CONTRATACIÓNPÚBLICA: TRIBUNAL DE CUENTAS: NO SE CUMPLE LA NORMATIVA CONTRACTUAL: RECOMENDACIONES EN VEZ DE EXIGENCIAS

El Tribunal de Cuentas, en su Informe de fiscalización sobre el Sector Público Estatal, se queda corto al  hablar sólo de anomalías y limitarse a formular recomendaciones, sin exigir responsabilidad alguna a los gestores contractuales, a pesar del sonoro incumplimiento, de forma generalizada,segúnelpropio informe, de la normativa sobre contratación pública.
¿Quién fiscaliza al Tribunal de Cuentas?¿Al Congreso? ¿Al Senado? ... etc...? Porque sus ingresos también se nutren de nuestros impuestos.
Montoro, ministro de Hacienda, partido político PP gobernante, no quiere que los Órganos Constitucionales sean auditados/fiscalizados. ¿Por qué será? Eso es letal para la TRANSPARENCIA que debe imperar en el manejo de los fondos públicos, fondos públicos provenientes de los IMPUESTOS  de los contribuyentes.
Freno a la transparencia: los Órganos Constitucionales ni rinden cuentas de su gestión ni dejan que sean auditados por la Intervención General de la Administración del Estado. 
¿Dónde está la tan cacareada TRANSPARENCIA que predica el Ejecutivo de Mariano Rajoy?
¿Por qué ocultan el manejo de los fondos públicos?¿No es también eso corrupción política,al fin y al cabo corrupción?
 
Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas ... SIN TRANSPARENCIA.
Los órganos constitucionales seguirán, por ahora, sin ser fiscalizados. El Ministerio de Hacienda ha aplazado 'sine die' la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas analice a fondo los balances de la Casa Real, el Congreso de los Diputados y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo

Estos órganos, aunque forman parte del sector público, no están integrados en la Administración General del Estado (AGE) porque carecen de personalidad jurídica. El registro y gestión contable, NO FISCALIZACIÓN, de las operaciones presupuestarias y económico-patrimoniales se efectúa por la oficina de contabilidad de la Intervención Delegada del Ministerio de Economía mediante un informe agregado, por lo que esos órganos con dotación diferenciada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) carecen de estados contables propios y, por tanto, no se responsabilizan de esas cuentas.

El parón ha causado estupor entre los funcionarios del Tribunal de Cuentas. Daban por hecho que los PGE de 2015 sentarían las bases para que, en un futuro cercano, todos los órganos constitucionales 


Todos los ministerios incurrieron en irregularidades en 2012: Hasta encriptan, ilegalmente, como el ADIF, el "Perfil de Contratante"
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe impulsar el conocimiento por los gestores de la normativa contractual y exigir, a los órganos de control interno, especialmente a la IGAE, un mayor rigor en la fiscalización del gasto público destinado a la contratación pública. Asimismo, debe modificar la normativa vigente imponiendo la fiscalización previa de los "contratos menores", contratos que nunca se pueden tramitar por el procedimiento de "Anticipo de Caja Fija".
En el año 2012, ningún ministerio superó el examen del Tribunal de Cuentas. Todos ellos incurrieron en algún momento en irregularidades administrativas a la hora de cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente en el ámbito de la contratación pública. Esta conclusión se desprende del Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público estatal celebrado durante el ejercicio 2012, aprobado el pasado 20 de diciembre por el Pleno del organismo fiscalizador del Estado.
José Carlos Alcalde, Interventor General de la Administración del Estado ... contratación pública abandonada ... gran sequía contractual.
Las irregularidades son principalmente incidencias registradas en alguna de las distintas fases del proceso de contratación pública: desde la preparación, perfección y adjudicación, hasta la ejecución, modificación y, finalmente, su extinción. Principalmente, las incidencias suelen estar relacionadas con la vulneración de alguno de los tres principios que según el organismo debe cumplir todo contrato público: legalidad, eficiencia y economía.

Si bien en todos los ministerios se adjudicaron contratos que no se adaptan estrictamente a lo establecido en la legalidad vigente,generalmente se trata de incidencias menores. Así, a lo largo del informe, de más de doscientas páginas, se repasan uno por uno todos los ministerios, así como hasta cien entidades públicas dependientes de éstos y otras entidades públicas.

En el análisis del cumplimiento de los requisitos legales en las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, el informe apunta que, en un significativo número de expedientes, no se acredita suficientemente la necesidad de la operación que es objeto de …

El Tribunal de Cuentas ve un exceso de contratos pactados entre Administración y Empresas

¿Se refiere el Informe a los contratos adjudicados por el "procedimiento negociado"? En otro caso serian ILEGALES no teniendo justificación alguna, salvo que sean secretos. ¿Dónde autoriza la ley esos contratos pactados? Hay muchos, muchísimos "procedimientos negociados", efectivamente demasiados, vulnerando la legalidad contractual,  porque los gestores ignoran que existen los llamados "acuerdos marco" (Art. 180 TRLCSP) y los "sistemas dinámicos de contratación"(Art. 183 TRLCSP), y, en su ignorancia, no los aplican  a su gestión. Y, así, los contribuyentes pagamos impuestos que luego se dilapidan sin sentido por no saber aplicar los procedimientos contractuales. El ministro de Hacienda, Sr. Montoro, debería tomar buena nota y exigir elcumplimiento de la ley de contratos a los gestores públicos. El despilfarro en el gasto público genera frustración en el contribuyente abocando, irremediablemente, al fraude fiscal. 
El Tribunal de Cuentas critica el exceso de acuerdos previos entre las administraciones públicas y algunas empresas a la hora de contratar, una práctica que, si bien puede estar justificada por razones técnicas en determinados casos, supone una traba para el acceso a las licitaciones.
Así consta en el 'Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público estatal celebrado durante el ejercicio 2012', que recoge Europa Press y en el que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda advierte de la falta de concreción sobre cuándo se aplica el procedimiento negociado sin publicidad en la contratación.

