CONTRATOS CON SOBRECOSTES: EL CARTEL DE LA BASURA: CORRUPCIÓN-CONCESIONES MILLONARIAS: TOTAL DESCONTROL EN SU EJECUCIÓN: ¿RESPONSABLE DEL CONTRATO?



Lo que se decía … licitación concesional para la recogida de basuras …

El cártel de la basura



La semana pasada, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) impuso una multa de 98,2 millones de euros a 39 contratistas públicos y tres asociaciones dedicados a la recogida de basuras, mantenimiento vial y reciclaje de residuos por "repartirse los clientes de las licitaciones públicas" entre los años 1999 y 2013. El informe (de unas 1.000 páginas) es abundante en pruebas tales como intercambios de e-mails entre las empresas, contactos bilaterales entre éstas, estrategias coordinadas para concurrir o no a concursos públicos, orquestación de precios y pactos de no competencia.

"No me llore nadie, que ya lloro yo por todos ustedes", que dijo el flamenco. La multa equivale, según el expediente, a el 3% del beneficio obtenido por estas empresas, durante 14 años: unos 3.800 millones de euros, salidos de las arcas de ayuntamientos y mancomunidades repartidos por diez comunidades autónomas, Ceuta y Melilla en los que, al parecer, nadie se daba cuenta.

Según relata el informe, la víctima principal durante 14 años ha sido el Ayuntamiento de Madrid, donde la investigación ha verificado que FCC, Ferrovial, Sacyr y ACS se repartieron los contratos de limpieza viaria, la recogida de basuras, el tratamiento de residuos y el mantenimiento de parques y jardines, donde el sobrecoste rondaba el 35%.

Cuando se define la corrupción como el reparto de los recursos comunes entre unos pocos con la connivencia del poder hablamos de este tipo de casos. Y aunque la sanción aplicada en éste no es la más contundente de las impuestas en España, sí es la más dolorosa, puesto que se trata de dinero público y porque quienes han orquestado el cártel durante 14 años son varios de los contratistas del Estado que más se han lucrado al calor del expansivo gasto en infraestructuras y el ladrillo de los años de bonanza: Florentino Pérez y sus socios en ACS (los Albertos y las sagas baleares Fluxá y March), Esther Koplowitz y sus socios en FCC, los dueños de Sacyr (Demetrio Carceller y, hasta 2013, Juan Abelló), la familias andaluzas Benjumea, Aya y Abaurre (Abengoa), y Rafael del Pino y sus hermanos, propietarios de Ferrovial.

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Así amañaba el cártel de la basura: "Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%"

¿Mafiosos de la contratación pública CONCESIONAL?
"No entremos en guerra con otros vertederos"; "aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión"; "cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta". Mensajes de este tipo se extraen de los miles de emails que compañías como FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr se cruzaban para repartirse contratos, clientes y territorios, ofertar precios a la baja y expulsar a posibles competidores, entre otras prácticas ilícitas.

Había en juego un macrocontrato de 542,9 millones de euros. Corría noviembre de 2012 y el Ayuntamiento de Madrid sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización, recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid y otras prestaciones específicas en la zona central”. Las tres grandes del sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el cotarro.

Así lo hicieron constar en un contrato, sellado el 20 de noviembre de ese año, denominado “Acuerdo de participación conjunta”, en el que FCC manifiesta su intención de presentar una oferta a la licitación mencionada y se compromete, en el caso de ser adjudicataria, “a conceder y otorgar a Urbaser y Cespa en la cuenta de participación un porcentaje máximo del 20% a cada una de ellas, pudiéndose incrementar hasta el 40% en el caso de que alguna de ellas decidiera no participar”, según se desprende de la información recogida por la CNMC en los folios 4598 a 4613 de la investigación realizada durante dos años.

