CURSOS DE FORMACIÓN: PATRONAL Y SINDICATOS: LA GRAN ESTAFA NACIONAL: CONTRATOS DE SERVICIOS


Los mal llamados “cursos de formación” dados por el Estado y las Comunidades Autónomas, cursos financiados con subvenciones a Patronal y Sindicatos “a dedo”, son auténticos “contratos de servicios(Art. 10 TRLCSP) para cuya adjudicación deben, previamente,  licitarse por el procedimiento que haya establecido y se corresponda con la normativa contractual del Reino de España y de la Unión Europea.

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucia, no persigue la corrupción de los llamados "cursos de formación"

 El PP pide a Díaz que no defienda “lo indefendible” y la Junta insiste en un “gran montaje” del Gobierno

El portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, cree que las informaciones sobre fraude en los fondos de formación responden a “un gran montaje” del Gobierno central, mientras que el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha pedido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que asuma sus responsabilidades. Por su parte, el diputado autonómico de IU y portavoz de Hacienda y Economía, Ignacio García, ha mostrado su “preocupación y cautela” por las informaciones sobre este presunto fraude y ha pedido la urgente comparecencia del consejero de Educación, Luciano Alonso.

Por su parte, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, ha expresado en declaraciones a Efe su “enorme preocupación” por la “imagen negativa” para Andalucía de la investigación sobre este supuesto fraude, aunque ha asegurado que no es “masivo”.

En la última entrada de su blog personal en Internet, el portavoz de la Junta dice que la noticia sobre un supuesto fraude masivo en los fondos de formación se ha convertido con el paso de las horas en “una patraña, en una filtración interesada y tendenciosa” e interpreta que responde a una “burda operación para atacar al Ejecutivo andaluz deformando la realidad de manera espuria”.

“El Ministerio del Interior, o algunos de sus componentes, han intentado hacer de ariete contra Andalucía y contra la Junta difundiendo una gran mentira amparándose en la cobardía de unas fuentes anónimas”, añade el portavoz andaluz.

“La Junta no tiene nada que ocultar”.-El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser que la Junta no tiene “nada que ocultar” y que llegará “hasta el final” para descubrir “si es que las hay” las posibles ilegalidades en la gestión de los fondos de formación que investiga la Policía.

El diputado autonómico de IU, Ignacio García, ha señalado, en declaraciones a Efe, que estas informaciones le parecen “confusas” y, en algunos casos, “interesadas”, pero ha pedido a Alonso que aclare cuanto antes estas denuncias porque “no podemos esperar a que llegue la Guardia Civily te revise los papeles de la sede -ha apostillado-”.

Por su parte, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha pedido a la presidenta regional, Susana Díaz, que asuma sus responsabilidades en este caso y ha opinado, en una entrevista con Efe, que solo cinco semanas después de que él fuera elegido “ya se ha roto el guión” y se empieza a “criticar” a la jefa del Ejecutivo autonómico.

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Un informe pone al descubierto el descontrol total en las ayudas a la formación

Alaya, la juez indomable


Pedro Pacheco,
ex alcalde de Jerez ahora en prisión, hizo famosa su expresión: "La justicia es un cachondeo". Parece que no es lo único que lo es. Además de 
los ERE, lo que parece verdaderamente un cachondeo son los cursos de formación impartidos en la provincia de Cádiz para parados y ocupados desde 2009 a 2012, fechas elegidas para la muestra investigada por la Intervención. En su informe, la Intervención concluye que "en todos los expedientes analizados. (...) se ha concedido la ayuda a beneficiarios no inscritos" en el Registro Andaluz de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.
Además, las conclusiones de la Intervención añaden las siguientes constataciones:
- Se ha constatado una demora en la finalización de los expedientes. De muchos de los cuales, después de cuatro años, aún no se ha tramitado la justificación.

- Se han producido asimismo incumplimientos significativosconsiderando lo dispuesto en la normativa reguladora, Ley General de Subvenciones el inicio y desarrollo.
- Muchas de las acciones formativas se han condicionado al cobro del anticipo.

- Se realizan modificaciones de los plazos de ejecución que tienen una incidencia en distribución temporal de los créditos, sin que se haya tramitado el correspondiente reajuste de anualidades.

