CLASES PASIVAS (II): RECURSO ANTE EL TEAC

El art. 31 del Real Decreto Legislativo 670/1987 vulnera el principio de igualdad ante la ley al no reconocer a los funcionarios el mismo derecho que se reconoce a los ciudadanos incluidos en el ámbito de aplicación del art. 163.2  TRLGSS

Para poder hacer el seguimiento de los recursos que se vayan interponiendo, hasta que resuelva el Tribunal Constitucional, iremos recogiendo en esta bitácora el iter de los recursos que se han interpuesto. Nos harán padecer un gran calvario pero ... ganaremos.

1.-Recurso interpuesto ante la DGCPyPP.



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2.-Resolución de la DGCPyPP.




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3.-Recurso interpuesto ante el TEAC.




4.-Envio por la DGCPyPP al TEAC.


Envio del recurso al TEAC

Clases Pasivas del Estado, un singular régimen de Seguridad Social


Antes de comenzar con este brevísimo estudio del Régimen de Clases Pasivas, debo hacer ciertas matizaciones que se deben tener en cuenta: intentar, en un espacio tan reducido, ni tan siquiera, dar un vistazo general al régimen es de todo punto imposible: por su historia, por su ámbito de cobertura, por las constantes modificaciones que se realizan por el legislador y por otras muchas razones un estudio que quisiera proporcionar al lector una idea general no podría ocupar menos de cincuenta folios. Por dicha razón, en el presente artículo me limito a presentar una selección de algunos de los temas que me parecen más interesantes desde el punto de vista del profesional del derecho. Sin duda habrá ocasión, más adelante, de profundizar entre todos en el complejo pero interesante estudio de este régimen.

En la descripción que de este régimen pretendo hacer, a los antecedentes históricos no dedicaré más espacio que el que ocupa decir que sus orígenes remotos se sitúan a mediados del siglo XVIII en los Montepíos Militares (los cuales tan sólo daban cobertura a los familiares de los militares). Montepíos que eran “privados” y que, como todos los que fueron apareciendo después, a lo largo de la historia han sido “absorbidos” por el Estado. Así, desde hace largo tiempo los derechos pasivos de los funcionarios se han convertido en un pesada carga para el Estado lo cual trae a colación la primera nota característica del régimen de Clases Pasivas del Estado; desde que por necesidades económicas el Estado hiciese suyos los patrimonios de los diferentes Montepíos y Mutualidades de funcionarios, se obligó a su vez a cargar con las prestaciones a que estos eran deudores y así, desde entonces, como hoy en día, dichas prestaciones son abonadas con cargo a la partida presupuestaria de “Costes de Personal y Pensiones Públicas” de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es el Estado (a través del Ministerio de Hacienda) el que abona estas prestaciones económicas.


La segunda característica fundamental del sistema nos viene dada por su ámbito de aplicación. Hoy en día el artículo Dos del Real Decreto Legislativo 670/87 de 30 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado deja sentado qué funcionarios están incluidos en este régimen. De la lectura de dicho artículo se puede deducir que todos los funcionarios del Estado lo estarán salvo aquellos que el propio texto exceptúa (de entre los que cabe destacarse a los altos cargos de la Administración que no sean funcionarios públicos y los funcionarios de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social entre otros). Así, el legislador ha pretendido buscar una cierta especifidad en este régimen, procurando excluir de él a todos los que no sean funcionarios del Estado Central (aunque se debe señalar que actualmente existe una tendencia a incluir a los funcionarios de nuevo cuño en uno u otro régimen de manera arbitraria). A mayor abundamiento, en dicho régimen han sido incluidos colectivos que, unas veces por razones históricas y otras por planteamientos de política económica no han querido o han podido ser incluidos en los regímenes de Seguridad Social. Así por ejemplo están dentro del ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado los Registradores de la Propiedad, las víctimas del terrorismo que no tengan cobertura en otro régimen y perceptores de pensiones derivadas del Guerra Civil Española. Parece, por tanto, que lejos de haberse logrado un grupo homogéneo, nos encontramos con que este régimen se convierte en una suerte de cajón de sastre en el que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se otorgan prestaciones a colectivos que no tienen otro tipo de protección.



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