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| Anuncio de licitación |
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| Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. |
Contrato público: “Gestión por concesión del servicio público de la
atención sanitaria especializada correspondiente a los Hospitales
Universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares,
Del Sureste y del Tajo”.
El “contrato de gestión de servicios públicos” (Art. 8 TRLCSP), reglado por
el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo en
su artículo 277 las modalidades que el gestor público, Organo de Contratación puede
seguir para su adjudicación. Su legalidad queda fuera de toda duda:
“Modalidades de la contratación.-La contratación
de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades: a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su
propio riesgo y ventura. b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración
y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio
en la proporción que se establezca en el contrato. c) Concierto con persona
natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que
constituyen el servicio público de que se trate. d) Sociedad de economía mixta
en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública,
en concurrencia con personas naturales o jurídicas.” (Art.
277 TRLCSP)
La paralización, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la contratación pública, en régimen concesional, de seis hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid, se debe a la indebida modifcación del pliego de cláusulas (Cláusula 33 PCAP) sin haber vuelto a iniciar la licitación del contrato, no a externalizar la gestión sanitaria de esos seis hospitales públicos, totalmente legal y lícita, cosa que no dicen las noticias de prensa.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, todavía no se ha enterado, o no se lo han hecho saber los funcionarios, que el auto paralizando la ejecución del contrato no va contra los adjudicatarios, sino que va contra la mala gestión y la mala praxis contractual de la Comunidad de Madrid que, en este caso, ha modificado el pliego de claúsuas (PCAP) en plena carrera rompiendo las reglas del juego. Se ha tramitado MAL el expediente de contratación. ¡Vaya servicio Jurídico que tiene la Comunidad de Madrid! y, ¡vaya Interventores!
5º....
alegando
que debía de tenerse en cuenta de forma específica la modificación sustancial de la cláusula
33 PCAP mediante una pretendida “corrección de errores que en realidad esconde
y trata de disimular una manifiesta rebaja ilegal y fraudulenta en beneficio de
las empresas adjudicatarias y desprotegiendo absolutamente intereses generales a
los que debe salvaguardar ,alega que la modificación se adoptó cuatro días
antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas por los
licitadores al marrgen de cualquier previsión procedimental y en perjuicio de
los intereses generales introduciendo una ventaja anticompetitiva en perjuicio
de aquellos licitadores que no acudieron a la convocatoria de contratación en
la creencia de buena fe de que no estaban en condiciones de constituir la
garantía sobre el 5% del precio del contrato, lo que supone el levantamiento
sorpresivo injustificado y extemporáneo –por ello ilegal y nulo- de un
requisito imperativo impuesto por el art 95 TRLCSP, debiendo desde la perspectiva
del fumus bonis iuris , a efectos de la medida cautelar apreciarse que la rebaja
del 90% de la garantía definitiva resulta contraria a derecho, adultera las condiciones
de transparencia , publicidad y concurrencia ,e incluso, podría ser constitutiva
de conductas punibles , sin tener encaje tal modificación en el ámbito definido
por el art 105.2 LRJAPPAC citada como norma habilitante, por lo que la no suspensión
supondría la formalización inmediata de unos contratos con garantías irrisorias
e insuficientes que vacía de contenido su objeto específico que no es otro que
asegurar que puede afrontarse cualquier tipo de responsabilidad derivada de una
mala ó incorrecta ejecución del contrato, dar eficacia a una previsión que
adultera el régimen jurídico del contrato rebajando la garantía a una suma
insuficiente para cubrir cualquier penalidad que la Administración impusiera a
la concesionaria , no sirviendo siquiera para garantizar los pagos anuales
adelantados que la Administración va a realizar a cada concesionario, así como
la formalización de los contratos en condiciones radicalmente diferentes a las
que hubiera procedido y exige el TRLCSP.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado en un auto la paralización cautelar del proceso de privatización de seis hospitales contruidos con fondos públicos en Madrid. Este tribunal, que desestimó un recurso del PSM al considerar que los seis diputados socialistas que pidieron la detención del proceso no representaban un “interés legítimo”, sí determina que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) está legitimada para recurrir.
El TSJM
acuerda por tanto la paralización del mayor proceso de privatización de la
sanidad española –ya suspendido de forma cautelar por el juzgado número cuatro
de lo contencioso administrativo de Madrid– y solicitada por la
asociación de facultativos, impulsora de la marea blanca y de las
movilizaciones a favor de la sanidad pública. Estima que si la privatización
siguiera hacia adelante podrían darse situaciones "irreversibles"
o "de difícil o costosa reversibilidad" si una futura
sentencia la suspendiera definitivamente. De hecho, este es el mismo argumento
que esgrimió hace una semana el tribunal de rango inferior.