- En ninguno de los expedientes se acredita la publicación en BOJA, requisito exigido por el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública.

- De los cincuenta y cinco expedientes seleccionados en el muestreo realizado únicamente doce se acompañaban de alguna documentación justificativa que permitiera la comprobación de los mismos. En estos casos, la documentación aportada o es incompleta o es fotocopia simple de facturas o documentos justificativo sin que la misma pueda revestir el carácter de documento auténtico.

- No queda constancia en los expedientes cual ha sido el criterio de selección de los alumnos, ni de la documentación que la soporte. En otros casos, no queda constancia del cumplimiento de los alumnos de las condiciones mencionadas ni por qué no se usó el procedimiento de concurrencia competitiva.

- En ninguna de las subvenciones analizadas existe documentación que acredite que se han realizado las evaluaciones o el Informe de Impacto de la Formación Profesional para el Empleo.

- En las subvenciones analizadas imputadas a créditos de Fondos Europeos, servicio 16, Fondo Social Europeo, obran en los expedientes documentos de verificación editados en las fase de pagos a justificar, situación incompatible con la exigencia contenida en el artículo 39 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen las normas de gestión y coordinación de las intervenciones financiadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Ni los beneficiarios justifican en los plazos establecidos en la Resolución de concesión o en las resoluciones de modificación, ni la Junta requiriódicha justificación.

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Claves para no perderse en el caso de los cursos de formación de Andalucía


El órdago de la Junta de Andalucía contra Mercedes Alaya en el caso del presunto fraude en suvenciones públicas para cursos de formación está ahora en el tejado de las partes personadas. El Gobierno autonómico solicitó a finales de octubre la nulidad de la causa porque considera que puede existir "vulneración del principio de juez natural", acusando a la omnipresente jueza de "autoatribuirse" el caso.

Alaya, de momento, ha aceptado el envite y ha preguntado a las partes para que se pronuncien al respecto. Pero ¿qué está investigando Alaya en concreto? ¿Qué investiga entonces el resto de juzgados? ¿Quiénes están imputados? ¿Con qué se corresponden las supuestas facturas falsas de UGT-A? ¿Por qué parecen enfrentados la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿Qué está haciendo la Junta al respecto? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿A qué se refieren las cifras que aportan los consejeros en el Parlamento?

El tema de los cursos de formación se empieza a contar desde el principio. ¿Cuándo empezó todo? La alerta sobre posibles irregularidades en los cursos de formación saltó cuando la Cámara de Cuentas publicó  un informe en enero de este año en el que aseguraba haber detectado "irregularidades" en la gestión de estos fondos públicos en los años 2009 y 2010, y donde recordaba que las subvenciones se instrumentaban a través de convenios de colaboración, abonándose por el importe total sin necesidad de justificación previa.

El caso de las facturas falsas de UGT-A.-Pero la política de subvenciones para la formación desarrollada por la Junta de Andalucía ya estaba bajo lupa meses atrás. El escándalo de las facturas falsas en el seno de UGT-A ya había ocupado bastante espacio en prensa. En diciembre de 2013,  su sede fue finalmente registrada dentro de una operación de la Guardia Civil a cuenta del uso de los fondos de formación. Este asunto está ya también en sede judicial. Los dos últimos secretarios regionales, el histórico Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, han sido llamados en calidad de imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que dirige el juez Juan Jesús García Vélez. El primero no ha declarado por enfermedad y el segundo prefiere hacerlo cuando esté toda la documentación presente en las actuaciones, aunque ya rechaza de plano las acusaciones.

Las pesquisas de la UDEF .-La cuestión es que en abril de este año trascendía también que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaba desarrollando una investigación sobre un presunto fraude en relación con cursos de formación para desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo. Las pesquisas, que levantaron  una polvareda política entre Junta y Estado por la filtración de cifras relacionadas con el supuesto fraude, estaban centradas en principio en la provincia de Málaga, pero también se llevaron acabo en otras provincias, donde se siguen investigando y donde alumnos de cursos están prestando declaración en calidad de testigos de los supuestos fraudes en las diferentes provincias. …

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