La falta de control es la causa del fraude y la corrupción en la utilización de fondos públicos. ... Pero nadie quiere poner control al dinero público ... A RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES ... Así se fomenta la corrupción ...
Cándido Méndez supo del fraude de la formación en UGT-A en 1998
Reformas
legales URGENTES: … Tipificación expresa como «organización
y grupo criminal» de la asociación entre responsables políticos y actores económicos para
cometer delitos de cohecho y prevaricación. Aumento de los plazos de
prescripción, hasta un mínimo de diez años, en el caso de delitos de
corrupción. Fortalecimiento de la Acción Popular, especificando su legitimación
y su capacidad acusatoria en todos los casos donde se aprecie interés general.
En el proceso penal por corrupción se exigirá la instrucción paralela y única
de la que recibe o exige la dádiva y el que la ofrece o da. Tipificación penal
de la financiación ilegal de partidos.
 |
| La lucha contra la corrupción ... ¿Acabará como el juez Elpidio? |
Los llamados
"cursos de formación" de patronal y sindicatos son auténticos
"contratos de servicios" (Art. 10 TRLCSP) que se adjudican ilegalmente de forma
directa, ya que su adjudicación dbe someterse al procedimiento legalmente
establecido que, no es otro, que su sometimiento íntegro a la LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO.
Cándido Méndez supo del fraude de la formación en UGT-A en 1998
El
secretario general de la UGT, Cándido Méndez, no puede decir que ignorase que
podía haber prácticas
irregulares en la
gestión de los cursos de formación en el seno de su sindicato, que dirige desde
hace 20 años. Las conoce al menos desde 1998, cuando el que fuera secretario
general del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le remitió un informe
con 96 documentos
y grabacionessobre irregularidades, como el desvío de fondos
para cursos por parte del entonces responsable de la Federación de Servicios
Públicos (FSP) en Málaga, Francisco Povedano.
Povedano fue sancionado entonces con seis meses de suspensión de
militancia por irregularidades en el manejo de fondos de la FSP, pero Méndez
archivó el informe en un cajón y guardó silencio, mientras Triviño optaba por presentar
su dimisión. Meses después, el sindicato Manos Limpias
denunciaba el fraude ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), y la Policía Nacional comenzaba unas investigaciones que
darían lugar a laimputación penal de Francisco Povedano por malversación
de fondos públicos.
En las diligencias
judiciales que se
abrieron entonces en el Juzgado de Instrucción 9 de Málaga fueron imputados
otros dos dirigentes de la FSP junto a Francisco Povedano, además del director
de una academia abierta en Málaga para impartir cursos
de formaciónllamada Sustrebla, que, curiosamente, utilizaba para
las clases una antigua sede del PSOE en la avenida de Los Guindos de Málaga
capital.
La Guardia Civil cree que el fraude de la formación es "la vía más
importante en la financiación" de UGT-A
La Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil ha desarrollado unaoperación en Andalucía contra un
presunto fraude de los cursos de formación de UGT en Andalucía.
La operación, coordinada por el juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan
Jesús García, afecta a la anterior cúpula de UGT cuyos escándalos fueron
destapados porLibertad
Digital. La operación se ha efectuado en Sevilla y en otras
ciudades de Andalucía.
Federico Fresneda, ex secretario de recursos
humanos de UGT y durante años responsable casi en exclusiva de las finanzas de
UGT Andalucía en los últimos 15 años, es uno de los detenidos según anticipó
Libertad Digital esta mañana al tratar con fuentes próximas a la investigación.
Al no estar en su domicilio cuando llegó la Guardia Civil, se
advirtió a la asistenta y se procedió al registro de su casa.
Igualmente
se ha registrado el domicilio de Lola Sánchez, la ex jefa de Compras de UGT
Andalucía, cuya firma está en casi todos los documentos relacionados con el
falseamiento de facturas. También se ha sabido que algún trabajador o
accionista de la sociedad Soralpe podría estar detenido. Además, hay otros doce
detenidos.
La
Guardia Civil acusa a UGT de un fraude sistemático con subvenciones
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido hoy a 14 personas en
Sevilla, Jaén y Madrid y ha practicado seis registros en esas mismas ciudades,
en relación con las facturas falsas elaboradas por empresarios y trabajadores
de UGT Andalucía y que fueron abonadas por la Junta de Andalucía con cargo a
los cursos de formación. Las facturas supuestamente fueron facilitadas por los
empresarios a empleados del sindicato, según fuentes del caso. Uno de los
registros ha sido practicado en la casa del extesorero del sindicato en
Andalucía Federico Fresneda, quien se encontraba en Canarias, donde ha sido
detenido.
La
Guardia Civil, en el marco de la Operación
Cirene, inspeccionó
esta mañana la empresa de mobiliario de oficinas Chavsa de Sevilla, que ya se
vio relacionada con la contabilidad de UGT cuando Fresneda era responsable de las
finanzas del sindicato. Junto a este, han sido arrestados otros dos
trabajadores de UGT.
