GUPC
guarda silencio en la crisis canalera
Luego de parar las obras millonarias
del tercer juego de esclusas, el corazón de la ampliación del Canal de Panamá,
el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha pasado 24 horas en silencio
absoluto. Las obras llevan dos jornadas convertidas en un desierto. Los
analistas predicen una larga batalla legal.
Trabajadores
y empresas, víctimas de crisis de GUPC
Insolvencia de GUPC golpea a
proveedores
Los proveedores y
empleados de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) enfrentan con incertidumbre el
segundo día de paralización de labores en el proyecto del tercer juego de
esclusas, el contrato más importante en el programa de ampliación del Canal de
Panamá.
Se estima que el
consorcio, integrado por la empresa española Sacyr, la italiana Salini
Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Cusa, ha trabajado con unos 300
proveedores, con los que la empresa habría acumulado una deuda millonaria por
su declarada insolvencia.
Entre los
subcontratistas de GUPC hay otras empresas de construcción, proveedores de
materiales y maquinaria, de contratación de personal, de comunicación, así como
arrendadores de vehículos. Por su parte, los sindicatos calculan que alrededor
de 3 mil trabajadores no tienen asegurado su futuro laboral con el grupo, el
principal contratista del Canal.
El pasado miércoles,
la empresa envió a los empleados a sus casas, con el compromiso de pagar los
salarios completos de la quincena.
Sacyr
no tiene dinero ni para las nóminas de los pocos obreros del Canal de Panamá
Pese a los intentos
por alcanzar un acuerdo entre Sacyr
y la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las declaraciones
voluntariosas del presidente de la República, Ricardo Martinelli, y de la ministra de
Fomento, Ana Pastor,
lo cierto es que las posturas han sido tan irreconciliables durante el intenso
mes de negociaciones que la única salida era la ruptura, tal y
como adelantó El
Confidencial este miércoles a primera hora de la mañana. La
situación es tan grave que las constructoras no tienen dinero ni para abonar
las nóminas de los escasos obreros que aún quedaban en el tajo hasta ayer.
Entre las
reclamaciones millonarias del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la última era
por una factura de 50
millones de dólares con la que las constructoras tenían que
pagar a los proveedores y a los poco más de 1.000 trabajadores que todavía estaban en
la obra. Les debían el salario semanal, pero no se les pudo devengar al no
tener dinero en la caja. Ante esta situación y tras la ruptura de las
negociaciones, Sacyr los mandó a casa, suspendió las líneas de autobuses que
los trasladaban al Canal y suspendió las obras. Antes había despedido ya más de 7.000 cuando amenazó con
la paralización.
Sacyr garantiza que
cumplirá con los trabajadores y que la cantidad que les adeuda se justifica
porque la ACP no les ha certificado las obras de diciembre, que habitualmente
solían ser abonadas el día 20 del mes siguiente. Según la compañía presidida
por Manuel Manrique, Panamá no les pagó los trabajos y, en consecuencia, ella
no pudo hacer lo propio con los empleados.
Prensa
económica: ¿Por qué ha perdido Sacyr? (Radio)
El
Canal frente a un laberinto legal
Por segundo día consecutivo nada se mueve
en los trabajos de ampliación del Canal. La paralización de labores del
consorcio Grupo Unidos por el Canal no solo mantiene en ascuas a los
trabajadores que se preguntan qué sucederá con su salario. GUPC guarda silencio
al respecto y también sobre sus próximos movimientos o estrategias legales.
Lo
más probable es que se acerque un enredo jurídico de marasmos de aquellos de
nunca acabar en el que cada parte alegará interpretaciones de términos como
suspensión, paralización o abandono según le acomode. Como probable también es
que se desarrollen medidas cautelares, suspensión judicial de obras, alertas de
incumplimiento u otras derivaciones de lo que ocurre en el tramo que trata de
unir una vez más los dos océanos.
El
complejo contrato recoge con claridad las múltiples razones por las que el
empleador puede tomar cartas en el asunto y rescindirlo, las siguientes son las
que más se asemejarían a la situación actual: si no procede con las obras a
tiempo, si surgen retrasos y suspensión, si el contratista abandona todas o una
parte sustancial de las obras o si el contratista o cualquier miembro o
cualquier garante se va a la bancarrota o se torna insolvente, entra en
liquidación, tiene una orden de sindicatura o administración judicial en su
contra, tiene ajustes con sus acreedores, los servicios de mantenimiento, o
demuestra la intención de no continuar la ejecución de sus obligaciones bajo el
contrato.
Aún
ante el escenario que pareciera favorecer a la ACP, no se ha animado a enviar
la carta de incumplimiento a GUPC que pondría en blanco y negro un tiempo
estipulado para tomar una decisión definitiva. Según Jorge Quijano,
administrador de la vía, ya mandó una carta de reconsideración para que GUPC
reanude los trabajos, y otra en que se le preguntó cuál era la situación que
reinaba en la obra ante el desolador panorama.
Marca España augura un deterioro de la imagen del
país en Panamá
El
alto comisionado para la Marca España,
Carlos Espinosa de los Monteros, ha considerado hoy que la imagen del país
probablemente se deteriorará
en Panamá
como consecuencia del conflicto abierto entre la Autoridad del Canal y el consorcio
liderado por la constructora española Sacyr.
Espinosa
de los Monteros ha participado en unas jornadas sobre internacionalización de
empresas, donde ha circunscrito a "ese mercado", en referencia a
Panamá, las posibles consecuencias para la Marca España de las discrepancias
entre las autoridades panameñas y Sacyr por el sobrecoste de las obras de
ampliación del Canal de Panamá.
Pastor
vuelve a mediar en el Canal. La Matraca panameña de Ana Pastor
Cuentan que hace
años, cuando el militar
Manuel Antonio Noriega gobernaba Panamá en una dictadura de facto,
pidió a Alberto Alemán
Zubieta el pago de una coima, un soborno. Lejos de cumplir con
la voluntad del dirigente, este ingeniero, que durante dieciséis años fue
el administrador de la Autoridad
del Canal de Panamá, se negó a arrodillarse ante las
pretensiones del presidente del país cuando era un afamado constructor.
Noriega, que después
fue encarcelado por su vinculación con el narcotráfico y condenado a 40 años de
prisión, se sintió humillado por lo que consideraba un desplante de un
funcionario panameño a la autoridad. Ante tal desobediencia, el
general le envió a su casa a la policía para que lo detuvieran por un
supuesto delito, como forma de castigar la rebeldía de un subordinado. Zubieta,
un ingeniero educado en universidades americanas, no se achantó y decidió
escaparse por la ventana y huir del país antes de arrodillarse ante las
veleidades del dictador.
La escena ejemplifica
como son los miembros de La
Matraca, un grupo de trabajadores de buena formación, muchos
graduados en escuelas americanas, que durante los noventa pelearon para
que la Panamá ocupada por los marines estadounidenses recuperase la
gestión del Canal. Con ese acto, Zubieta se ganó el reconocimiento de Estados
Unidos, que lo nombró administrador de la Comisión del Canal de Panamá, la
agencia federal del Gobierno americano, en 1996 hasta que la infraestructura
portuaria pasó a manos centroamericanas el 1 de enero de 1999.