TRIBUNAL DE CUENTAS: RENDICIÓN DE CUENTAS: SOCIEDADES MERCANTILES Y CONSORCIOS CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL


“Sociedades mercantiles y otros entes controlados por el sector público.-El Estado promoverá la celebración de convenios con las comunidades autónomas o las entidades locales, con el objeto de coordinar el régimen presupuestario, financiero, contable y de control de las sociedades mercantiles en las que participen, de forma minoritaria, las entidades que integran el sector público estatal, la Administración de las comunidades autónomas o las entidades locales, o los entes a ellas vinculados o dependientes, cuando la participación en los mismos considerada conjuntamente fuera mayoritaria o conllevara su control político.
Lo anterior será de aplicación a los consorcios, que no cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo h) del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley respecto de ninguna de las Administraciones que en dichos entes participen, sean financiados mayoritariamente con recursos procedentes del Estado, las comunidades autónomas o corporaciones locales, las Administraciones anteriores hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria o se hayan comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión conjunto de dichas Administraciones. Los Presupuestos de esos consorcios, en los términos que se determine por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acompañarán, a efectos informativos, a los Presupuestos Generales del Estado cuando el porcentaje de participación del Sector Público Estatal sea igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas consorciadas.
Estas sociedades mercantiles y consorcios quedarán obligados a rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, cuando la participación del sector público estatal sea igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma. Será de aplicación el procedimiento de rendición previsto en esta Ley.”(DA 9ª Ley General Presupuestaria)


Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por dichas entidades.
La disposición final quinta. 20 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, introduce un tercer párrafo a la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el cual se impone a las sociedades mercantiles y a los consorcios referidos en los dos párrafos anteriores de la citada disposición adicional tienen la obligación de rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, por conducto de la IGAE, cuando la participación del sector público estatal sea igual o superior al de cada una de las restantes Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma.
El procedimiento de rendición de cuentas será el previsto en la Ley General Presupuestaria, regulado en el título V, capítulos III y IV.
En dicho texto se pueden distinguir cuatro actuaciones claramente diferenciadas, siendo éstas, la formulación de las cuentas anuales, la emisión, en su caso, del informe de auditoría, la aprobación de las cuentas anuales y su remisión a la IGAE, por parte de los cuentadantes, de la información a rendir al Tribunal de Cuentas y finalmente su envío desde la IGAE al Tribunal de Cuentas.
En relación con la forma en que se ha de realizar ese envío, la Ley General Presupuestaria no preceptúa ni el soporte a utilizar ni el procedimiento a seguir, incluyendo solamente en su artículo 124.b) una habilitación a favor del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la IGAE, en orden a establecer los procedimientos de remisión por medios electrónicos, informáticos o telemáticos de las cuentas anuales que deban rendirse al Tribunal de Cuentas
En este sentido se elaboró la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula un nuevo procedimiento en el cual la remisión de esta información se realiza a través de los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto por la IGAE, siendo el ámbito de aplicación de la citada Orden las entidades comprendidas en los artículos 3.2 y 3.3 de la Ley General Presupuestaria. Los ficheros informáticos que contienen las cuentas anuales de cada entidad se refieren a los modelos incluidos en la normativa contable vigente en la actualidad.
Debido a la modificación normativa experimentada recientemente, tal y como se ha indicado con anterioridad, se hace necesario regular el procedimiento de remisión de la información por medios …

EL PP RECHAZA ACOMETER YA LA REFORMA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS QUE PROMETIÓ


El PP ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso tomar en consideración una propuesta del PSOE para abrir ya la reforma del Tribunal de Cuentas, un cambio legal que está prometido dentro del paquete anunciado en verano por el Gobierno para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.


La ley del tribunal de Cuentas ha cumplido ya 31 años.
Esta ley debe ser actualizada, pues todo ha cambiado en estos años habiendo florecido la corrupción como nunca con todo su esplendor
Hay que dotar de podersancionador al Tribunal de Cuentas
En su proposición de ley, defendida por el valenciano Ciprià Ciscar, los socialistas abogan por reducir a la mitad el plazo en que el Tribunal de Cuentas debe remitir su informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos a las Cortes Generales, limitando así el periodo a tres meses desde la recepción de los planes de contabilidad de las formaciones. Precisamente a finales de octubre el Tribunal de Cuentas ha logrado ponerse al día en sus informes sobre partidos políticos tras aprobar tres ejercicios de golpe (2009, 2010 y 2011). Sólo tiene pendiente el examen de 2012, cuyo plazo de rendición de cuentas acabó el pasado mes de junio.

Además, el PSOE también quiere obligar a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), así como las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, colaboren con el Tribunal de Cuentas para dilucidar si es o no correcta y completa la información que le facilitan las entidades sujetas a control.

En este sentido, sugiere una modificación de la Ley General Tributaria y de la Ley General de la Seguridad Social con el fin de abrir vías para que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social puedan ser cedidos al Tribunal de Cuentas cuando sean requeridos, y que la transferencia de información no se limite únicamente a la propia fiscalización de ambos organismos públicos. La reforma fue apoyada por otros grupos de la oposición al entender que, aunque su objetivo es limitado, permite abrir el debate sobre la necesaria reforma de la Ley del Tribunal de Cuentas, que acaba de cumplir 25 años.