ASTURIAS, POR FIN, YA TIENE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES


EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES YA ES EL TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que, en su ámbito territorial, sea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el que solvente los litigios en materia contractual de los empresarios, licitadores y contratistas con los respectivos Órganos de Contratación del sector público del Principado de Asturias y de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, quedando excluida, por tanto, la Junta General del Principado de Asturias, poniéndose fin al régimen supletorio, que en materia de recursos, había establecido el legislador en la Disposición Transitoria octava del TRLCSP:


El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Art. 41 TRLCSP) está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 41 del texto refundido y en el apartado 10 del artículo 18 del Real Decreto 265/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Tribunal actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, correspondiéndole el conocimiento de los recursos que se interpongan contra los actos y contratos que se especifican en el artículo 40 del citado texto refundido y 101.1 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como de las medidas provisionales que se soliciten conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 103 respectivamente de la citada normativa y, finalmente, de las cuestiones de nulidad a que hacen referencia los artículo 37 y 109 de las mismas. 


Ambito competencial del Tribunal.-“El Tribunal será competente para resolver únicamente los recursos especiales en materia de contratación, las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos, las solicitudes de adopción de medidas provisionales y las cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con posterioridad a la entrada en vigor del presente convenio. La competencia para resolver los recursos, reclamaciones, medidas provisionales o cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con anterioridad a la entrada en vigor del presente convenio, será del órgano que la tuviera atribuida hasta la fecha en virtud de la Disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010, de 5 de agosto” (Cláusula 8ª,1 Convenio)
 Ambito objetivo del convenio.-“El objeto del presente Convenio es la atribución por parte del Principado de Asturias al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en adelante el Tribunal, de la competencia para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación y contratos a que se refieren los artículos 40.1, 43 y 37, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 101, 103 y 109 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales”(Cláusula 2ª Convenio)
 Ambito subjetivo del convenio.-La atribución de competencia comprenderá tanto los actos adoptados por los órganos del Principado de Asturias, como los que adopten las Corporaciones Locales de su ámbito territorial. 2. Se someten igualmente al conocimiento y resolución del Tribunal, en todo caso, los actos de aquellos entes, organismos y entidades que tengan la consideración de poder adjudicador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tanto si se integran en la Comunidad Autónoma como en las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, incluso aunque no tengan la condición de Administración Pública. 3. Igualmente estarán atribuidos a la competencia del Tribunal las reclamaciones, solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a actos adoptados por las entidades contratantes sometidas a la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales” (Cláusula 3ª Convenio)

Con este convenio se pone fin a la injustificada prolongación de los litigios contractuales en que la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias mantenía a los poderes adjudicadores, licitadores y contratistas, con el grave perjuicio que tal situación provocaba y ha provocado en las finanzas públicas, ya que siempre estaba condicionada la resolución de los recursos, en su caso, y por tanto su firmeza a la resolución de dichos litigios en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Mejoras y Pliegos de cláusulas administrativas particulares
 Todo ello pone de manifiesto que en la valoración de las mejoras se ha incurrido en arbitrariedad que tiene su origen en una insuficiente concreción en los pliegos de los criterios a aplicar y en la no fijación de reglas de ponderación. …
Por tanto, la conclusión es que, al no haberse establecido previamente las mejoras a considerar y las pautas para su valoración, las cláusulas del PCAP relativas a esas mejoras incurren en un vicio de nulidad de pleno derecho por colisionar con los principios rectores de la contratación pública exigidos por la normativa comunitaria y contemplados en el vigente TRLCSP, en su artículo 1. …
Como también señalábamos en nuestra resolución 65/2013, de 6 de febrero, al anular el criterio de adjudicación relativo a las mejoras, hay que declarar también la nulidad del proceso de licitación. …”

Ahora, la independencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales respecto de los poderes adjudicadores y sus correspondientes Órganos de Contratación redundará, eso al menos tendría que suceder, en una mayor rigurosidad en la gestión contractual de las Administraciones Públicas y de todo el sector público autonómico.
 
Memoria TARC año 2012

La Junta General del Principado de Asturias debería estar integrada en y formar parte de este convenio de recursos contractuales. No tiene sentido que para cuatro contratos que suscriben constituya su propio tribunal, emulando el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales. Además de antieconómico, sería irracional, como también lo es en el caso de las Cortes Generales, que debían haberse adherido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. y no crear  su propio tribunal.

“Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.-Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas. Así mismo, los órganos competentes de las Cortes Generales establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación, del recurso especial regulado en el Libro VI de esta Ley, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Título.” (Art. 1.35 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto) (DA 3ª LCSP)

“Órgano competente para la resolución del recurso.- En el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los órganos competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer. El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad a condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad. Las Comunidades Autónomas podrán prever la interposición de recurso administrativo previo al contemplado en el artículo 40. En este último caso, la ejecución de los actos de adjudicación impugnados quedará suspendida hasta que el órgano competente para resolverlo decida sobre el fondo de la cuestión planteada. En todo caso, si la resolución no fuese totalmente estimatoria, la suspensión persistirá en los términos previstos en el artículo 45. Podrán las Comunidades Autónomas, asimismo, atribuir la competencia para la resolución de los recursos al Tribunal especial creado en el apartado 1 de este artículo. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán designar sus propios órganos independientes ajustándose a los requisitos establecidos en este apartado para los órganos de las Comunidades Autónomas, o bien atribuir la competencia al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales celebrando al efecto un convenio en los términos previstos en el párrafo anterior.”(Art. 41.3 TRLCSP)