CURSOS DE FORMACIÓN: PATRONAL Y SINDICATOS: TOTAL DESCONTROL: TOTAL CORRUPCIÓN


La falta de control es la causa del fraude y la corrupción en la utilización de fondos públicos. ... Pero nadie quiere poner control al dinero público ... A RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES ... Así se fomenta la corrupción ... 

Reformas legales URGENTES: … Tipificación expresa como «organización y grupo criminal» de la asociación entre responsables políticos y actores económicos para cometer delitos de cohecho y prevaricación. Aumento de los plazos de prescripción, hasta un mínimo de diez años, en el caso de delitos de corrupción. Fortalecimiento de la Acción Popular, especificando su legitimación y su capacidad acusatoria en todos los casos donde se aprecie interés general. En el proceso penal por corrupción se exigirá la instrucción paralela y única de la que recibe o exige la dádiva y el que la ofrece o da. Tipificación penal de la financiación ilegal de partidos. 
La lucha contra la corrupción ... ¿Acabará como el juez Elpidio?

Los llamados "cursos de formación" de patronal y sindicatos son auténticos "contratos de servicios" (Art. 10 TRLCSP) que se adjudican ilegalmente de forma directa, ya que su adjudicación dbe someterse al procedimiento legalmente establecido que, no es otro, que su sometimiento íntegro a la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Cándido Méndez supo del fraude de la formación en UGT-A en 1998


El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, no puede decir que ignorase que podía haber prácticas irregulares en la gestión de los cursos de formación en el seno de su sindicato, que dirige desde hace 20 años. Las conoce al menos desde 1998, cuando el que fuera secretario general del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le remitió un informe con 96 documentos y grabacionessobre irregularidades, como el desvío de fondos para cursos por parte del entonces responsable de la Federación de Servicios Públicos (FSP) en Málaga, Francisco Povedano.

Povedano fue sancionado entonces con seis meses de suspensión de militancia por irregularidades en el manejo de fondos de la FSP, pero Méndez archivó el informe en un cajón y guardó silencio, mientras Triviño optaba por presentar su dimisión. Meses después, el sindicato Manos Limpias denunciaba el fraude ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y la Policía Nacional comenzaba unas investigaciones que darían lugar a laimputación penal de Francisco Povedano por malversación de fondos públicos.

En las diligencias judiciales que se abrieron entonces en el Juzgado de Instrucción 9 de Málaga fueron imputados otros dos dirigentes de la FSP junto a Francisco Povedano, además del director de una academia abierta en Málaga para impartir cursos de formaciónllamada Sustrebla, que, curiosamente, utilizaba para las clases una antigua sede del PSOE en la avenida de Los Guindos de Málaga capital.


La Guardia Civil cree que el fraude de la formación es "la vía más importante en la financiación" de UGT-A

 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desarrollado unaoperación en Andalucía contra un presunto fraude de los cursos de formación de UGT en Andalucía. La operación, coordinada por el juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García, afecta a la anterior cúpula de UGT cuyos escándalos fueron destapados porLibertad Digital. La operación se ha efectuado en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía.

Federico Fresneda, ex secretario de recursos humanos de UGT y durante años responsable casi en exclusiva de las finanzas de UGT Andalucía en los últimos 15 años, es uno de los detenidos según anticipó Libertad Digital esta mañana al tratar con fuentes próximas a la investigación. Al no estar en su domicilio cuando llegó la Guardia Civil, se advirtió a la asistenta y se procedió al registro de su casa.

Igualmente se ha registrado el domicilio de Lola Sánchez, la ex jefa de Compras de UGT Andalucía, cuya firma está en casi todos los documentos relacionados con el falseamiento de facturas. También se ha sabido que algún trabajador o accionista de la sociedad Soralpe podría estar detenido. Además, hay otros doce detenidos.


La Guardia Civil acusa a UGT de un fraude sistemático con subvenciones



La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido hoy a 14 personas en Sevilla, Jaén y Madrid y ha practicado seis registros en esas mismas ciudades, en relación con las facturas falsas elaboradas por empresarios y trabajadores de UGT Andalucía y que fueron abonadas por la Junta de Andalucía con cargo a los cursos de formación. Las facturas supuestamente fueron facilitadas por los empresarios a empleados del sindicato, según fuentes del caso. Uno de los registros ha sido practicado en la casa del extesorero del sindicato en Andalucía Federico Fresneda, quien se encontraba en Canarias, donde ha sido detenido.

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Cirene, inspeccionó esta mañana la empresa de mobiliario de oficinas Chavsa de Sevilla, que ya se vio relacionada con la contabilidad de UGT cuando Fresneda era responsable de las finanzas del sindicato. Junto a este, han sido arrestados otros dos trabajadores de UGT.

