MINISTERIO DE INTERIOR: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA: CONTRATACIÓN: ARQUITECTOS: IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN: MALA TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES CAUSA CORRUPCIÓN



Denuncia del Sindicato Unificado de Policia

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha imputado a cinco funcionarios del Área de Arquitectura y Patrimonio de la Policía, perteneciente a la División Económica y Técnica de la corporación, por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras realizadas en las dependencias del cuerpo por toda España.

Anuncio de licitación , anuncio que no hay manera de encontrarlo en el "Perfil de contratante" del Ministerio. Por ello no hemos podido encontrar los pliegos que regulan el contrato. La falta de transparencia es TOTAL...!!! El anuncio en el BOE debería adjuntar los pliegos. 
Los imputados son el jefe del departamento, el arquitecto Luis Losa Sánchez, que lleva más de 20 años en el cargo; su mujer; Santiago Herrador, arquitecto laboral contratado del mismo departamento; Gonzalo Riaño, también arquitecto contratado; y un quinto aún por identificar y que podría estar vinculado con la parte externa al cuerpo de la trama de concesión de obras. La Fiscalía los acusa de los posibles delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.
José Carlos Alcalde, Interventor General de la Administración del Estado, debe velar para que la normativa contractual se aplique con rigurosidad por las Intervenciones Delegadas. ¿Cómo puede ser que la Intervención Delegada en el Ministerio de Interior no detectara estas graves irregularidades en la contratación pública del Ministerio, y tenga que ser el Sindicato Unificado de Policía el que lo denuncie? ¡Una vergüenza! Flaco favor al contribuyente,  el control que se lleva en las Intervenciones Delegadas. Es un mero control formal, no proactivo.

La instrucción, amplia y compleja según fuentes judiciales, está en marcha desde 2012; sin embargo, hace sólo 20 días que se produjeron las primeras imputaciones. La juez Jerez investiga si durante el tiempo que lleva Losa Sánchez como jefe del Área de Arquitectura, bajo el mando de diferentes Gobiernos, su departamento ha adjudicado reformas de comisarías y otras dependencias policiales a dedo y ha incurrido en diferentes ilegalidades.

Acta de una Mesa de Contratación de la Policia
Entre las irregularidades que investiga el Juzgado número 26, explican fuentes policiales, está la adjudicación de obras sin publicidad, el fraccionamiento del coste de los trabajos para evitar que se saquen a concurso, la entrega de honorarios a los conseguidores o la concesión a empresas distintas pero propiedad de la misma persona.
Oferta económica de los licitadores
Una conclusión inadmisible de los integrantes de la Mesa, una vez aperturada la "oferta económica" presentada por los licitadores. Porque, una vez abiertas y leidas las "ofertas económicas" de los licitadores por el presidente de la Mesa de Contratación, la Mesa, obligatoriamente, en la misma acta, debe proponer, al Órgano de Contratación", la "adjudicación del contrato" a la "oferta económicamente más ventajosa". Ya no caben más actuaciones, más informes. De ahí mi perplejidad, al ver en el acta que, trás la lectura de las ofertas económicas de los licitadores, supongo que en "acto público", todavía acuerdan enviar toda la documentación de la licitación al "Área de  Patrimonio y Arquitectura" para que se emita el correspondiente "informe técnico". ¿Para qué, y en base a qué? ¡Qué BARBARIDAD!¡Ponen el carro delante de los bueyes! Incumplen descaradamente la normativa contractual.Y, parece ser, que ni la Intervención, ni la Abogacía del Estado ponen a ello la más mínima objeción. ¿Es que desconocen la normativa contractual al respecto?
“La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulasoferta económica - se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstanciacriterios objetivos cualitativos -, dejándose constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoración separada” (Art. 150.2 infine)(Artículo 26 y 27 RLCSP)

La investigación tiene su origen en un escrito que detallaba en 2012 el proceder de los funcionarios y que fue presentado por un anónimo ante la Intervención Delegada de Hacienda, que a su vez lo remitió a la Dirección General de la Policía y esta a la Unidad de Asuntos Internos. Este último departamento presentó un exhaustivo informe basado en la documentación aportada por el anónimo ante la Fiscalía Anticorrupción, que el año pasado pidió la imputación de los cinco funcionarios ahora señalados por la juez….

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 El Ministerio del Interior sufre un nuevo terremoto interno con epicentro en el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Policía. Tras conocer la imputación de tres empleados públicos del departamento por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras, el director de la corporación, Ignacio Cosidó, ordenó hace dos semanas el cese del jefe de la sección, Luis Losa Sánchez, que ha sido sustituido por la comisaria Carmen Solís, bióloga experta en ADN que viene de gestionar una comisaría de distrito en Aragón y que ayer mismo se incorporó a su nuevo cargo.

La inspectora de policia, Carmen Solís, en el centro.
Durante las últimas dos semanas, el puesto ha estado vacante a la espera de que la nueva jefa se incorporara. Temporalmente, la plaza ha sido ocupada interinamente por el comisario Amador Madejón, que vino desde el municipio madrileño de Coslada para hacerse cargo del Área de Telecomunicaciones de la misma Subdirección, pero que tuvo que compatibilizar este cometido con el de jefe de Patrimonio y Arquitectura hasta la llegada de Solís.



