Zarrías y Moreno, que tengan alguna relación con los ERE
tramitados en la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de
Empleo.
Los
expresidentes y exconsejeros andaluces que declararán ante Barreiro recuerdan
que el Tribunal de Cuentas, que fiscalizó el gasto de los ERE y el fraude
cometido, solo vio responsabilidad contable en los tres ex directores generales
de Trabajo, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, que gestionaron el
reparto de los fondos. De los tres implicados, Guerrero asumió la dirección
general durante el periodo más prolongado en el que se cometió el fraude: desde
1999 a 2008.
La juez
Alaya considera que la responsabilidad penal por el fraude destapado no
corresponde únicamente al departamento encargado de gestionar esas ayudas de
dinero público —la Dirección general de Trabajo—, sino a buena parte del
Gobierno andaluz. Alaya sostiene que cuando se ideó el plan para adjudicar las
ayudas a empresas en dificultades, el Ejecutivo socialista decidió utilizar un
sistema para transferir el dinero que impedía el control previo del gasto y
favorecía el fraude.
La juez responsabiliza de estos hechos a los presidentes de la Junta
en ese periodo (Chaves y Griñán), así como a los consejeros de Economía, de
Hacienda, de Empleo y de Presidencia.
Durante
la instrucción del caso, la juez no ha podido acreditar que estos ex altos
cargos de la Junta de Andalucía se enriquecieran ilícitamente con las ayudas de
los ERE, ni que conocieran el fraude que se estaba produciendo mediante el pago
de comisiones por encima de los precios de mercado o la inclusión en las
prejubilaciones de personas que nunca habían trabajado en las empresas
beneficiadas. …
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