La
operación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla,
cuyo titular, Juan Jesús García Vélez, mantiene bajo secreto esta
investigación. También participan la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de
Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los
tres registros de Sevilla son en la mencionada empresa Chavsa, en el polígono
Hytasa y en la calle Feria, en el centro histórico de la ciudad.
La Guardia Civil descubre la «caja
B» de UGT
La Guardia Civil descubre la «caja B» de UGT
La Guardia Civil descubre la «caja B» de UGT
 |
Alaya, la juez indomable |
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil están convencidos, a estas alturas de las investigaciones, de que la
Unión General de Trabajadores de Andalucía estableció toda una estrategia para
configurar una caja «B» en el sindicato, con un montante que, de momento, no se
ha podido determinar pero que se cree cuantioso, según han informado a LA RAZÓN
fuentes conocedoras del asunto. Se trata de un paso cualitativo en la
investigación, ya que los investigadores tratan de descifrar el funcionamiento
de la contabilidad ugetista y el destino último del dinero acumulado a través
de las facturas falsas o hinchadas que pactaban con sus proveedores de
confianza y presentaban a la Junta de Andalucía para justificar subvenciones
para formación de trabajadores y otros programas de carácter finalista.
La detención ayer por la Benemérita del que fuera vicesecretario
general de Administración y Recursos de la Unión General de Trabajadores (UGT)
de Andalucía, Federico Fresneda, que se encontraba en Canarias y cuyo domicilio
en un céntrico barrio de Sevilla fue registrado, se considera como un paso
importante en la investigación de la UCO sobre el uso fraudulento de los fondos
destinados a la formación de trabajadores y a otros programas subvencionados
por la Administración regional. Se trata de una persona de la absoluta
confianza del que fuera secretario general del sindicato, Manuel Pastrana, y
que ocupó varios puestos de responsabilidad en la organización entre 1998 y
2013, momento en el que éste dejó de ser secretario general y accedió al cargo
Francisco Fernández, que dimitió cuando trascendió el escándalo. Los
investigadores consideran que el caso terminará con la implicación, aún por
determinar a qué nivel, de la Junta de Andalucía, Administración que debía
vigilar el buen uso del dinero público concedido.
La juez Mercedes Alaya ha preguntado este lunes a Teodoro Montes,
antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional
Ocupacional de la Junta en Sevilla que denunció "graves"
irregularidades en la concesión de cursos de formación, si a su juicio la extinta
Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe)"era una fundación que financiaba
al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía" para el desarrollo de acciones
formativas.
Durante
su sexta jornada ya de declaración como testigo, la juez Mercedes Alaya ha
tomado la palabra nuevamente para preguntar al testigo lo anterior tomando como
referencia el hecho de que la Faffe "se ha visto beneficiada con
multitud" de subvenciones "en virtud" de un trato "claramente
privilegiado" del que "ha debido obtener importantes
rendimientos", ya que, según ha recordado la instructora, el propio
Teodoro Montes dijo que "las acciones formativas estaban muy bien
pagadas".
El
testigo ha dicho que no puede contestar directamente porque en este momento le asaltan
"numerosas dudas que no tienen respuesta", como por ejemplo por qué
la fundación estaba integrada por personas que han desempeñado determinados
cargos en el PSOE y sus familiares directos o dónde han ido a parar los
"abundantes" fondos que percibía, y ha destacado que se trataba de
una fundación que "acogía" a antiguos cargos socialistas, concejales,
alcaldes o familiares directos de estos que, actualmente, trabajan en la
Administración.
La juez Mercedes Alaya,
que instruye una nueva macrocausa sobre los fondos de formación en Andalucía, no se
ha andado con rodeos. Cuando algunos ponen en duda su competencia en este caso,
la juez ha dejado claro que no piensa amedrentarse y que sus miras están
puestas más allá del fraude de los cursos en una supuesta financiación
ilegal del PSOE con
estos fondos. En la sexta jornada de declaración de su principal testigo en
esta causa, el funcionario Teodoro Montes, la magistrada le ha preguntado
directamente sobre si la extinta Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo (Faffe),
en el epicentro de la supuesta trama, “financiaba al PSOE con cargo a los
fondos que recibía de la Junta de Andalucía”, según fuentes judiciales.
El testigo ha eludido contestar
directamente a la pregunta aunque ha dejado claro sus “numerosas dudas” y ha
subrayado que este organismo, extinguido en mayo de 2011, estaba integrado por cargos en el PSOE y familiares
directos, antiguos alcaldes y concejales socialistas, que
ocupaban los puestos de trabajo en esta fundación y cobraban “hasta tres y
cuatro veces más” que cualquier funcionario.
Cuando arrecian las críticas
contra la instrucción de la juez Alaya y algunos tratan de poner en entredicho la validez de este testigo,
funcionario de la administración desde hace más de 40 años y en una personal
cruzada contra sus superiores, la magistrada ha dejado constancia de por dónde
van sus indagaciones. Teodoro Montes se dirigió a las puertas del juzgado de
Instrucción número 6 de Sevilla hace más de un año y fue reconducido la UCO de
la Guardia Civil, el brazo armado de Alaya en el caso ERE