LEY DE REFORMA - RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD - DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL


Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Los objetivos de la reforma son clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. El texto pretende asimismo evitar el solapamiento de competencias entre varias Administraciones Públicas y la prestación de servicios por los Ayuntamientos sin título competencial específico que les habilite y sin recursos adecuados.


La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero.

Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y con más de una veintena de modificaciones de su texto original, cabe señalar que ha llegado el momento de someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local.

Con este propósito se plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio «una Administración una competencia», se trata de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes.En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidad …

 
Comentario a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, adapta la normativa básica en materia de Administración y mejora su control económico-financiero, con la finalidad de conseguir una adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales.
 Los objetivos de la presente reforma son clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Se quieren evitar problemas de solapamientos competenciales entre varias Administraciones Públicas o la prestación de servicios por los Ayuntamientos sin título competencial específico que les habilite y sin recursos adecuados.
Con esta reforma de la Administración local se definen las competencias a desarrollar por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas.
Así, se enumera un listado de materias en que los municipios han de ejercer competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, y garantías para su concreción y ejercicio. Las Entidades Locales no deben asumir competencias no atribuidas por la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada y sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
La delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios debe acompañarse de su correspondiente dotación presupuestaria, su duración no será inferior a los 5 años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado.
Se refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones.
Se incluyen medidas para fomentar la fusión voluntaria de municipios con el objeto de racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal.
Se revisa el conjunto de entidades instrumentales que conforman el sector público local
 
Sobre la Reforma de la Administración Local
Mucho se ha dicho sobre la Reforma de la Administración Local que se ha aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. La izquierda, que se ha posicionado en contra de esta ley como todo lo que impulsa el PP, desinforma con los argumentos que utiliza, puesto que con verdades a medias, no demuestra lo que dice.
Que si se van a privatizar servicios públicos, que se van a aumentar el coste de los mismos ó que si se eliminan competencias de ayuntamientos. Son las principales ideas de la izquierda que se desmontan sencillamente a quien lea la ley. Ejemplos de gobiernos de izquierdas que privatizan los tenemos en toda España. Si se privatiza, tiene que ser porque la iniciativa privada cumple con la calidad exigida a ese servicio y lo presta de una forma más barata que el sistema público. El objetivo de este artículo es poder clarificar a quien no se la quiera leer, las principales novedades que establece.
La privatización de un servicio público no tiene por qué ser mala.
Esta ley se enmarca dentro del plan de reformas de las Administraciones Públicas que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de clarificar las competencias municipales, racionalizar la estructura de Ayuntamientos para que no gasten más de lo que ingresen y favorecer unos servicios públicos eficientes.
La reforma establece cuales son los servicios mínimos que un Ayuntamiento debe prestar dependiendo de su número de habitantes, dejando siempre la puerta abierta a ofrecer más servicios públicos, siempre que económicamente se lo pueda permitir. Esto es importante puesto que los proveedores no pueden ser los bancos de las Administraciones Públicas. Éste Gobierno pasará a la historia por haber pagado todas las facturas en los cajones de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Estado.
Para los Ayuntamientos que son ineficientes, se promueve la fusión de municipios con el objetivo de que puedan dar un mejor servicio a los ciudadanos. Esta fusión, que es voluntaria, está premiada con una mayor financiación del Estado y se prioriza en la obtención de subvenciones y acceso a planes de obras durante cinco años.
También, la ley regula a las entidades dependientes de la Administración Local como mancomunidades, asociaciones, empresas públicas o consorcios, donde les obliga a medidas de transparencia y de fiscalización. Se les exige, si están en una situación deficitaria, su saneamiento y si no, su disolución.
Otra medida de transparencia será la de que los Ayuntamientos deberán informar al Ministerio del coste de cada uno de los servicios públicos que ofrece. De esta forma, la opinión pública podrá conocer el coste real de servicios de Ayuntamientos, viendo quién es más y menos eficiente. En el caso de un Ayuntamiento sea ineficiente, está endeudado, y la Diputación es capaz de ofrecer el mismo servicio a un menor coste para el ciudadano, ese servicio se gestionará desde la Diputación. …