ADIF OBRAS ALTA VELOCIDAD: CORRUPCIÓN: FALSEAMIENTO RELACIONES VALORADAS: VIAJES LUJO DIRECTIVOS ADIF.


Corrupción PSOE. ADIF Ave Madrid Barcelona, Blanco y "maleni".





Investigan al director general de Adif por la malversación en el AVE en Barcelona

La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras.



La investigación por malversación de fondos públicos en la construcción del AVE a su paso por Barcelona sigue avanzando. Casi seis meses después de que estallara el caso Yogui por presunto fraude de 6 millones de euros públicos en las obras de la alta velocidad entre Madrid y la capital catalana, la juez que instruye el caso ha incorporado a la causa al director general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio Gutiérrez Blanco, el cual ha declarado ya en condición de imputado ante la Guardia Civil.

Según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación y dos portavoces de Adif, el alto cargo del ente público –dependiente del Ministerio de Fomento– declaró acompañado de su abogado el pasado martes, 21 de octubre, en un acuartelamiento en Madrid de la Guardia Civil. El cuerpo militar recogió su declaración en condición de imputado en su papel de Policía Judicial, aunque posteriormente no se decretaron medidas cautelares contra Gutiérrez Blanco. 

Las explicaciones del director general de Adif han sido ya trasladadas a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, quien mantiene bajo secreto de sumario un caso espoleado por la Fiscalía Anticorrupción y que trata de averiguar si funcionarios de Adif aceptaron sobornos a cambio de adjudicar obras del AVE en Barcelona y certificar trabajos a la constructora Corsán por un precio superior en 6 millones a los realmente realizados entre 2008 y 2011. Un dinero que, supuestamente, habría acabado en manos de directivos de la adjudicataria. En total se realizaron 10 detenciones entre funcionarios y empresarios de la construcción. 

Gutiérrez es el cargo de mayor rango del ente público al que se relaciona con el caso. El 5 de mayo, tras el registro de las sedes de Adif y Corsán y en cinco domicilios particulares en Barcelona y Madrid, fueron detenidos cuatro trabajadores del gestor. Entre ellos Rafael Rodríguez, ex máximo responsable de Adif para la construcción de las obras en la línea nordeste; y Jaime García, ex gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea. Tras su detención los funcionarios fueron suspendidos temporalmente por orden del Ministerio de Fomento. Adif no informó ayer a este diario de si se tomará alguna medida contra Gutiérrez y negó su condición de imputado. Asimismo limitaron su declaración a hechos sucedidos antes de su llegada a Adif.

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“El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contratará con arreglo a lo revisto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En los supuestos en que no sea de aplicación esta Ley, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) acomodará su actuación a las instrucciones internas que deberá aprobar dicha entidad para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.… No obstante lo anterior, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ajustará su actividad a las normas establecidas para las Administraciones Públicas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la preparación, adjudicación, cumplimiento, efectos y extinción de los contratos de obras de construcción o modificación de las infraestructuras ferroviarias, a excepción de las obras de electrificación y señalización, el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad del tráfico” (Art. 13.2 Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)



Ingenieros del INECO, ingenieros del ADIF, saben mucho de ingenieria, pero NO CONOCEN LA NORMATIVA CONTRACTUAL: no conocen la normativa que regula el "Contrato de obras". En las obras públicas, además de ser un buen ingeniero, se requiere, es imprescindible, conocer la normativa contractual, cosa que el ADIF no enseña a sus empleados, empleados que no son funcionarios públicos. ¿Quién confecciona las "relaciones valoradas"? ¿Quién redacta las "certificaciones de obra"? Porque la corrupción, en su caso, afecta a todos los que participan de ese entramado administrativo cuando se falsea esa documentación. El ADIF se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, en su integridad., por lo que la aplicación de la ley debe ser en su total integridad.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contratará con arreglo a lo revisto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. En los supuestos en que no sea de aplicación esta Ley, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) acomodará su actuación a las instrucciones internas que deberá aprobar dicha entidad para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.… No obstante lo anterior, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ajustará su actividad a las normas establecidas para las Administraciones Públicas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la preparación, adjudicación, cumplimiento, efectos y extinción de los contratos de obras de construcción o modificación de las infraestructuras ferroviarias, a excepción de las obras de electrificación y señalización, el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad del tráfico” (Art. 13.2 Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)

