Lo que se
decía … licitación concesional para la recogida de basuras …
El cártel
de la basura
La semana pasada, la
Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) impuso una multa de 98,2 millones de euros a 39 contratistas
públicos y tres asociaciones dedicados a la recogida de basuras, mantenimiento
vial y reciclaje de residuos por "repartirse los clientes
de las licitaciones públicas" entre los años 1999 y 2013. El informe
(de unas 1.000 páginas) es abundante en pruebas tales como intercambios de
e-mails entre las empresas, contactos bilaterales entre éstas, estrategias
coordinadas para concurrir o no a concursos públicos, orquestación de precios y
pactos de no competencia.
"No me llore
nadie, que ya lloro yo por todos ustedes", que dijo el flamenco. La multa
equivale, según el expediente, a el 3% del beneficio obtenido por estas
empresas, durante 14 años: unos 3.800 millones de euros, salidos de las arcas
de ayuntamientos y mancomunidades repartidos por diez comunidades autónomas, Ceuta y Melilla en los que, al parecer, nadie se daba cuenta.
Según relata el
informe, la víctima principal durante 14 años ha sido el Ayuntamiento de
Madrid, donde la investigación ha verificado que FCC, Ferrovial, Sacyr y ACS se repartieron
los contratos de limpieza viaria, la recogida de basuras, el tratamiento de
residuos y el mantenimiento de parques y jardines, donde el sobrecoste rondaba
el 35%.
Cuando se define la
corrupción como el reparto de los recursos comunes entre unos pocos con la
connivencia del poder hablamos de este tipo de casos. Y aunque la sanción
aplicada en éste no es la más contundente de las impuestas en España, sí es la
más dolorosa, puesto que se trata de dinero público y porque quienes han
orquestado el cártel durante 14 años son varios de los contratistas
del Estado que más se han lucrado al calor del
expansivo gasto en infraestructuras y el ladrillo de los años de bonanza: Florentino Pérez y sus socios en ACS (los Albertos y las sagas
baleares Fluxá y March), Esther Koplowitz y sus socios en
FCC, los dueños de Sacyr (Demetrio Carceller y, hasta
2013, Juan Abelló), la familias
andaluzas Benjumea, Aya y Abaurre (Abengoa),
y Rafael del Pino y sus hermanos,
propietarios de Ferrovial.
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Así
amañaba el cártel de la basura: "Yo presento la oferta y si gano otorgaré
a Urbaser y Cespa un 20%"
 |
| ¿Mafiosos de la contratación pública CONCESIONAL? |
"No
entremos en guerra con otros vertederos"; "aquí, por ahora, estamos
en pacto de no agresión"; "cedamos Sevilla, no lancemos
contraoferta". Mensajes de este tipo se extraen de los miles de emails que
compañías como FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr se cruzaban para repartirse
contratos, clientes y territorios, ofertar precios a la baja y expulsar a
posibles competidores, entre otras prácticas ilícitas.
Había en juego un macrocontrato de
542,9 millones de euros. Corría noviembre de 2012 y el Ayuntamiento de Madrid
sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización,
recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid
y otras prestaciones específicas en la zona central”. Las tres grandes del
sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y
Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el
cotarro.
Así lo
hicieron constar en un contrato, sellado el 20 de noviembre de ese año,
denominado “Acuerdo de participación conjunta”, en el que FCC manifiesta su
intención de presentar una oferta a la licitación mencionada y se compromete,
en el caso de ser adjudicataria, “a conceder y otorgar a Urbaser y Cespa en la
cuenta de participación un porcentaje máximo del 20% a cada una de ellas,
pudiéndose incrementar hasta el 40% en el caso de que alguna de ellas decidiera
no participar”, según se desprende de la información recogida por la CNMC en
los folios 4598 a 4613 de la investigación realizada durante dos años.
