TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO: MAL EJEMPLO: TROCEÓ PROYECTOS DE OBRAS Y CONTRATOS PARA ELUDIR LA LEY DE CONTRATOS

El Tribunal de Cuentas dio obras a la firma que reformó casas de altos cargos

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.



El Tribunal de Cuentas del Estado troceó proyectos de obras y contratos para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, y las adjudicó a un empresario que arregló las casas particulares del número dos de la institución y consejero de fiscalización, Javier Medina, y de su hermano Enrique, gerente del tribunal hasta finales de 2012.

El órgano encargado de fiscalizar y sancionar a las Administraciones públicas que vulneran la ley fraccionó contratos para que no superasen el máximo legal de 30.050,61 euros, y evitar sacarlos a concurso público con el argumento de que se trataba de obras menores. El beneficiario de estas adjudicaciones fue la firma de Ángel Ortega, un empresario al que altos cargos de este tribunal —entre ellos el actual vicepresidente, propuesto por el PP, Javier Medina, y su hermano Enrique— contrataron a título particular para que les pintase las paredes y acuchillase el parqué de sus casas, entre otros arreglos, según ha reconocido a EL PAÍS el propio Ortega.

Este empresario admite que durante años ha trabajado para el Tribunal de Cuentas, y que dejaron de adjudicarle obras tras la llegada del actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda, también propuesto por el PP. El acceso de Álvarez de Miranda al primer sillón de este tribunal, en julio de 2012, precipitó la salida de Enrique Medina como gerente del tribunal y de José Luis Pajares como secretario general.
¿Quién fiscaliza los gastos del Tribunal de Cuentas? 
¿O no tiene Interventor? 
¿O no rinden cuentas a nadie?

Ha habido un troceo injustificado de las obras que se han hecho en la sede en los últimos años”, denuncian altos cargos del Tribunal de Cuentas, que piden anonimato.

“No hay urgencia ninguna, ni esos despachos se habían caído. Si lo que se pretendía era adecentarlos, debió sacarse a concurso y adjudicar las obras al mejor postor, pero sin fraccionarlo”, destacan miembros del Tribunal de Cuentas que critican cómo se han llevado todos estos asuntos en un “órgano que debe dar ejemplo” a las otras Administraciones, a las que juzga. Los contratos menores permiten adjudicar obras a dedo, tras pedir tres presupuestos diferentes, pero están exentos de publicidad.


Fuentes de la institución se preguntan cómo Ortega dispuso de las llaves y uso de una habitación dentro de las instalaciones del tribunal, en el sótano, y durante años, hasta que se renovó en 2012 el tribunal. “Allí guardaba las herramientas”, indicó Ortega a este periódico. Los nuevos responsables de la gerencia y de la secretaría general del tribunal ordenaron su cierre y la retirada de llaves con aquiescencia del nuevo presidente, Ramón Álvarez de Miranda.


Culpable y cómplice de corrupción: la mentira del Tribunal de Cuentas


¿A quién rinde cuentas el Tribunal de Cuentas? ¿Las publica en algún sitio? ¿Dónde están los informes de fiscalización?

“El Tribunal de Cuentas es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española -y también en su artículo 153.d)- que goza de una riquísima historia. El término Contador Mayor de Cuentas, al menos, se venía aplicando de forma común a nuestra Institución desde mediados del siglo XIV y, por extensión, al oficium de los Contadores Mayores se le llamaba Contaduría Mayor de Cuentas. El nombre de Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas se utilizó desde mediados del siglo XVI”

Con este ostentoso párrafo se abre la sección de presentación del propio Tribunal de Cuentas, en su página web. Al avanzar en su lectura, el visitante virtual podría llegar a pensar que se encuentra realmente en la sala metafórica de una organización importante, con una misión clara que se justificaría en las líneas con las que continúa la presentación:
 “La Carta Magna española y las Leyes Orgánica y de Funcionamiento definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, y dejando a salvo las atribuciones fiscalizadoras de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, le sitúan en la órbita del Poder Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales –aunque no sea un órgano propio del Parlamento Nacional-, disponen para sus doce miembros –los Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado- las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces, y distinguen con absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan –las que en él son tradicionales-, la fiscalizadora y la jurisdiccional. 

La primera función, la fiscalizadora -caracterizada por ser externa, permanente y consuntiva, consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales (o en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas); así, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo en su ámbito como órgano técnico que es, y las Cortes -o, en su caso, los Parlamentos autonómicos-, con apoyo en los resultados que dimanan de dicho control fiscalizador, despliegan el control político o parlamentario. La función jurisdiccional no es sino el …