La empresa INECO muestra su total opacidad al visitar su página web, pues de la misma, “quienes somos”, no se saca ninguna conclusión, esto es, si es una empresa pública o privada. ¿Por qué oculta su carácter público?¿Por qué no nos dice cual es su regulación jurídica, su propietario … etc? Falta de transparencia … algo o mucho tiene que ocultar. Por otro lado, ¿por qué siendo una empresa pública invierte/licita en el extranjero


¿Eso es LEGAL

¿Por qué una empresa pública, ruinosa, hace la competencia a las empresas privadas, y, para mayor devergüenza, cubre las cuantiosas pérdidas que genera con los impuestos de los contribuyentes? 

Sus directivos, tomen nota, gozan, a pesar de las pérdidas, de grandes sueldos. Eso puede ser, además de malversación de fondos públicos y prevaricación, robo y saqueo al contribuyente.

INECO  debe ser liquidada y cerrada. Basta ya de que unos cuantos empleados públicos, metidos a dedo, se beneficien, como si fueran empresarios, de los impuestos de los contribuyentes. Si se consideran empresarios que monten su propia empresa y arriesguen sus dineros, NO el dinero del contribuyente.

La fiscalía destapa un caso de corrupción en las obras del AVE a Barcelona


Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo sospecha. Un juzgado de Barcelona investiga si responsables de Adif (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), malversaron seis millones de euros a favor de una constructora. La Operación Yogui, que está bajo secreto de sumario, estalló este lunes en Madrid y Barcelona con nueve detenidos entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, que en 2008 fue adjudicataria de las obras para construir un tramo de las vías junto a la futura estación de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona. Están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento.

La  investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras.

Entre los nueve detenidos, el de mayor rango es Rafael R. G., que desde enero ejerce como director de proyectos y construcción de Adif, dependiente del Ministerio de Fomento. En la época de los hechos que se investigan, Rafael R. G. era el director de la línea noreste, es decir, del tramo de alta velocidad que discurre entre Barcelona y la frontera francesa. Su mano derecha era entonces, según la investigación, Jaime G. L., gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea, que también fue detenido.


Viajes, marisquito y prostitutas. La corrupción viajaba en AVE


Empecemos con el tramo de la obra que ha servido para acusar a los dos directivos de la empresa pública de la alta velocidad. Quiénes son estos señores y por qué están acusados.

Rafael Rodríguez Gutiérrez era el jefe de la línea Madrid-Frontera Francesa del AVE y Jaime García Germán era el director de las obras, su número dos. Están en libertad bajo fianza de 30.000 euros cada uno, acusados de malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental. Las investigaciones se refieren a un tramo pequeño del AVE a Catalunya, el que va de La Sagrera al Nus de la Trinitat, que fue adjudicado en el año 2008, con el Partido Socialista en el gobierno y Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, a la constructora Corsan. El estado iba a pagar a la empresa casi 68 millones de euros por esas obras.

Las obras se complicaron. Y esos cuatro kilómetros de alta velocidad acabaron costando un extra al estado de 13 millones y medio de euros más, que fueron a parar a la constructora, según la juez, de forma indebida. Esos sobrecostes o modificados de obra fueron firmados y aceptados por los directivos de ADIF, encargados de velar por el dinero público.

