CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ECONOMÍA SUMERGIDA:LOS CURSOS DE FORMACIÓN SON CONTRATOS PUBLICOS DE SERVICIOS


Hacienda dará más poderes a los inspectores FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS para que suba la recaudación ... Y ... a los Interventores del Estado ... para controlar los fondos publicos malvewrsados por astutos delincuentes?
¿Se controla por Hacienda la malversación de fondos públicos, o sólo la defraudación e impuestos?

Los cursos de formación no se pueden gestionar por la vía subvencional: se tienen que gestionar por la vía contractual (TRLCSP), ya que son verdaderos contratos de servicios. La concesión de subvenciones a patronal y sindicatos ... ¿fraude de los gestores públicos?

La economía sumergida la provoca la corrupción política. No se puede pagar impuestos con una gran presión fiscal, mientras los políticos roban y saquean,  impunemente, las arcas públicas: caso de los EREs, caso Pallerols, casos cursos formación desempleados … etc … miles de millones de euros robados en el saqueo a la Hacienda Pública. Tanto la vertiente del gaso (Presupuesto de gastos) como los ingresos (Presupuesto de ingresos), han de tener el mismo tratamiento sancionador, pues es gravísimo robar a los ciudadanos lo que han pagado al Estado vía impuestos.
Hacienda quiere aumentar su capacidad de recaudación, pese a que el nuevo calendario electoral limitará el recurso a nuevas subidas de impuestos. Y los técnicos del Ministerio han ofrecido una solución: la nueva Ley General Tributaria.

La norma reforzará la capacidad de inspección para que una parte de los ingresos salgan de la lucha contra el fraude. El texto de la reforma se encuentra aún en fase preliminar. Pero algunas ideas son ya admitidas por los responsables del Ministerio de Hacienda. La primera de ellas pasa por ampliar el margen de actuación de los cuerpos de la Agencia Tributaria, de manera que cuenten con más tiempo para poder desarrollar sus labores inspectoras.

Cinco millones de parados, con menos cobertura por desempleo que al inicio de la crisis, y no hay una "explosión social" en las calles. Esta presunta incongruencia se explica por el peso de la economía sumergida en el país, según el portavoz de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre.

El objetivo de la reforma pasa, de este modo, por ampliar la duración del procedimiento inspector de los 12 meses actuales a 18 meses. En los casos de especial complejidad, los plazos también se pretenden elevar, pasando de 24 a 27 meses.

Y lo cierto es que justificar la «especial complejidad» no resulta excesivamente difícil: tan sólo es necesario alegar que las operaciones pueden afectar a un volumen de dinero elevado, que afectan a actividades con clara dispersión geográfica, que el régimen de tributación es el de consolidación fiscal o transparencia fiscal internacional, o, simplemente, que en el transcurso de las actuaciones, el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realiza.

La reforma no pretendería en este punto ampliar los plazos de prescripción del comportamiento fraudulento, sino de los tiempos de los que disponen los equipos de la inspección desde el momento en el que notifican al contribuyente el inicio de sus actuaciones hasta que las cierran; un periodo decisivo para poder chequear a fondo a los contribuyentes sospechosos de fraude.

Los cambios, además, podrían ir acompañados de un incremento del poder de investigación de la Agencia Tributaria, tal y como ya han solicitado desde el organismo de lucha contra el fraude, de modo que no sólo se contase con más tiempo, sino también con más herramientas para poder chequear las prácticas de los potenciales defraudadores. Una de las últimas iniciativas ya lanzadas es el control de los ordenadores de las pymes, con el objetivo de localizar contabilidades B. Esta medida marca la senda de trabajo que pretende utilizar la Agencia Tributaria: una vía de investigación que le permitirá incrementar los chequeos informáticos a empresas sin tener que incurrir en grandes aumentos de gasto de sus plantillas.

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La Junta está "mirando con lupa expediente a expediente"
A quien hay que mirar con lupa estelar es a la propia Junta de Andalucia, madre procreadora de la corrupción que habita en sus entrañas.
Que la Junta de Andalucia se ponga ahora a investigar posibles ilegalidades en la concesión y gestión de los fondos de formación dados a sindicatos y patronal, habiendo una corrupción sistémica en las instituciones públicas anadaluzas, «Es como poner a un pirómano al frente de los bomberos» ... Y echar la culpa al Estado (PP) de haber descubierto tamaño fraude, robo y saqueo de las arcas públicas, es de un cinismo propio del agitprop nazi.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha defendido que laJunta de Andalucía no tiene "nada que ocultar" y que llegará "hasta el final" para descubrir "si es que las hay" las posibles ilegalidades en la gestión de los fondos de formación que investiga la Policía.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Efe, Alonso ha subrayado que la Administración autonómica estará "vigilante" para que, en caso de que alguna empresa haya cometido fraude, ésta devuelva el dinero y ha recordado que "se pide rápidamente la inversión de los fondos cuando las empresas no son capaces de justificar las cantidades asignadas".

"Llegaremos hasta el final de toda aquella ilegalidad, si es que la hay. No tenemos nada que ocultar", ha dicho el consejero, que ha añadido que "el rigor, la responsabilidad y la transparencia tienen que ser elementos constitutivos de un estado democrático" y se ha mostrado dispuesto a comparecer en el Parlamento andaluz.

