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Factura electrónica |
Con este
objetivo el informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones
Públicas contiene varias propuestas de reformas estructurales para erradicar la
morosidad de las Administraciones Públicas. Esta ley es una de estas reformas
estructurales que impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro
contable, lo que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y
dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes.
Este control
informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento
riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos,
que visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones y
permitirá, llegado el caso, aplicar los nuevos mecanismos previstos la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en la que el control de la deuda comercial forma parte del
principio de sostenibilidad financiera.
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Registro contable de facturas |
Para fortalecer esta necesaria protección del
proveedor se facilita su relación con las Administraciones Públicas
favoreciendo el uso de la factura electrónica y su gestión y tramitación
telemática, en línea con la «Agenda Digital para Europa», una de las
iniciativas que la Comisión Europea está impulsando en el marco de la
estrategia «Europa 2020». Asimismo, esta protección se verá reforzada con un
mejor control contable de las facturas recibidas por las Administraciones, lo
cual permitirá no sólo hacer un mejor seguimiento del cumplimiento de los
compromisos de pago de las Administraciones Públicas, sino también, un mejor
control del gasto público y del déficit, lo que generará una mayor confianza en
las cuentas públicas.
Consejo de Ministros/Hacienda y
Administraciones Públicas
Aprobado
el Proyecto de Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro
Contable Viernes, 28 de junio de 2013
·
Con él se impulsa el uso de la factura electrónica en el sector público y
privado, lo que reducirá cargas administrativas y generará ganancias de
eficiencia a las empresas.
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Los proveedores estarán más protegidos en sus relaciones comerciales con
las Administraciones Públicas, pues a partir de ahora sus facturas estarán
presentadas en un registro administrativo, lo que dejará dejando constancia de
fecha a efectos del devengo de intereses en caso de retrasos en el pago.
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Las Administraciones tendrán un mayor control contable de las facturas, lo
que permitirá: un mejor cumplimiento de los plazos de pago de facturas, un
mejor control del gasto público y del déficit, así como profundizar en la lucha
contra el fraude.
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La implantación en la Administración General del Estado tendrá un beneficio
neto anual de 51 millones y de 2,3 millones en ahorro de papel.