LA NO TRASPOSICIÓN DE UNA DIRECTIVA COMUNITARIA AL ORDENAMIENTO INTERNO DE UN ESTADO MIEMBRO VETA SU INVOCACIÓN EN UN LITIGIO


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2013 (*) «Procedimientos de adjudicación de contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones – Directiva 93/38/CEE – No adaptación del Derecho interno – Posibilidad de que el Estado invoque esta Directiva contra un organismo concesionario de un servicio público sin que el Derecho interno haya sido adaptado a esa norma» En el asunto C‑425/12



Tribunal de Justicia U.E.
 
Los artículos 4, apartado 1, 14, apartado 1, letra c), inciso i), y 15 de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, deben interpretarse en el sentido de que no pueden invocarse contra una empresa privada, por el mero hecho de que ésta tenga la condición de concesionario exclusivo de un servicio de interés público comprendido en el ámbito de aplicación subjetivo de dicha Directiva, mientras la citada Directiva no haya sido traspuesta aún al ordenamiento interno del Estado miembro de que se trate.
Una empresa de este tipo, a la que un acto de la autoridad pública ha encomendado la prestación de un servicio de interés público bajo el control de esta última y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares, está obligada a respetar las disposiciones de la Directiva 93/38, en su versión modificada por la Directiva 98/4, y, por tanto, las autoridades de un Estado miembro pueden invocar en su contra esas disposiciones.
……………

17 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 4, apartado 1, 14, apartado 1, letra c), inciso i), y 15 de la Directiva 93/38 pueden invocarse contra una empresa privada, por el mero hecho de que ésta tenga la condición de concesionario exclusivo de un servicio de interés público comprendido en el ámbito de aplicación subjetivo de dicha Directiva y si, en caso de respuesta afirmativa, las autoridades del Estado miembro de que se trate pueden invocar esas disposiciones mientras la citada Directiva no haya sido traspuesta aún al ordenamiento interno de dicho Estado miembro.
18 Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en todos aquellos casos en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, sean incondicionales y suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no haya adaptado dentro de plazo el Derecho nacional a la directiva, bien cuando lo haya adaptado incorrectamente (véanse, en particular, las sentencias de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, apartado 25, y de 24 de enero de 2012, Dominguez, C‑282/10, apartado 33 y jurisprudencia citada).
19 En lo que respecta a los artículos 4, apartado 1, 14, apartado 1, letra c), inciso i), y 15 de la Directiva 93/38, procede señalar que estas disposiciones obligan, de manera incondicional y precisa, a las entidades contratantes que desarrollan su actividad en los sectores del transporte o la distribución de gas, entre otros, a adjudicar los contratos de suministros cuyo importe estimado, excluido el impuesto sobre el valor añadido, sea igual o superior a 400.000 euros con arreglo a lo dispuesto en los títulos III, IV y V de dicha Directiva, y a velar por que los suministradores, empresarios o proveedores de servicios no sean objeto de discriminación
20 De ello se deduce que estas disposiciones de la Directiva 93/38 son incondicionales y suficientemente precisas para ser invocadas ante los tribunales nacionales.
21 Dadas estas circunstancias, procede determinar si las citadas disposiciones pueden invocarse ante los tribunales nacionales contra una empresa privada, como Portgás, en su condición de concesionario exclusivo de un servicio público.
22 A este respecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, el carácter obligatorio de una directiva, fundamento de la posibilidad de invocarla, sólo existe respecto «al Estado miembro destinatario». De ello resulta que, según reiterada jurisprudencia, una directiva no puede crear, por sí sola, obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada como tal contra dicha persona ante un tribunal nacional (sentencias de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, apartado 9; de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Rec. p. I‑3325, apartado 20, y Dominguez, antes citada, apartado 37 y jurisprudencia citada). …