Como podemos comprobar, no se adjunta al “Contrato menor de obras” el “Presupuesto”, que, en último término, es el pliego del contrato, por lo que la información proporcionada por el “Portal de Transparencia”, es nulo, carece de todo valor. La mínima transparencia en la publicación de los “contratos menores de obras” exige que se adjunten los respectivos “presupuestos” (Art. 111.2 TRLCSP)

 (Presidencia, al igual que la IGAE, parece mentira, ignoran lo qué es y cómo hay que tramitar un "contrato menor")

Por otro lado, la exclusión de su publicidad de aquellos “contratos menores” que se tramiten por el sistema de “Anticipos de caja Fija”, algo ilegal, pues los contratos menores no se pueden tramitar por “Caja Fija”, por vulnerar el TRLCSP, añade un plus de falta de transparencia en la contratación pública, a la vez que alimenta la corrupción en la contratación pública. Presidencia del Gobierno desconoce la normativa contractual al comunicar a los gestores que no publiquen los contratos menores tramitados por el sistema de Anticipos de Caja Fija, a la vez que fomenta la corrupción y la falta de transparencia. Con la admisión y el apoyo doctrinal,  por Intervención General de la Administración del Estado, de la posible tramitación de los “contratos menores” por “anticipos de caja fija” (Circular 3/2013, de 6 de marzo de la IGAE) se está vulnerando el TRLCSP, que primero exige la aprobación del gasto (AD), y, una vez realizada la prestación, la factura para el reconocimiento de la obligación (OK)  al tiempo que se fomenta la corrupción en la contratación pública.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, imputó a Losa Sánchez después de que este permaneciera 27 años como jefe del departamento azotado por la corrupción. La juez también imputó a la mujer de Losa Sánchez y a dos empleados públicos del Área de Patrimonio. En concreto, se trata del arquitecto laboral contratado Santiago Herrador y del también arquitecto Gonzalo Riaño, ambos vinculados con la trama de corrupción investigada por la instructora. Existe una quinta imputación que podría haber recaído sobre alguno de los constructores que habitualmente contrataban obras con el departamento bajo sospecha.

La Fiscalía Anticorrupción, que observa al menos los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos en el marco del proceso de instrucción, solicitó la imputación de todos ellos el pasado abril, pero no ha sido hasta hace dos semanas cuando la instructora ha dado su visto bueno en el marco de unas pesquisas que …

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Nicolás planeó reunirse con los arquitectos de la Policía imputados por cobrar comisiones


Son sus tareas del día, escritas a mano por Francisco Nicolás Gómez Iglesias en el verano de 2013. Es jueves 20 de junio e incorpora a sus deberes varios negocios que han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y en medios de comunicación. Se ve con capacidad de tener acceso a ellos, puesto que ese día salieron obras de otras administraciones públicas en el BOE por las que no se interesó. 

En concreto llama la atención la anotación de “Ministerio del Interior. División Económica y Técnica (CNP) 9/10 M”. Ese 20 de junio el BOE publicaba este anuncio para el mantenimiento de los inmuebles policiales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife por un valor total de 9.149.843,18 euros. Y anunciaba otros en el complejo de Canillas y El Escorial fuera de este contrato.


Esta anotación adquiere relevancia después de que el juzgado de instrucción número 26 de Madrid imputara ayer a cinco funcionarios de la División Económica y Técnica de la Policía por adjudicar obras a cambio de comisiones. Los imputados son el jefe del departamento, el arquitecto Luis Losa Sánchez, que lleva más de 20 años en el cargo; su mujer; Santiago Herrador, arquitecto laboral contratado del mismo departamento; Gonzalo Riaño, también arquitecto contratado; y un quinto aún por identificar. Se les acusa de los posibles delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

Por la Unidad de Asuntos Internos que lleva las diligencias de estos hechos desde 2012 han pasado más de una treintena de funcionarios y se investiga a los jefes de la División Económica y Técnica a lo largo de diferentes gobiernos.

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 La Unidad Asuntos Internos sospecha que el jefe del Área de Arquitectura de laPolicía, Luis L. S. –imputado por en el caso de la adjudicación de obras–, utilizó una empresa que estaba a nombre de su mujer, Azucena M. S., para cobrar por supuestos servicios de asesoría a arquitectos a los que, por otro lado, contrataba desde el departamento que dirigía para realizar obras en comisarías.

La sociedad, denominada Consultoría y Gestión Archena, fue constituida en 2001 por Azucena M. S. –también imputada en el caso– y se mantuvo activa hasta 2013, según consta en el Registro Mercantil. El objeto social de la firma –domiciliada en la vivienda que compartía la pareja–, era el “asesoramiento” en materia de “proyectos de arquitectura y de dirección de obras de construcción”, una actividad cuando menos llamativa teniendo en cuenta que la administradora única de la empresa era farmacéutica de profesión y no tenía ningún empleado.

La empresa es, de hecho, uno de los ejes de la investigación que dirige el Juzgado número 26 de Madrid en colaboración con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. De ahí que, según cuentan fuentes judiciales, los agentes que se encargan de las pesquisas desde hace tres años hayan preguntado insistentemente a la práctica totalidad de los miembros del Área de Arquitectura –conformada por una treintena de personas– por esta polémica sociedad durante la toma de declaraciones que han practicado a lo largo de los últimos meses.

En varios casos, explican las mismas fuentes, los técnicos que contrataban los servicios de Archena eran al mismo tiempo adjudicatarios de las obras que desarrollaba el Área de Arquitectura de la Policía, extremo que lleva a los investigadores a plantearse la posibilidad de que esta sociedad realmente sirviera para cobrar los favores que por otro lado Luis L. S. hacía a sus amigos adjudicándoles obras…

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