En su recurso contra la "publicación" de los
pliegos, entre otros motivos, los médicos argumentaron que la Consejería de
Sanidad cambió las condiciones de la licitación a
cuatro días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para
las empresas que querían acceder a la gestión de los seis hospitales.
Señalaron que había flexibilizado las condiciones al cambiar la cantidad
económica que las empresas tenía que presentar a modo de aval de un 5% del
total de la adjudicación del contrato al mismo porcentaje pero sólo sobre la
cantidad correspondiente al primer año.
El tribunal, que no entra en consideraciones de fondo,
sí dice que esta es una "modificación sustancial de las
condiciones" que "podría haber
limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido
impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía
definitiva".
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| Hospital Ramón y Cajal |
La renuncia a la privatización sanitaria en Madrid obligará a recortar gastos
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió ayer dejar sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región ante la decisión del TSJM de mantener la suspensión cautelar de la medida. Así lo ha anunciado González en una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha
dicho que su equipo sigue pensando que "es un modelo de gestión legal y
posible, que están aplicando muchas administraciones públicas, incluidos cuatro
hospitales madrileños".
Se trata de "un modelo que permite hacer sostenible el sistema de salud y ese siempre ha sido nuestro objetivo", ha insistido.
Se trata de "un modelo que permite hacer sostenible el sistema de salud y ese siempre ha sido nuestro objetivo", ha insistido.
Sin embargo, "ante esta situación de
incertidumbre y de falta de seguridad jurídica, hemos decidido dejar sin efecto
el proceso", ha declarado el presidente madrileño. En este contexto,
"el consejero de Sanidad Javier Fernández- Lasquetty ha presentado su
dimisión y yo la he aceptado", ha anunciado González. No habrá recortes en
los servicios pero sí ajustes en el gasto
El presidente madrileño preguntado sobre cómo
afectará esta decisión al Presupuesto de la comunidad para 2014 ha asegurado
que se van a "a tener que seguir introduciendo medidas de eficacia y de
eficiencia en el gasto, medidas que en 2013 nos permitieron conseguir ahorros
sustanciales". Pero, al mismo tiempo, González ha aclarado no se va a
introducir "ningún recorte desde el punto de vista de los servicios que
reciben los madrileños".
En relación con los adjudicatarios de la
gestión de los hospitales, González ha insistido en que "todas las partes
tendrán que acatar y cumplir esa sentencia”, que deja todo el proceso sin
efecto. "La sentencia del Tribunal paraliza el procedimiento y nosotros
hemos optado por dejarlo sin efecto. Los terceros afectados, en este caso las
empresas, tendrán que acatar lógicamente también la sentencia como nosotros lo
hacemos", ha dicho.
Las empresas estudian medidas contra la marcha atrás de la privatización hospitalaria
Sanitas, Ribera Salud y Grupo Hima, de Puerto Rico, estudiarán si inician medidas legales contra la decisión de la Comunidad de Madrid de abandonar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos, de acuerdo a fuentes cercanas a las empresas. Los tres grupos hospitalarios resultaron adjudicatarios de los centros en el proceso de privatización emprendido por la Comunidad de Madrid el pasado mes de agosto.
La medida anunciada ayer por Ignacio
González, presidente de la Comunidad de Madrid, acompañada de la dimisión
del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, pilló por sorpresa
a las empresas. La Comunidad no tuvo la deferencia de adelantar a las compañías
adjudicadas su decisión de abandonar el proceso. “Vimos un tuit que anunciaba
la rueda de prensa de González, y escuchamos la medida por televisión”,
señalaron en las compañías afectadas. “Hemos visto la rueda de prensa por
televisión... todavía no hemos podido valorarlo”, dijeron.
González dijo en rueda de prensa que su
Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión de los hospitales ante la
“incertidumbre” generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el
proceso, cuya legalidad defendió. El último de esos fallos judiciales se
conoció ayer, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
anunciaba su decisión de mantener la suspensión cautelar del concurso.
El presidente de la Comunidad de Madrid
señaló que las empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales deberán
acatar el fallo del TSJM y no aclaró si se les indemnizará. González insistió
en que el proceso es “legal” y “posible”y rechazó decir que el abandono del
mismo suponga un fracaso. El dirigente popular llegó a afirmar que el mismo ha
servido para concienciar a la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una
gestión más eficiente de los recursos públicos