Y el asunto huele mal porque uno de los contratistas que trabajó en la obra ha contado a la juez que estaba harto de pagar sobornos para que les aceptaran los sobrecostes supuestamente falsos y las constructoras ganaran dinero. Ha contado también, que él mismo pagó un viaje de uno de esos directivos de ADIF a la estación de esquí de Aspen, en Colorado, Estados Unidos, en febrero de 2008, apenas tres semanas antes de que adjudicaran esas obras del AVE a la empresa Corsan.

Trece millones y medio de euros de más aprobados por estos directivos de ADIF, en cuatro kilómetros de vías, qué horror. No queremos pensar en lo que pudo ser la construcción entera del AVE a Catalunya, porque los jefes eran estos dos mismos señores.

Pero hay que pensar, y que investigar. En las grabaciones del caso se habla de otros tramos y otros sobrecostes. El AVE de Madrid a Barcelona, de 621 kilómetros, se adjudicó a las principales constructoras españolas por un total de 6.822 millones de euros. Al final, y todo aprobado por los directivos Rodríguez y García Germán, las constructoras cobraron casi 9.000 millones de euros al estado, es decir casi 2.200 millones extras, un 31 por ciento de sobrecostes que firmaron y legalizaron estos dos directivos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, y la empresa ADIF ya han anunciado que va a abrir una investigación sobre todos los tramos. El Tribunal de Cuentas ha detectado algún tramo donde las constructoras lograron que el gobierno les aprobara sobrecostes de hasta un 230 por ciento del dinero por el que consiguieron la obra.

Fue en el tramo de Hospitalet a La Torrassa, en la provincia de Barcelona. Iba a costar 106 millones de euros y las obras, en este caso de la constructora OHL, del señor Villar Mir, iban a durar 20 meses. Al final, tardaron el triple en hacerse y el Estado aprobó pagar a la constructora 354 millones 700.000 euros. Fomento reclamó y consiguió que la empresa le devolviera… 27 millones de euros. Es el caso más escandaloso, pero hay otros tramos con sobrecostes tremendos y que fueron también aprobados por los directivos Rodríguez y García Germán. Y hay un tramo, el que va de El Papiol a San Vicens del Horts, también en la provincia de Barcelona, que es muy muy especial y también está siendo investigado.

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El Tribunal de Cuentas pone cifra al despilfarro del AVE: 1732 millones de sobrecostes


El AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste del 43% desde 2002 hasta su inauguración en 2008

El Congreso pide revisar los costes de todos los AVE al Tribunal de Cuentas

La comisión del Congreso que gestiona las relaciones con el Tribunal del Cuentas ha instado a este último órgano a revisar los sobrecostes de todas las obras de AVE realizadas desde 2002 tras los desfases de hasta el 230% descubiertos en la línea entre Madrid y Barcelona. Según un informe de la comisión que ha publicado este martes el BOE, lo ocurrido con este proyecto pone en duda la planificación de unas infraestructuras planteadas en la época del boom y las inversiones desaforadas.

Para evitar que la situación se repita en futuros proyectos, el Congreso insta también al Tribunal de Cuentas a "efectuar un diagnóstico de las causas" que han derivado en "una estimación tan deficiente de la demanda de transporte". También, según la resolución aparecida en el BOE, anima a la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda a identificar los motivos de "la inadecuada planificación, en general, de las inversiones públicas tanto en lo que se refiere a la línea férrea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, como en otras Infraestructuras recientes de transporte", lo que invita a pensar, por ejemplo, en las autopistas radiales.

En la misma línea, la comisión reclama un "análisis de las inversiones en infraestructuras de la última década desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico, al empleo, a la sostenibilidad del gasto público y a la sostenibilidad medioambiental". Y con las conclusiones que saque pide un sistema para aplicar esta forma de medir la relación entre coste y rentabilidad en las futuras infraestructuras con vistas a evitar dilapidar los fondos públicos.

Caso omiso a las advertencias …



"El Gato al Agua" 05-05-2014: Corrupción hasta en la infraestructura del AVE en Barcelona.