EL ESTADO PODRÁ INTERVENIR A LAS CCAA QUE PAGUEN A MÁS DE 60 DÍAS

El Gobierno quiere que la nueva Ley de Control de la Deuda Comercial acabe con las facturas en el cajón y los impagos a proveedores.

Siete meses de plazo. Ése será el margen que tendrán las comunidades autónomas, a partir del 1 de enero, para cambiar la relación con sus proveedores. Si no lo hacen, podrían ser intervenidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Minhap). Así figura en el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público que el viernes aprobó el Consejo de Ministros. 



El período medio de pago tendrá que ser de menos de 30 días. Y el que no cumpla, podrá recibir la visita de los hombres de negro de Antonio Beteta. Al final, el Estado se reserva la aplicación de "medidas coercitivas", entre ellas la intervención de la autonomía en lo que hace referencia al gasto y a la gestión de los impuestos.