La operación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, cuyo titular, Juan Jesús García Vélez, mantiene bajo secreto esta investigación. También participan la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los tres registros de Sevilla son en la mencionada empresa Chavsa, en el polígono Hytasa y en la calle Feria, en el centro histórico de la ciudad.


La Guardia Civil descubre la «caja B» de UGT
               La Guardia Civil descubre la «caja B» de UGT


Alaya, la juez indomable


Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están convencidos, a estas alturas de las investigaciones, de que la Unión General de Trabajadores de Andalucía estableció toda una estrategia para configurar una caja «B» en el sindicato, con un montante que, de momento, no se ha podido determinar pero que se cree cuantioso, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se trata de un paso cualitativo en la investigación, ya que los investigadores tratan de descifrar el funcionamiento de la contabilidad ugetista y el destino último del dinero acumulado a través de las facturas falsas o hinchadas que pactaban con sus proveedores de confianza y presentaban a la Junta de Andalucía para justificar subvenciones para formación de trabajadores y otros programas de carácter finalista.

La detención ayer por la Benemérita del que fuera vicesecretario general de Administración y Recursos de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía, Federico Fresneda, que se encontraba en Canarias y cuyo domicilio en un céntrico barrio de Sevilla fue registrado, se considera como un paso importante en la investigación de la UCO sobre el uso fraudulento de los fondos destinados a la formación de trabajadores y a otros programas subvencionados por la Administración regional. Se trata de una persona de la absoluta confianza del que fuera secretario general del sindicato, Manuel Pastrana, y que ocupó varios puestos de responsabilidad en la organización entre 1998 y 2013, momento en el que éste dejó de ser secretario general y accedió al cargo Francisco Fernández, que dimitió cuando trascendió el escándalo. Los investigadores consideran que el caso terminará con la implicación, aún por determinar a qué nivel, de la Junta de Andalucía, Administración que debía vigilar el buen uso del dinero público concedido.

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La juez Mercedes Alaya ha preguntado este lunes a Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla que denunció "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, si a su juicio la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe)"era una fundación que financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía" para el desarrollo de acciones formativas.

Durante su sexta jornada ya de declaración como testigo, la juez Mercedes Alaya ha tomado la palabra nuevamente para preguntar al testigo lo anterior tomando como referencia el hecho de que la Faffe "se ha visto beneficiada con multitud" de subvenciones "en virtud" de un trato "claramente privilegiado" del que "ha debido obtener importantes rendimientos", ya que, según ha recordado la instructora, el propio Teodoro Montes dijo que "las acciones formativas estaban muy bien pagadas".

El testigo ha dicho que no puede contestar directamente porque en este momento le asaltan "numerosas dudas que no tienen respuesta", como por ejemplo por qué la fundación estaba integrada por personas que han desempeñado determinados cargos en el PSOE y sus familiares directos o dónde han ido a parar los "abundantes" fondos que percibía, y ha destacado que se trataba de una fundación que "acogía" a antiguos cargos socialistas, concejales, alcaldes o familiares directos de estos que, actualmente, trabajan en la Administración.




La juez Mercedes Alaya, que instruye una nueva macrocausa sobre los fondos de formación en Andalucía, no se ha andado con rodeos. Cuando algunos ponen en duda su competencia en este caso, la juez ha dejado claro que no piensa amedrentarse y que sus miras están puestas más allá del fraude de los cursos en una supuesta financiación ilegal del PSOE con estos fondos. En la sexta jornada de declaración de su principal testigo en esta causa, el funcionario Teodoro Montes, la magistrada le ha preguntado directamente sobre si la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el epicentro de la supuesta trama, “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía”, según fuentes judiciales.

El testigo ha eludido contestar directamente a la pregunta aunque ha dejado claro sus “numerosas dudas” y ha subrayado que este organismo, extinguido en mayo de 2011, estaba integrado por cargos en el PSOE y familiares directos, antiguos alcaldes y concejales socialistas, que ocupaban los puestos de trabajo en esta fundación y cobraban “hasta tres y cuatro veces más” que cualquier funcionario.

Cuando arrecian las críticas contra la instrucción de la juez Alaya y algunos tratan de poner en entredicho la validez de este testigo, funcionario de la administración desde hace más de 40 años y en una personal cruzada contra sus superiores, la magistrada ha dejado constancia de por dónde van sus indagaciones. Teodoro Montes se dirigió a las puertas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hace más de un año y fue reconducido la UCO de la Guardia Civil, el brazo armado de Alaya en el caso ERE