AEAT: IMPAGO DE IMPUESTOS: AMNISTÍA FISCAL: 1%: DEMASIADO BARATO

'Caso Rato': Las seis preguntas que debe responder hoy el director de la Agencia Tributaria

Hacienda se guardó un as en la manga para ‘cazar’ a quienes se acogieron a la amnistía
La regularización fiscal aprobada por el Gobierno en marzo de 2012 tenía ‘trampa’. O una bomba de relojería, como se prefiera, que es ahora, precisamente, la que le ha estallado al exvicepresidente Rodrigo Rato con efectos retardados.
La amnistía, como se sabe, exoneraba de responsabilidad penal a quienes hubieran defraudado a Hacienda a cambio de un recargo, pero una instrucciónde la dirección general de Tributos emitida el 27 de junio de ese año, apenas tres meses después de la publicación de la norma, en la práctica vaciaba de contenido esa amnistía.
La instrucción de Hacienda, en concreto, aclaraba que si la Agencia Tributaria en el transcurso de una investigación rutinaria sobre un contribuyente que se hubiera acogido a la regularización –sin tener nada que ver con esta– encontraba alguna irregularidad posterior (aunque fuera de carácter informativo), podría realizar la comprobación tributaria utilizando, precisamente, la información proporcionada por la declaración tributaria especial.
Es decir, que cualquier inspección sobrevenida –incluso mediante un simple procedimiento de comprobación– podría entrar de lleno en el contenido de la declaración del modelo 750, que es el que han utilizado los casi 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía.
Esta instrucción –dictada para resolver los múltiples problemas de interpretación que tenía la norma– nada tiene que ver con la posterior modificación del Código Penal, cuyo artículo 305 dejaba meridianamente claro que “la regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades”. …
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El agujero de la deuda por impagos: Hacienda tiene pendiente el cobro de 50.000 millones







No solo los políticos corruptos se escaquean de pagar a Hacienda. El impago de impuestos ha crecido sobremanera en España durante la crisis.  El agujero para la Administración asciende a más de 50.000 millones de euros. En un informe, el Tribunal de Cuentas señala las carencias de la Agencia Tributaria para recaudar las deudas de los contribuyentes. En 2012 y 2013, años analizados por el órgano fiscalizador, la Administración logró ingresar solo "uno de cada tres euros" pendientes de pago. En esos dos ejercicios la deuda ingresada por el Estado se quedó en el 36% del total
Informe del Tribunal de Cuentas
Diez días atrás, el Tribunal de Cuentas hizo público su informe de fiscalización sobre el cobro efectivo de las deudas tributarias por parte de la Agencia Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda. El documento está plagado de cifras y datos reveladores. Si bien es cierto que el tribunal destaca algunas mejoras en el funcionamiento del organismo encargado de los cobros de impuestos impagados, destacan algunos puntos concretos de este prolijo informe sobre los ejercicios de 2012 y 2013. Y, entre todos esos detalles, destaca sobremanera la cantidad que los españoles debían al fisco a finales de 2013. 

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez

En concreto, el Tribunal de Cuentas señala que la deuda pendiente creció un 9,7% durante los dos años del período fiscalizado. Pasó, más en concreto, de los 45.736 millones de principios de 2012 hasta los 50.174 millones de finales de 2013. "Los datos de series temporales más largas confirman el incremento constante y continuado de la deuda tributaria pendiente al final de todos los años considerados", reza el texto. Ese incremento de la deuda evidencia, lógicamente, que "cada año se fueron incorporando deudas por un importe superior al de las deudas que se cancelaron", ya fuera con ingreso o sin él. 
Un 23% de "riesgo de impago" …

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La amnistía fiscal que destapó la caja de Pandora



En el otoño de 2011 cualquier observador sabía que la situación de las finanzas públicas en España era muy grave: el déficit público estaba sin control en prácticamente todas la Administraciones Públicas. Incrementar la recaudación parecía ineludible si no se quería caer en el colapso. Sin embargo, el programa del PP lo único que descartaba era subir impuestos. 
Real Decreto-ley 12/2012 Aministia FiscalDisposición adicional primera. Declaración tributaria especial
Con este panorama, la primera medida del nuevo Gobierno del PP fue la mayor subida del IRPF de la democracia. Esto pronto se demostró que no era bastante. El 30 de marzo se aprobaba el Real Decreto Ley 12/2012. Esta norma contenía una subida de impuestos a las grandes empresas, cerrando dos grandes agujeros del Impuesto de Sociedades: la ilimitada deducibilidad de los gastos financieros y la libertad de amortización sin mantenimiento de empleo. Eran dos medidas que los inspectores de Hacienda llevábamos años proponiendo. 

El Gobierno aprueba la amnistía fiscal a través del Real Decreto-ley 12/2012

El blanqueo de dinero les llegará a costar a los defraudadores menos del 1%, no el 10% como dicen los medios
Sin embargo, en esta norma, con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros se aprobó la “declaración tributaria especial”. Ésta es la famosa amnistía fiscal del Gobierno del PP. Mediante esta norma, cualquier defraudador pagando un 10% de los activos en los que se hubiese materializado lo defraudado, legalizaba su situación ante Hacienda. Ese mismo día, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, de la que era portavoz, señalaba que la amnistía fiscal era “impresentable”, “injusta” y “antisocial”. Los Inspectores de Hacienda también manifestábamos que era paradójico que “a los que pagan impuestos se les suban” y “a los que no, se les perdonen”. Por último, concluíamos que esta medida dificultaría enormemente la lucha contra el fraude fiscal, e incluso el trabajo ordinario de todos en la Agencia Tributaria y en el resto de la Administración Tributaria. Por estas razones, considerábamos que esta medida, contraria a la Constitución, podía provocar un derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos. 

El desarrollo de esta medida confirmó el deprimente análisis inicial. En primer lugar, en la Orden Ministerial de declaración se permitió aflorar dinero en efectivo, siempre que se ingresase en una cuenta bancaria de la UE o de algunos otros países, desde la que se pagase el 10%. El efectivo no es rastreable, ni se puede conocer cuándo se ha obtenido. Además, en la UE hay países con secreto bancario como Luxemburgo o Austria. Esto podía llevar a que se camuflasen como rentas ocultas afloradas, renta del propio ejercicio. Lo peor de todo era que el origen del dinero podía no ser lícito sino delictivo. Éste es un riesgo capital en cualquier procedimiento “confidencial”, es decir opaco; que se veía acentuado si se regularizaba dinero en efectivo o desde una …

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