Un proceso que "en ocasiones se justifica por la existencia de un acuerdo previo firmado con la empresa adjudicataria debido a la complejidad técnica de las prestaciones a realizar" y, otras veces, por la obligación de encargárselo a un empresario en concreto dadas razones técnicas, artísticas o de protección de derechos exclusivos, por la necesidad de secreto o por ser el único que puede llevar a cabo el trabajo.

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Algunas perlas del Informe del Tribunal de Cuentas ... Exigencia de cumplimiento SI; recomendación NO.
Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas del Reino de España


Pero, del "perfil de contratante" (Art. 53 TRLCSP) el TC no dice nada, ni lo menta ... cuando una adecuada publicidad a través de la página web del Órgano de Contratación, publicidad exigida por la ley, es fundamental para fomentar la concurrencia y evitar las componendas en la presentación de ofertas por parte de los licitadores. 
Sin acceso directo e inmediato, exige "registrarse" para poder acceder,  a los pliegos del contrato que se licita, el "perfil de contratante" es una verdadera y auténtica burla, procedimiento seguido por pequeños dictadores de lo público. Así el ADIF impide el acceso a los pliegos, tanto de cláusulas administrativas como de prescripciones técnicas, exigiendo el registro previo, algo que no establece el TRLCSP ni puede exigir el poder adjudicador, y que no exige, tampoco, la ley de transparencia.
Marta Silvade Lapuerta, Abogada General delEstado-Directora del Servicio Jurídico del Estado
Tampoco dice NADA  el Tribunal de Cuentas de los "convenios de colaboración", ilegales según la ley de contratos y el TJUE, que tienen suscritos los Abogados del Estado con parte del sector público empresarial, por cuya asistencia cobra la Abogacía General del Estado, salvo que la misma lo desmienta, alrededor de veinte (20) millones de euros al año, ingresos que, además, están afectados a la masa retributiva del Cuerpo, sin que ninguna ley, que se sepa, establezca tal afectación, importe pingüe que se reparte, ilegalmente por su procedencia ilegal, entre la nomenclatura del Servicio Jurídico del Estado y los Abogados del Estado en provincias. 

Veamos lo que dice la propia página web de la Abogacía General del Estado en relación con sus"convenios de colaboración":


·Sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones/Convenios de colaboración/Contraprestación por los servicios de asistencia jurídica.- Podrá encomendarse a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado la asistencia jurídica (consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio), de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones cuya dotación hubiera sido aportada, en todo o en parte, por el Estado, sus organismos autónomos o los restantes organismos o entidades públicos, mediante la formalización del oportuno Convenio. La asistencia jurídica a estas sociedades y fundaciones será efectiva tan pronto como suscriban con la Administración General del Estado los correspondientes convenios de colaboración. En tales convenios se determinará la compensación económica que la sociedad o fundación abonará como contraprestación por los servicios de asistencia jurídica.
·Comunidades Autónomas/Convenio de Colaboración.- El Servicio Jurídico del Estado podrá prestar asistencia jurídica a las Comunidades Autónomas mediante la celebración del oportuno Convenio de Colaboración. El Convenio de asistencia jurídica deberá celebrarse entre el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
· Corporaciones locales/Convenio de Colaboración.- El Servicio Jurídico del Estado podrá prestar asistencia jurídica a las corporaciones locales mediante la celebración del oportuno Convenio de Colaboración. El Convenio de asistencia jurídica deberá celebrarse entre el Ministro de Justicia y las corporaciones locales interesadas o las federaciones en que éstas se integran, a propuesta o previa audiencia de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
·Puertos del Estado/Autoridades Portuarias/Convenios de naturaleza jurídico-pública retribuidos.-La asistencia jurídica al ente público Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias se prestará por el Servicio Jurídico del Estado, en los términos establecidos en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado aprobado por Real Decreto 997/2003de 25 de julio y en los convenios de naturaleza jurídico-pública que se suscriban al efecto.

Pero, ¿qué dice la ley de contratos al respecto (TRLCSP)?:


Negocios y contratos excluidos del TRLCSP.-1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: … c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley. d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales” (Art. 4 TRLCSP)



La asistencia jurídica, fruto de esos convenios, Anexo II, categoria 21.- servicios jurídicos, genera un contrato, no un convenio,  sometido a la ley (TRLCSP), contrato que hay que licitar y adjudicar por el procedimiento contractual legalmente establecido, siendo, por tanto, ilegales los convenios que se formalicen en esta materia. Véase la siguiente sentencia del TJUE que condenó al Reino de España:


Pero de éste asunto nada dice el Tribunal de Cuentas, ni, por supuesto, la Intervención General de la Administración del Estado en sus auditorias de fiscalización del gasto público cuando audita las entidades públicas empresariales o las sociedades mercantiles públicas. Seria conveniente que el Consejo de Estado dictaminara sobre éste asunto. También sería interesante que el Consejo de Estado dictaminara sobre la legalidad de los contratos de las empresas públicas en el exterior, dado que las empresas públicas se crean para satisfacer fines de interés general, no para competir o concurrir en UTE, con otras empresas, en el extranjero.

Si ésto no es correcto, que se desmienta.