SACYR: OBRAS AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMA: REFORMADO 50%?:.. SUICIDIO CONSUMADO (XXI)



GUPC guarda silencio en la crisis canalera


Luego de parar las obras millonarias del tercer juego de esclusas, el corazón de la ampliación del Canal de Panamá, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha pasado 24 horas en silencio absoluto. Las obras llevan dos jornadas convertidas en un desierto. Los analistas predicen una larga batalla legal.

Trabajadores y empresas, víctimas de crisis de GUPC

Insolvencia de GUPC golpea a proveedores

Los proveedores y empleados de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) enfrentan con incertidumbre el segundo día de paralización de labores en el proyecto del tercer juego de esclusas, el contrato más importante en el programa de ampliación del Canal de Panamá.

Se estima que el consorcio, integrado por la empresa española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Cusa, ha trabajado con unos 300 proveedores, con los que la empresa habría acumulado una deuda millonaria por su declarada insolvencia.


Entre los subcontratistas de GUPC hay otras empresas de construcción, proveedores de materiales y maquinaria, de contratación de personal, de comunicación, así como arrendadores de vehículos. Por su parte, los sindicatos calculan que alrededor de 3 mil trabajadores no tienen asegurado su futuro laboral con el grupo, el principal contratista del Canal.

El pasado miércoles, la empresa envió a los empleados a sus casas, con el compromiso de pagar los salarios completos de la quincena.


Sacyr no tiene dinero ni para las nóminas de los pocos obreros del Canal de Panamá

Pese a los intentos por alcanzar un acuerdo entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las declaraciones voluntariosas del presidente de la República, Ricardo Martinelli, y de la ministra de Fomento, Ana Pastor, lo cierto es que las posturas han sido tan irreconciliables durante el intenso mes de negociaciones que la única salida era la ruptura, tal y como adelantó El Confidencial este miércoles a primera hora de la mañana. La situación es tan grave que las constructoras no tienen dinero ni para abonar las nóminas de los escasos obreros que aún quedaban en el tajo hasta ayer.

Entre las reclamaciones millonarias del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la última era por una factura de 50 millones de dólares con la que las constructoras tenían que pagar a los proveedores y a los poco más de 1.000 trabajadores que todavía estaban en la obra. Les debían el salario semanal, pero no se les pudo devengar al no tener dinero en la caja. Ante esta situación y tras la ruptura de las negociaciones, Sacyr los mandó a casa, suspendió las líneas de autobuses que los trasladaban al Canal y suspendió las obras. Antes había despedido ya más de 7.000 cuando amenazó con la paralización.

Sacyr garantiza que cumplirá con los trabajadores y que la cantidad que les adeuda se justifica porque la ACP no les ha certificado las obras de diciembre, que habitualmente solían ser abonadas el día 20 del mes siguiente. Según la compañía presidida por Manuel Manrique, Panamá no les pagó los trabajos y, en consecuencia, ella no pudo hacer lo propio con los empleados.

El divorcio provocó un cruce de declaraciones que hacen muy difícil que ambas partes vuelvan a sentarse. El consorcio aseguró que “la ACP no ha realizado ningún pago por las circunstancias imprevistas que han afectado al proyecto”, aseveración que contrasta con los propios documentos oficiales del GUPC, que sí reconocen 180 millones de dólares por el aumento del precio de determinados materiales. Además, les había adelantado 780 millones para continuar con los trabajos por los problemas de liquidez.



Prensa económica: ¿Por qué ha perdido Sacyr? (Radio)

El Canal frente a un laberinto legal


Por segundo día consecutivo nada se mueve en los trabajos de ampliación del Canal. La paralización de labores del consorcio Grupo Unidos por el Canal no solo mantiene en ascuas a los trabajadores que se preguntan qué sucederá con su salario. GUPC guarda silencio al respecto y también sobre sus próximos movimientos o estrategias legales.

Lo más probable es que se acerque un enredo jurídico de marasmos de aquellos de nunca acabar en el que cada parte alegará interpretaciones de términos como suspensión, paralización o abandono según le acomode. Como probable también es que se desarrollen medidas cautelares, suspensión judicial de obras, alertas de incumplimiento u otras derivaciones de lo que ocurre en el tramo que trata de unir una vez más los dos océanos.

El complejo contrato recoge con claridad las múltiples razones por las que el empleador puede tomar cartas en el asunto y rescindirlo, las siguientes son las que más se asemejarían a la situación actual: si no procede con las obras a tiempo, si surgen retrasos y suspensión, si el contratista abandona todas o una parte sustancial de las obras o si el contratista o cualquier miembro o cualquier garante se va a la bancarrota o se torna insolvente, entra en liquidación, tiene una orden de sindicatura o administración judicial en su contra, tiene ajustes con sus acreedores, los servicios de mantenimiento, o demuestra la intención de no continuar la ejecución de sus obligaciones bajo el contrato.

Aún ante el escenario que pareciera favorecer a la ACP, no se ha animado a enviar la carta de incumplimiento a GUPC que pondría en blanco y negro un tiempo estipulado para tomar una decisión definitiva. Según Jorge Quijano, administrador de la vía, ya mandó una carta de reconsideración para que GUPC reanude los trabajos, y otra en que se le preguntó cuál era la situación que reinaba en la obra ante el desolador panorama.


Marca España augura un deterioro de la imagen del país en Panamá


El alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha considerado hoy que la imagen del país probablemente se deteriorará en Panamá como consecuencia del conflicto abierto entre la Autoridad del Canal y el consorcio liderado por la constructora española Sacyr.

Espinosa de los Monteros ha participado en unas jornadas sobre internacionalización de empresas, donde ha circunscrito a "ese mercado", en referencia a Panamá, las posibles consecuencias para la Marca España de las discrepancias entre las autoridades panameñas y Sacyr por el sobrecoste de las obras de ampliación del Canal de Panamá.


Pastor vuelve a mediar en el Canal. La Matraca panameña de Ana Pastor



Cuentan que hace años, cuando el militar Manuel Antonio Noriega gobernaba Panamá en una dictadura de facto, pidió a Alberto Alemán Zubieta el pago de una coima, un soborno. Lejos de cumplir con la voluntad del dirigente, este ingeniero, que durante dieciséis años fue el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, se negó a arrodillarse ante las pretensiones del presidente del país cuando era un afamado constructor.

Noriega, que después fue encarcelado por su vinculación con el narcotráfico y condenado a 40 años de prisión, se sintió humillado por lo que consideraba un desplante de un funcionario panameño a la autoridad. Ante tal desobediencia, el general le envió a su casa a la policía para que lo detuvieran por un supuesto delito, como forma de castigar la rebeldía de un subordinado. Zubieta, un ingeniero educado en universidades americanas, no se achantó y decidió escaparse por la ventana y huir del país antes de arrodillarse ante las veleidades del dictador.

La escena ejemplifica como son los miembros de La Matraca, un grupo de trabajadores de buena formación, muchos graduados en escuelas americanas, que durante los noventa pelearon para que la Panamá ocupada por los marines estadounidenses recuperase la gestión del Canal. Con ese acto, Zubieta se ganó el reconocimiento de Estados Unidos, que lo nombró administrador de la Comisión del Canal de Panamá, la agencia federal del Gobierno americano, en 1996 hasta que la infraestructura portuaria pasó a manos centroamericanas el 1 de enero de 1999.