Alonso ha vuelto a acusar al Ministerio del Interior de filtrar la información sobre la investigación acerca de un posible fraude que alcanzaría los 2.000 millones de euros, lo que ha calificado como "inaceptable" y "muy grave", puesto que "no se puede hablar así de un pueblo, de una comunidad autónoma ni de un Gobierno".

El responsable de Educación -departamento al que fueron transferidas las competencias sobre estos fondos desde la Consejería de Empleo- ha recordado que la Fiscalía de Málaga solicitó información en enero sobre 17 expedientes de la convocatoria de 2010 de un programa de compromiso de contratación subvencionado con 1,5 millones.

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La Policía investiga un caso de fraude millonario en los cursos para parados de la Junta

La cifra malversada podría alcanzar los 2.000 millones.

La Junta debe 17 millones a academias que sí hacían cursos

Suasana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucia, no dicta ni acomete medidas drásrticas contra los numerosos corruptos que la rodean por los cuatro puntos cardinales de su Comunidad autónoma.
La patronal que representa a las academias y centros privados de formación (Cecap) reclama al Gobierno de la Junta de Andalucía nada menos que 17 millones de euros correspondientes a las ayudas para la formación de desempleados otorgadas entre 2009 y 2011 sólo enMálaga y Sevilla, las dos provincias andaluzas que perciben más volumen de subvenciones en esta materia cada año, la mayor parte de ellas procedentes de la UE.

Las ayudas impagadas coinciden en el tiempo con el periodo que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional en la llamada operación Edu. En algunos casos, los impagos han forzado a los empresarios a plantear demandas ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo.

En Málaga, la provincia en la que ha arrancado la investigación de la Policía sobre el fraude en las ayudas para la formación de parados en Andalucía, la cantidad adeudada por la Junta a los empresarios dedicados a la formación se aproxima a los ocho millones de euros. Así lo indicó Beatriz Barbeyto, la presidenta de la entidad que aglutina a las academias privadas, Acepma, que agregó que este dinero se refiere únicamente a las convocatorias de subvenciones de los años 2009, 2010 y 2011.

Mientras tanto, en la provincia de Sevilla, la Cecap calcula que la Junta aún debe pagar unos nueve millones de las ayudas concedidas en los ejercicios de 2010 y 2011. «Muchas empresas están cerrando porque no aguantan», relató Barbeyto, que concretó que desde finales de 2012 a 2013 cerraron media decena de empresas por los impagos de la Junta. Algunos de los propietarios de las academias o centros dedicados a la formación vieron incluso cómo les embargaban sus bienes o viviendas, que habían empleado en avalar las naves o instalaciones de sus empresas.

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¿Es que no se controlan por la Intervención los cursos de formación?
¿Es que los sindicatos y patronal no justifican los ilegales cursos de formación que dan, haciendo de su capa un sayo?
¿Es que hay connivencia politica con patronal y sindicatos para expoliar a los ciudadanos pagando impuestos que luego van a los bolsillos de delincuenmtes sin escrúpulos?

Era algo que se sabía. Nada nuevo. El estallido de una nueva investigación en torno a un posible desfalco de fondos para la formación pone de relieve un fraude enraizado en el tiempo, con gran protagonismo en la comunidad andaluza y que no ha encontrado una respuesta contundente. Como si fuese un empecinamiento del destino, este último caso ha tenido su epicentro en Málaga. Una provincia en la que hace casi 15 años se desarrolló una operación similar que pasó desapercibida. Un fraude con el mismo «modus «modus operandi» que presuntamente permitió esquilmar millonarias partidas de dinero público a través de centenares de cursos. ABC ha tenido acceso a los documentos de una investigación que se puede considerar el germen de la actual y que no despertó el debido interés judicial: acabó siendo archivada tras cinco años de instrucción.

Las pesquisas de este caso las iniciaron en junio de 2000 agentes de la Udyco Costa del Sol a raíz de una denuncia ante la Fiscalía y rápidamente se obtuvieron indicios de delitos continuados de fraude, falsedad documental, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública. El trabajo de los responsables del caso se centró en los cursos impartidos en 15 municipios malagueños en los años 1997, 1998 y 1999. En total se investigaron 128, así como a unos 3.800 alumnos, que se beneficiaban de las partidas del Programa Nacional de Formación Profesional (Forcem), gestionadas por las comunidades autónomas.

A pesar de la «complejidad de la investigación», los policías detectaron «la existencia de un supuesto fraude en la concesión de las subvenciones», para lo que supuestamente se alteraban los listados de alumnos o se cobraba por cursos que no se impartían. Un sistema en el que se situaba en la cúspide a UGT.

Los agentes constataron un absoluto descontrol documental de los cursos, produciéndose «discrepancias entre fechas, lugares y duración» de los mismos; además de casos en los que ni siquiera se llegaron a impartir. También se comprobó que los listados de asistentes fueron inflados y se adjuntó numerosos testimonios de alumnos que no reconocían sus firmas o que confesaban que no habían asistido a clases a pesar de que en los documentos figuraba lo contrario. «Este hecho no tendría mayor trascendencia si se tratase de casos aislados, defectos atribuibles a errores de transcripción, pero realmente son bastantes», recalcan, para también poner el foco en el extremo opuesto: individuos que no fallan ningún día. Este es el caso de un curso que se impartió en Tolox y en el que 22 de los 29 asistentes