CASO PALLEROLS: CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS CATALANES.


Dos de los condenados por el 'caso Pallerols' deberán entrar en prisión


La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los tres condenados por el 'caso Pallerols' al rechazar el Gobierno el indulto que habían propuesto tras conocerse la sentencia y la orden de su entrada en la cárcel aunque eran penas inferiores a dos años.

El ex secretario de Organización de Unio Democràtica de Catalunya,Vicenç Gavaldà y el empresario andorrano Fidel Pallerols deberán ingresar voluntariamente en prisión en los próximos días. En caso contrario la Audiencia de Barcelona podría ordenar su búsqueda y captura, según explicaron fuentes judiciales. La decisión sobre el indulto para el tercer condenado, ex director de Trabajo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, sigue en curso por haberse presentado más tarde.

En enero del año pasado, los condenados aceptaron penas de prisión inferiores a los dos años de cárcel tras un pacto con la Fiscalía a cambio de aceptar los hechos y devolver el dinero, unos 400.000 euros, que se utilizaron en parte para financiar a Unió Democràtica de Catalunya a partir del desvío de fondos de cursos de formación por parte de la Unión Europea. 

  
Prisión “inmediata” para dos penados del ‘caso Pallerols’ 15 años después

El empresario andorrano Fidel Pallerols y el ex secretario de Organización de Unió Democràti-ca (UDC) Vicenç Gavaldà deberán ingresar en prisión. Y no pueden tardar mucho. La Audiencia de Barcelona ha ordenado su entrada de forma “inmediata y voluntaria” en la cárcel, ejecutando así la sentencia que condena a ambos a siete meses de cárcel por fraude de subvenciones europeas. La decisión es el resultado de la negativa del Gobierno de concederles el indulto, que solicitaron como última opción en abril del año pasado. Pallerols y Gavaldà fueron condenados el 21 de enero de 2013 en lo que se conoce como caso Pallerols por haber desviado fondos de la UE destinados a parados que acabaron en manos de Unió Democràtica (UDC).

Es la primera vez que se acredita judicialmente la financiación irregular de un partido, y ha costado 14 años de instrucción y un camino árido, plagado de recursos, archivos y reaperturas

Finalmente, dos de los condenados por fraude en subvenciones deberán entrar en la cárcel. Ambos han gozado de un año extra de libertad porque la Audiencia suspendió el ingreso en prisión a la espera de que el Gobierno decidiese si les indultaba. Aunque el panorama se dibujaba ya bastante negro para el empresario andorrano y el expolítico puesto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ya se había pronunciado públicamente en contra de indultar a políticos corruptos. Asímismo, en este caso contaban con informes en contra de todas las partes: el tribunal sentenciador, la fiscalía y las acusaciones particulares.


El peculiar ‘grupo’ de los imputados



Si los parlamentarios catalanes de CiUy PSC se pudiesen agrupar por el hecho de estar imputados podrían formar grupo parlamentario propio. Nada que ver con el PP valenciano, que llegó a tener en octubre de 2012 a diez de sus 55 diputados autonómicos investigados por la justicia, pero en Cataluña hay una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que la corrupción también afecta a lo que se llamó oasis catalán,supuestamente ajeno a estas prácticas.

El más conocido de los imputados catalanes con escaño es Oriol Pujol Ferrusola, hijo del que fuera presidente de la Generalitat durante 23 años y el único vástago que ha seguido los pasos de la política. A Oriol Pujol se le investiga desde hace más de un año por intentar amañar la adjudicación de un lote de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Los jueces creen que existen indicios de que actuó “con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores”.

En Derecho a eso se le llama tráfico de influencias, una acusación a la que Pujol Ferrusola ha de sumar otra de cohecho, por la que declarará el próximo día 30, igual que su esposa, Anna Vidal, y a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Alsina. El fiscal cree que cobró 30.000 euros por defender los intereses de esos empresarios durante la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial que tramitó el tripartito en 2008. CiU estaba entonces en la oposición y esa ley suponía una reorganización del suculento paquete de las ITV.

El testigo de cargo puede ser Enrique Marugán, también con intereses empresariales en las ITV, y al que se le interceptó un correo electrónico en el que relataba la exigencia de los 30.000 euros. Marugán fue el empresario que hace años denunció ante el fiscal al juez corrupto Luis Pascual Estevill.