PLAN DE PAGO A PROVEEDORES: EL ÚLTIMO NEGOCIO FISCAL : COBRAR LA 'QUITA' DE LAS FACTURAS




Los intereses de demora también forman parte, por imperativo legal, de la deuda de las Administraciones Públicas con sus Contratistas. ¿Es posible, es legal, por tanto, la quita?
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.” (Art.216.4 TRLCSP)

Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas

La próxima semana, entre el 14 y el 15 de noviembre, acabará el plazo para que las empresas a las que las comunidades autónomas adeudan trabajos o servicios "se apunten" para poder cobrar las facturas pendientes. Una nueva bocanada de dinero público para las cajas registradoras del sector privado procedente del Plan de Pago a Proveedores que aflojará la soga del cuello de muchas compañías, habituales suministradoras de las administraciones públicas.

La de ahora es, en comparación con la primera fase, una partida despreciable cuantitativamente, pero fundamental para los balances empresariales, ya bastante maltrechos por la situación económica española.
Pago a Proveedores EE.LL. y CC.AA

Y es justo en estos momentos de crisis cuando para algunos surgen las oportunidades. Con la puesta en marcha de los Planes de Pago a Proveedores, las empresas han cobrado sus facturas pero no sin antes tener que renunciar a una forma de "quita". Concretamente a dejar de percibir los intereses de demora acumulados en las facturas, fundamentalmente las correspondientes al primer periodo, en el que había "papeles en los cajones" de algunas administraciones locales desde tiempos casi inmemoriales.

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Los proveedores que quieran cobrar este año tendrán que aceptar una quita


La Comisión Delegada para Asuntos Económicos dio luz verde el jueves a la última fase del plan para liquidar la deuda comercial. Este año ya ha destinado 6.500 millones para saldar las deudas impagadas de los proveedores que no entraron en el primer plan de pago, con facturas pendientes de pago anteriores al 31 de diciembre de 2011, y las de aquellos que acumulaban impagos de conciertos en materia de educación y sanidad, considerados como sectores prioritarios, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013.

Modelo solicitud cobro, con insinuación de quita.

La última fase corresponde a los impagos acumulados por las autonomías entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013 y es la parte más importante de toda la deuda comercial acumulada por las administraciones públicas. Las autonomías pueden presentar hasta el 23 de octubre las facturas impagadas y los proveedores disponen de otros quince días para comprobar si todas han sido incluidas. A lo largo de noviembre, Hacienda valorará el plan de ajuste que deberán presentar las autonomías y a partir del 1 de diciembre está previsto que se active el mecanismo de pago. Las primeras estimaciones apuntan a que el importe de la operación podría superar los 14.000 millones de euros

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