SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL: DELITO DE MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS


El Tribunal Supremo extiende el delito de malversación a todas las empresas públicas

Sector Público Empresarial y Fundacional ... Todo un  exceso totalmente innecesario ...
La sentencia es del pasado 7 de octubre, y supone básicamente extender el delito de malversación de fondos públicos a todas las empresas y sociedades mercantiles, aunque sean entes instrumentales y no tengan carácter de Administraciones Públicas. Es decir, que quienes se apropien de dinero público tendrán un agravante al tratarse de una Administración, aunque sea periférica.


Hasta ahora, como sostiene el magistrado José Ramón Chaves, el artificio para la defensa del delincuente que saqueaba una sociedad pública consistía en invocar, precisamente, que el tipo penal de la malversación se orienta exclusivamente sobre los “fondos públicos” de manera que no cabría forzar el tipo para cubrir los “fondos privados” de sociedades o entidades que, perteneciendo al sector público, se ajustaban en su actividad al Derecho privado.

La "malversación de fondos públicos" en el Sector Público Empresarial

La sentencia de la Sala Segunda del Supremo ha sido firmada por los magistrados Sánchez MelgarMonterde, BerdugoFerrer García y Perfecto Andrés Ibáñez y supone un paso más en la lucha contra la corrupción, toda vez que en los últimos años ha crecido de forma notable el número de entidades públicas que, en realidad, operan como si se tratara de empresas privadas.


Un proceso imparable que algunos especialistas han denominado "huida del derecho administrativo”. En palabras del Supremo, la progresiva ampliación del sector público con la aparición en su seno de entidades que vienen a prestar servicios de responsabilidad pública en régimen de Derecho privado “acrecienta la dificultad” de identificar qué debe entenderse como caudales o fondos públicos.


El Supremo extiende la malversación al mundo de las sociedades públicas


La reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de Octubre de 2014 (rec.238/2014) da un valiente y didáctico paso adelante para incluir dentro del delito de malversación de fondos públicos, la apropiación por personal laboral de entidades y sociedades mercantiles del sector público, considerando que pese a ser entes instrumentales y no tener carácter de Administraciones públicas, sus fondos han de calificarse como “públicos” y por ello, a los que se apropian de los mismos, les caerá el peso de la ley penal, especialmente gravoso y cualificado cuando se trata de robar lo que es de todos. Diríase que la huida del Derecho Administrativo se trunca con la captura por el Derecho Penal.

Nótese que el artificio para la defensa del delincuente que saqueaba una sociedad pública, consistía en invocar que el tipo penal de la malversación se orienta exclusivamente sobre los “fondos públicos” de manera que no cabría forzar el tipo para cubrir los “fondos privados” de sociedades o entidades que perteneciendo al sector público, se ajustaban en su actividad al Derecho privado.

Esto es lo que hacen y predican los  políticos delincuentes ...

Pues bien, la Sala de lo Penal de forma tajante y clara, “levanta el velo” de esas entidades y fija criterios sobre cuando ha de entenderse que las entidades del sector público manejan “fondos públicos”. Veamos.

1. Primero, la sentencia aborda el concepto clásico de “fondos públicos” referido a Administraciones o entes públicos sometidos al Derecho Público:
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Los fondos para la formación dados a patronal y sindicatos, en cuantias millonarias, por todos los gobiernos, son ilegales porque los “cursos de formación” no son otra cosa que “contratos de servicios”, cuya norma reguladora es la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCSP)

Malversación de subvenciones públicas por los sindicatos...