"No tiene ningún interés establecer una guerra con los otros vertederos", dijo un director de FCC para Cataluña a su cliente Everest

Los grupos de Esther Koplowitz, Florentino Pérez y Rafael del Pino, respectivamente, habían convenido no presentarse al concurso, porque sabían que al quedarse desierto, sería FCC la que continuaría prestándolo a través de una prórroga otorgada por el ayuntamiento, como así fue. Pero sí habían pactado repartirse el negocio en virtud de los acuerdos previamente firmados, según ha podido constatar la inspección de la CNMC, que encontró esos contratos en los registrosrealizados en la sede de FCC Medio Ambiente.
Éste y otros muchos casos detectados por el regulador en los últimos diez años suponen una “infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia” y han servido de base para imponer multas a Urbaser, FCC y Cespa por valor de 23,3 millones, 16,9 millones y 13,6 millones, respectivamente.

Según los miles de emails y documentos inspeccionados por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay acuerdos secretos por doquier que durante más de una década beneficiaron a 39 empresas y tres asociaciones patronales.

“No tiene ningún interés establecer una guerra con los otros vertederos. (…) Hay que mantener sin cambios la cantidad de toneladas que va hacia los otros vertederos”, dijo el director para Cataluña de FCC Ámbito a un representante de su cliente Everest.

“Entiendo que están pidieron precio para aguas con HC’s de fuera de Cataluña ¿no? No quiero guerras ligadas a terceros, como comprenderás. Por lo tanto, me parece bien un precio para sus aguas de fuera de Cataluña. Con las de aquí no quiero líos”, reza un correo interno de FCC Ámbito en juilo de 2012, que consiguió evitar una guerra de precios con Ecoimsa. …

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El ‘cártel de la basura’ obtuvo cientos de concesiones millonarias en casi toda España



Práctica concertada global de reparto del mercado”, respeto de “los clientes de sus competidores, “reparto de los nuevos [clientes]”, intercambio de “información comercial sensible”. Son los hechos delictivos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probados y la razón por la que decidió el pasado 26 de enero imponer una multa de 100 millones a las mayores empresas de gestión de equipamientos urbanos y residuos del país, tal y como adelantó este diario. “Se repartieron licitaciones públicas”, acordaban no concurrir a determinadas licitaciones “a cambio de la subcontratación de servicios”. Acuerdos secretos entre empresas "queencarecieron el coste de los servicios que se prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las conductas durante un largo periodo de tiempo". La lista de prácticas anticompetencia es larga.

Alguna de ellas vinculada a presuntas comisiones ilegales al PP, las empresas sobre las que han recaído las mayores sanciones son precisamente las más grandes del sector: Urbaser, del grupo ACS, 23.3 millones de multa;FCC, 16.8 millones; Valoriza, del Grupo Sacyr, 15.3 millones; Cespa, del GrupoFerrovial, 13.6 millones… Así hasta 39 empresas y tres asociaciones sectoriales, con multas sensiblemente menores.
“Práctica concertada global de reparto del mercado”, respeto de “los clientes de sus competidores, “reparto de los nuevos [clientes]”, intercambio de “información comercial sensible”. Son los hechos delictivos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probados y la razón por la que decidió el pasado 26 de enero imponer una multa de 100 millones a las mayores empresas de gestión de equipamientos urbanos y residuos del país, tal y como adelantó este diario. “Se repartieron licitaciones públicas”, acordaban no concurrir a determinadas licitaciones “a cambio de la subcontratación de servicios”. Acuerdos secretos entre empresas "queencarecieron el coste de los servicios que se prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las conductas durante un largo periodo de tiempo". La lista de prácticas anticompetencia es larga.
Alguna de ellas vinculada a presuntas comisiones ilegales al PP, las empresas sobre las que han recaído las mayores sanciones son precisamente las más grandes del sector: Urbaser, del grupo ACS, 23.3 millones de multa;FCC, 16.8 millones; Valoriza, del Grupo Sacyr, 15.3 millones; Cespa, del GrupoFerrovial, 13.6 millones… Así hasta 39 empresas y tres asociaciones sectoriales, con multas sensiblemente menores. …

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