"No tiene ningún interés establecer una guerra con
los otros vertederos", dijo un director de FCC para Cataluña a su cliente
Everest
Los
grupos de Esther Koplowitz, Florentino Pérez y
Rafael del Pino, respectivamente, habían convenido no
presentarse al concurso, porque sabían que al quedarse desierto, sería FCC la
que continuaría prestándolo a través de una prórroga otorgada por el
ayuntamiento, como así fue. Pero sí habían pactado repartirse el negocio en
virtud de los acuerdos previamente firmados, según ha podido constatar la
inspección de la CNMC, que encontró esos contratos en los registrosrealizados
en la sede de FCC Medio Ambiente.
Éste y
otros muchos casos detectados por el regulador en los últimos diez años suponen
una “infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la
Competencia” y han servido de base para imponer multas
a Urbaser, FCC y Cespa por valor de 23,3 millones, 16,9
millones y 13,6 millones, respectivamente.
Según
los miles de emails y documentos
inspeccionados por
la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay acuerdos secretos por
doquier que durante más de una década beneficiaron a 39 empresas y tres
asociaciones patronales.
“No
tiene ningún interés establecer una guerra con los otros vertederos. (…) Hay
que mantener sin cambios la cantidad de toneladas que va hacia los otros
vertederos”, dijo el director para Cataluña de FCC Ámbito a un representante de
su cliente Everest.
“Entiendo
que están pidieron precio para aguas con HC’s de fuera de Cataluña ¿no? No
quiero guerras ligadas a terceros, como comprenderás. Por lo tanto, me parece
bien un precio para sus aguas de fuera de Cataluña. Con las de aquí no quiero
líos”, reza un correo interno de FCC Ámbito en juilo de 2012, que
consiguió evitar una guerra de precios con Ecoimsa. …
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El ‘cártel de la basura’
obtuvo cientos de concesiones millonarias en casi toda España
“Práctica concertada global de reparto del
mercado”, respeto de “los clientes de sus competidores, “reparto
de los nuevos [clientes]”, intercambio de “información comercial
sensible”. Son los hechos delictivos que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) considera probados y la razón por la que decidió el pasado 26
de enero imponer una multa de 100 millones a las mayores empresas de gestión de
equipamientos urbanos y residuos del país, tal y como adelantó este
diario. “Se repartieron licitaciones públicas”, acordaban no concurrir a
determinadas licitaciones “a cambio de la subcontratación de servicios”. Acuerdos
secretos entre empresas "queencarecieron el coste de los
servicios que se prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las conductas durante
un largo periodo de tiempo". La lista de prácticas anticompetencia es
larga.
Alguna de ellas vinculada a presuntas
comisiones ilegales al PP, las empresas sobre las que han
recaído las mayores sanciones son precisamente las más grandes del sector: Urbaser, del
grupo ACS, 23.3
millones de multa;FCC, 16.8
millones; Valoriza, del
Grupo Sacyr, 15.3
millones; Cespa, del GrupoFerrovial, 13.6
millones… Así hasta 39 empresas y tres asociaciones sectoriales, con multas
sensiblemente menores.
“Práctica
concertada global de reparto del mercado”, respeto de “los clientes de sus
competidores, “reparto de los nuevos [clientes]”, intercambio de “información
comercial sensible”. Son los hechos delictivos que la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probados y la razón por la que decidió el pasado 26
de enero imponer una multa de 100 millones a las mayores empresas de gestión de
equipamientos urbanos y residuos del país, tal y como adelantó este
diario. “Se repartieron licitaciones públicas”, acordaban no concurrir a
determinadas licitaciones “a cambio de la subcontratación de servicios”. Acuerdos
secretos entre empresas "queencarecieron el coste de los
servicios que se prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las conductas durante
un largo periodo de tiempo". La lista de prácticas anticompetencia es
larga.
Alguna de ellas vinculada a presuntas comisiones ilegales
al PP, las empresas sobre las que han recaído las mayores
sanciones son precisamente las más grandes del sector: Urbaser, del
grupo ACS, 23.3
millones de multa;FCC, 16.8
millones; Valoriza, del
Grupo Sacyr, 15.3
millones; Cespa, del GrupoFerrovial, 13.6
millones… Así hasta 39 empresas y tres asociaciones sectoriales, con multas
sensiblemente menores. …
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