ESPAÑA: CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA … SIN CONTROL ...¿QUE HACEN LOS INTERVENTORES?


La Guardia Civil, la UDEF ... luchan contra la corrupción en la contratación pública en la Administración del Estado.
Y ... mientras tanto la Intervención General de la Administración del Estado ... ¿qué hace? ¿Controles a la Agencia Tributaria? ¿Controles de Caja Fija? ... 
¿Dónde están las denuncias de corrupción, en materia contractual, de la Intervención General de la Administración del Estado?
Y así, sin hacer nada, la corrupción campea a sus anchas por el territorio patrio.




Nueve detenidos en una operación por fraude en el AVE a Barcelona




La Guardia Civil ha lanzado en la mañana de este lunes una operación por un presunto delito de malversación de fondos en una obra del AVE en Cataluña. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, nueve personas han sido detenidas y se han efectuado once registros en Madrid y Barcelona, incluida la sede deAdif en la capital catalana.

Entre los detenidos en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, figuran un responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que fue el responsable de las obras bajo sospecha, y el director de línea de alta velocidad de la zona nordeste, Rafael R., según las fuentes consultadas por Efe.


Missing ... La fiscalía destapa un caso decorrupción en las obras del AVE a Barcelona
Rafael R., ingeniero de caminos, canales y puertos, se incorporó en Adif en 2005 como gerente de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueres, en 2007 ocupó la dirección de 
Infraestructuras en la Dirección de la Línea de AVE Madrid-Barcelona-Figueres y en 2010 ascendió a director de Línea de Alta Velocidad Noreste. Además, entre los arrestados también figura el delegado de la empresa adjudicataria Corsán en Barcelona, Marino V., según ha adelantado El País en su edición digital y han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso.

La operación está dirigida contra funcionarios de Adif y directivos de una contratista que supuestamente alteraron las mediciones en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona para generar un sobreprecio y obtener ilícitamente unos 6 millones de euros.


«Maleni», otra vez bajo sospecha



Magdalena Álvarez vuelve a estar en el disparadero. Después de su imputación en el caso de los ERE fraudulentos, la ex consejera en la Junta de Andalucía tendría ahora que responder por su gestión como ministra de Fomento, periodo en el cual se fraguaron los sobrecostes en la construcción del AVE a Barcelona que actualmente investiga un juzgado de la ciudad condal.

En julio de 2013, la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía saltaba a la palestra por su imputación en la trama de los ERE fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya. La magistrada encontraba a Magdalena Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), responsable de la concesión de ayudas –entre 2001 y 2003– con cargo a la partida presupuestaria objeto de investigación y que se considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Por esta razón la juez le impuso a Álvarez una fianza civil de más de 29 millones de euros e incluso le solicitó que indicara los bienes objeto de embargo que precisara para hacerle frente. Este proceso está actualmente paralizado a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por Álvarez contra la fianza civil por «abusiva» y «arbitraria»
.
Ahora, el nombre de la ex ministra de Zapatero vuelve a estar de actualidad, aunque no resulte una novedad verlo asociado a un nuevo fraude, por su supuesta vinculación en la malversación de fondos públicos en la obras de construcción del AVE a Barcelona durante 2008, periodo en el que ostentaba la cartera de Fomento.

Este nuevo revés compromete en gran medida su puesto en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), del que actualmente es vicepresidenta. El ministro de Economía ya advirtió, cuando fue imputada en la trama de los ERE, que si esta decisión resultaba ratificada «en firme» su continuidad en la directiva de la entidad sería inviable. El BEI sigue muy de cerca el proceso abierto contra Álvarez y parece que aunque Economía no se plantee sustituirla por el momento, ellos puedan tomar sus propias decisiones en virtud de los nuevos acontecimientos.

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La fiscalía destapa un caso de corrupción en las obras del AVE a Barcelona

Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo sospecha. Un juzgado de Barcelona investiga si responsables de Adif (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), malversaron seis millones de euros a favor de una constructora. La Operación Yogui, que está bajo secreto de sumario, estalló este lunes en Madrid y Barcelona con nueve detenidos entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, que en 2008 fue adjudicataria de las obras para construir un tramo de las vías junto a la futura estación de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona. Están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento

Desde que Felipe González suprimió el control previo del gasto de los Interventores, la corrupción florece como los hongos en época de lluvias.
La contratación pública se ha externalizado, se ha dejado en manos de empresas que desconocen totalmente la normativa contractual administrativa derivada del Derecho comunitario.
Los "Directores facultativos de las obras" han de ser funcionarios/empleados del sector público, pero tienen que saberse la normativa contractual, cosa que nadie ni les exige ni les enseña. De ahí tanta corrupción ... que no hay quien la ataje si continuamos así. Pero impuestos ... seguiremos pagándolos.

La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras.

Entre los nueve detenidos, el de mayor rango es Rafael R. G.,  que desde enero ejerce como director de proyectos y construcción de Adif, dependiente del Ministerio de Fomento. En la época de los hechos que se investigan, Rafael R. G. era el director de la línea noreste, es decir, del tramo de alta velocidad que discurre entre Barcelona y la frontera francesa. Su mano derecha era entonces, según la investigación, Jaime G. L., gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea, que también fue detenido.

La operación arrancó pocos minutos antes de las ocho de la mañana, y de manera simultánea en Madrid y Barcelona. A esa hora, agentes de la Guardia Civil aparcaban sus coches frente a la puerta de la sede central de Adif, en la calle Sor Ángela de la Cruz de Madrid. Allí, los guardias examinaron el despacho de Rafael R. G., donde además de los “documentos para preparar los artificios usados para falsear las mediciones”, buscaban pruebas sobre “posibles dádivas a funcionarios”, según Anticorrupción. Una de ellas había sido ya previamente constatada por los investigadores: Corsan pagó, presuntamente, un viaje de placer a Jaime G. L. —ingeniero de caminos, canales y puertos— a las pistas de esquí de Aspen, en Colorado (Estados Unidos).


Adif suspende a sus trabajadores detenidos por malversación en las obras del AVE a Barcelona

Gonzalo Ferre Moltó, presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), un Interventor que lucha contra la corrupción.
Adif, por "instrucción" de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha suspendido provisionalmente de sus responsabilidades y funciones a los trabajadores del ente público que han sido detenidos en el marco de la investigación abierta por una supuesta malversación de fondos en una obra del AVE en Cataluña contratada en 2008, según informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Fomento.
El Departamento que dirige Pastor considera que, "sin perjuicio de la presunción de inocencia", lo "más adecuado" es apartar de sus funciones a los detenidos, "dada la gravedad de los hechos investigados" y hasta que se "esclarezcan".
Las mismas fuentes, recordaron que tanto el Ministerio como Adif llevan casi un año, desde junio de 2013, colaborando con la investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona sobre supuestas irregularidades en unas obras del AVE.

Además, Fomento y la empresa pública encargada de la promoción y gestión de las infraestructuras ferroviarias reiteraron su "compromiso con la transparencia y la honorabilidad en la gestión pública".
La actuación policial, que daba comienzo esta mañana, se ha saldado con la detención, por parte de la Guardia Civil, de nueve personas, entre ellas un responsable de obras de Adif y el director de la línea de Alta Velocidad noroeste, acusados de falsear mediciones en obras del AVE entre Madrid y Barcelona para generar un sobreprecio y ganar ilícitamente unos 6 millones de euros.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, figuran un responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que tenía a su cargo las obras bajo sospecha, y el director de la línea de alta velocidad en la zona noroeste, Rafael R., además del delegado en Barcelona de la adjudicataria, Corsán, Marino V.
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Los funcionarios de Adif implicados podrían haber recibido contraprestaciones económicas por su conducta ilícita, ordenadas por un directivo de la contratista, según la sospecha de la Fiscalía.
Por este motivo, los detenidos están acusados, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.


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El Tribunal de Cuentas exige al Adif más control sobre la subcontratación

Informe completo
Los pliegos de los concursos de construcción promovidos por el Adif, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, deberían obligar a las compañías adjudicatarias a comunicar el importe de todos las actividades subcontratadas, su duración y porcentaje de participación en los trabajos.
Así, al menos, se lo ha aconsejado el Tribunal de Cuentas -entidad que fiscaliza la actividad económica y financiera del sector público atendiendo a principios de legalidad y eficiencia- a la entidad promotora de la construcción del AVE y titular de esa red ferroviaria.
Entre sus recomendaciones figura también que se activen mayores medidas de control sobre esa red de subcontratas. Una tarea que, según el Tribunal, deben ejercer las propias adjudicatarias de los contratos por mandato de Adif.

El gestor del AVE incumplió la Ley de Contratos, según un informe del Tribunal

Entre los puntos para aumentar la vigilancia destacan la petición de acreditación de solvencia técnica, económica y profesional a las pequeñas constructoras. Al mismo tiempo, las adjudicatarias deben cotejar que sus socios en la ejecución de una obra disponen de los medios adecuados para llevarlas a buen término.

Las medidas preventivas del Tribunal de Cuentas instan al Adif a valorar el 'volumen y la importancia' que la subcontratación tendrá en sus proyectos a la hora de decidir sobre la empresa adjudicataria. Además, trata de impulsar, con carácter general, 'procedimientos y mecanismos necesarios para conseguir la mayor eficacia posible en el seguimiento de la subcontratación de las obras que adjudique'.

El Tribunal de Cuentas acaba de lanzar esta batería de advertencias incluidas en un informe sobre la subcontratación de los contratos de obras de Adif en lo que toca a los ejercicios 2003, 2004 y 2005. El objetivo es verificar si el organismo se ha sometido a la legislación vigente.

El informe ha constatado que en los referidos ejercicios Adif, y su predecesor GIF, no cumplieron con lo estipulado en la Ley de Contratos la Administración Pública.
Según versión del Tribunal de Cuentas, en los pliegos de los contratos que saca a concurso, Adif pide a sus licitadores que indiquen en las ofertas sus proposiciones sobre la actividad a subcontratar, pero 'no establece medidas para comprobar el cumplimiento de lo legalmente dispuesto, ni fija medios para realizar un seguimiento y control sobre dichos trabajos subcontratados y las empresas que los ejecutan